La Justicia estadounidense estableció el 1 de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, secuestrados en enero por un comando especial de Estados Unidos en Caracas. Ambos se declararon inocentes ante el tribunal, que los investiga por narcotráfico. Su defensa considera que, por tratarse de un jefe de Estado soberano, el exmandatario es inmune a estas acusaciones.
Maduro y su esposa comparecieron con uniformes color beige durante una audiencia de unos 20 minutos ante el juez federal estadounidense Alvin Hellerstein, en el tribunal federal de Manhattan. Durante la audiencia, ambos se declararon inocentes, según informó la agencia Reuters.
El expresidente venezolano está acusado de cuatro delitos graves, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. En caso de ser hallado culpable, podría recibir una condena a cadena perpetua.
Además de fijar el inicio del juicio, el juez estableció el 2 de septiembre como fecha límite para la presentación de la primera ronda de planteos de la defensa para solicitar el cierre del caso y convocó a una audiencia para el 17 de noviembre, en la que se discutirán esos pedidos.
Su abogado defensor, Barry Pollack, adelantó que buscará desestimar la causa al argumentar que su cliente goza de inmunidad.
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Durante su primera comparecencia ante el tribunal el 5 de enero pasado, apenas dos días después que sea secuestrado en su casa de Caracas tras ordenes del presidente Donald Trump, Maduro se autodenominó como un "prisionero de guerra".
En aquella audiencia, Pollack sugirió que la defensa también podría impugnar la acusación de narcotráfico basándose en que la captura de Maduro no fue legal.
Trump blinda a Delcy Rodríguez en la Justicia
La Justicia de Estados Unidos había fallado en contra del Estado venezolano por la detención y presuntas torturas contra tres empresarios estadounidenses en Caracas en 2022. En la acusación inicial aparecía la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió tras el secuestro de Maduro. Sin embargo, la Fiscalía General, dependiente de Trump, pidió ahora remover su nombre por considerar que posee "inmunidad diplomática".
En un giro que vuelve a demostrar la cercanía política actual entre la Casa Blanca y el gobierno chavista, el Departamento de Justicia -del que dependen los fiscales- pidió eliminar a la mandataria de la denuncia y condena. El argumento es que "goza de inmunidad ante acciones civiles en Estados Unidos".
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