Tras la imputación de diez efectivos de la Comisaría N° 7 de Campo Quijano, la investigación del crimen de Natalia Cruz en la provincia de Salta tuvo un inesperado giro. La Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM) consideró que los policías incumplieron una orden judicial que disponía una custodia permanente en la vivienda de la víctima.
Además, la Fiscalía aseguró que algunos de los policías habrían intentado encubrir su negligencia a través de un informe trucho, que desestimaba esa información. Los efectivos fueron citados a una audiencia de imputación este lunes, en el marco de una causa que también investiga fallas sistemáticas en la atención de casos de violencia de género en la comisaría.
Natalia tenía 37 años. Fue asesinada el 17 de febrero en su casa del barrio Luz y Fuerza por su expareja, Daniel Orlando Serapio. Después de matarla, el hombre confesó el crimen a la madre de la víctima y se escapó. Permaneció prófugo durante dos semanas hasta que fue encontrado oculto en una cueva de la precordillera salteña.
La custodia que nunca se cumplió
Según la investigación, la víctima contaba con una medida judicial de protección que le atribuía una consigna policial permanente a raíz de las reiteradas denuncias por violencia de género que había radicado. La Fiscalía sostiene que esa custodia jamás fue implementada, pese a que la Comisaría N° 7 había sido notificada formalmente.
Tras el femicidio, la madre de Natalia reveló que horas antes del crimen, su hija había viajado a la ciudad de Salta para presentar una nueva denuncia y solicitar otra restricción de acercamiento contra su expareja. Según su relato, en esa oportunidad le informaron que no había personal disponible para atenderla.
Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que existieron graves incumplimientos en la aplicación de las medidas de asistencia y protección a las víctimas de violencia por razones de género.
MÁS INFO
Encubrimiento e irregularidades en los protocolos
La investigación es encabezada por la fiscal de la UFEM María Luján Sodero Calvet y por la fiscal Claudia Geria. Según el Ministerio Público Fiscal, algunos de los efectivos habrían presentado un informe en el que asentaron un supuesto intento de cumplir con la custodia ordenada por la Justicia, lo que de acuerdo con las pruebas reunidas, nunca pasó.
Por ello, el jefe de la comisaría y el entonces jefe de guardia fueron imputados por los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, un suboficial y un oficial enfrentan cargos por la presunta elaboración y transmisión del informe trucho, y otros seis integrantes de la fuerza fueron acusados de incumplir sus deberes por no garantizar la protección ni informar a la Justicia sobre la imposibilidad de cumplirla.
Los fiscales señalaron que en la investigación también se detectaron irregularidades sistemáticas en el tratamiento de denuncias por violencia de género durante enero y febrero del 2026, como incumplimientos de protocolos, deficiencias en los controles internos y fallas en la ejecución de medidas judiciales.
Cerrar sesión