El superávit de Caputo: con la de los Bomberos

La construcción del superávit fiscal del gobierno de Javier Milei y Luis Caputo tiene cada vez más damnificados. Desde hace meses, quienes están sufriendo la deuda que el Gobierno mantiene con ellos son los bomberos voluntarios en todo el país. El Poder Ejecutivo les debe fondos que debió haberles girado en 2025 y en lo que va de 2026 por casi 60 mil millones de pesos. En el Congreso Nacional y en las Legislaturas provinciales se acumulan reclamos para que la Casa Rosada gire las partidas correspondientes.

En las últimas horas, fue el diputado nacional del peronismo Marcelo Mango el que presentó un proyecto de resolución para reclamarle a Milei la inmediata distribución de los fondos remanentes de 2025. Acompañaron el texto los legisladores Adriana Serquis, Hugo Yasky, Jorge Araujo Hernández, Carlos Castagneto, Raúl Hadad, Claudia Palladino y Cristian Andino, todos de Unión por la Patria. Mango, rionegrino, hizo foco en su provincia al hacer declaraciones sobre el tema. “En Río Negro y en toda la Patagonia, las grandes distancias, los incendios forestales, las emergencias climáticas y la dispersión territorial hacen que, en muchos casos, los bomberos sean la primera y única respuesta ante una emergencia”, sostuvo.

Según información oficial que obtuvieron los diputados peronistas de la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, los fondos remanentes del ejercicio 2025 son casi 60 mil millones de pesos aún no girados al Sistema Nacional de Bomberos. De ese total, más de 40 mil millones fueron incorporados por el Gobierno a una partida presupuestaria calificada como "no ejecutable", lo que impidió su distribución, detallaron los legisladores. Mientras que el saldo restante permanece en un limbo administrativo y presupuestario.

“No estamos frente a recursos discrecionales del Poder Ejecutivo ni ante una caja disponible para mejorar artificialmente el equilibrio fiscal. Se trata de fondos previstos por la Ley 25.054 que son recaudados para sostener el funcionamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Mientras los cuarteles necesitan equipamiento, combustible, unidades, indumentaria, capacitación, elementos de protección personal, sistemas de comunicación y recursos para funcionar todos los días, el Estado Nacional mantiene sin distribuir fondos que ya fueron recaudados”, reclamó Mango.

En la Legislatura bonaerense, en tanto, la radical Priscila Minnaard le reclamó al gobierno de Axel Kicillof que medie ante la administración de Javier Milei para regularizar de forma inmediata los pagos pendientes. Mientras los reclamos de los bomberos voluntarios se acumulan en todo el país.

Algunas de las protestas en toda la Argentina en las últimas semanas fueron:

• Los cuarteles de Bomberos Voluntarios de la provincia de Tucumán se declararon este lunes en estado de alerta. Dentro de una semana aplicarán una reducción de servicios extraordinarios. Y el lunes 27 programaron un sirenazo en toda la provincia con movilización a la Casa de Gobierno. “La Nación no está girando los fondos. Es mucha plata y no es que pedimos plata aparte, es plata nuestra, que pertenece a bomberos voluntarios, con caja única”, manifestó el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Tucumán, José Rinaldi, a la prensa local.

• En San Juan, hace una semana, una movilización pacífica de los bomberos en el Centro Cívico terminó reprimida por la Policía de San Juan, que intentó llevarse detenido a Sergio Cuello, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios. El reclamo es por tener obra social, un reconocimiento económico vitalicio para quienes cumplan 25 años de servicio y fondos para equipamiento, mantenimiento de vehículos e infraestructura de los cuarteles.

• En El Calafate, hace tres semanas, una multitudinaria caravana de vehículos recorrió distintos puntos de la ciudad, encabezada por una autobomba de los Bomberos Voluntarios. "Nosotros estamos peleando por una recomposición salarial. Es un reclamo justo y genuino", afirmó en declaraciones periodísticas el suboficial escribiente de Bomberos Jorge Alarcón.

• En el sur de la provincia de Buenos Aires, el cuartel de Bomberos Voluntarios del balneario Marisol atraviesa una compleja realidad económica. Elsa Gobea, presidenta de la institución desde hace cinco años, advirtió que la operatividad del cuartel se encuentra al límite y que actualmente subsisten “en la línea de lo justo” gracias al auxilio del municipio de Coronel Dorrego y la solidaridad de una comunidad que cuenta con apenas 200 residentes estables, lo que dificulta enormemente la recaudación de fondos propios mediante eventos o rifas fuera de la temporada de verano.

Son escenas similares que también tienen lugar en otros puntos del país y que exhiben, en realidad, la misma escena: cuarteles que se vacían mientras el Estado acumula recursos que deberían sostenerlos. Una política de equilibrio fiscal construida sobre el desfinanciamiento de quienes son la primera respuesta ante el fuego y la emergencia (o de quienes educan, o de quienes asisten en el sistema de salud, o de quienes tienen una discapacidad y necesitan ayuda del Estado) parece lejos de ser una política fiscal sostenible o robusta.