Límites a las redes sociales: qué están haciendo Australia y España para moderar su uso en las infancias

En los últimos meses el avance en materia de políticas y regulación sobre el uso de plataformas y redes sociales se convirtió en uno de los debates públicos más intensos a nivel mundial. Luego de la multiplicación de advertencias de especialistas, médicos, profesionales, psicólogos y organismos internacionales como la OMS sobre el impacto de las plataformas digitales en la salud física, mental y emocional de las infancias y adolescencias a causa de la exposición a contenidos violentos y no aptos, la hiperestimulación, la captación temprana de atención, y la tendencia a padecer ansiedad o depresión, varios países avanzaron en la toma de decisiones para prohibir el acceso de los menores a las redes sociales. A fines de 2025, por ejemplo, el Parlamento Europeo aprobó una norma de protección digital de los jóvenes que establece en 16 años la edad mínima de acceso a plataformas digitales en toda la Unión Europea; y en estas últimas semanas se sumaron proyectos de legislaciones similares en Australia y España.

El ingreso del debate y el tema a las agendas gubernamentales, con medidas y propuestas legislativas concretas, marca un punto de inflexión: por primera vez el problema deja de formularse únicamente en términos de “uso responsable”, de decisión del ámbito de lo privado o exclusiva responsabilidad de las familias, y pasa a instalarse como una cuestión de interés colectivo, política pública y sanitaria, regulación estatal y límites al poder de las grandes corporaciones tecnológicas que, hasta ahora, han podido manejarse con libertad y tienen la capacidad de sortear o ningunear las “recomendaciones” no vinculantes.

Australia: el primer laboratorio de la prohibición

En diciembre de 2025 Australia llevó la discusión al terreno de la ley, ya que desde entonces implementó una prohibición que impide a menores de 16 años tener cuentas en redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, X, Snapchat o YouTube. La novedad de la norma es que traslada la responsabilidad de control y bloqueo del usuario a las empresas que deberán pagar multas abultadas, de hasta 49,5 millones de dólares australianos, si no aplican sistemas de verificación de edad precisos para limitar el acceso.

El objetivo declarado del gobierno australiano fue romper con la lógica de la autorregulación corporativa y reconocer que el daño no es accidental, sino una consecuencia previsible de plataformas diseñadas para maximizar permanencia, estimulación emocional y dependencia algorítmica. Julie Inman Grant, comisionada de seguridad electrónica, al respecto aseguró que el propósito no es restringir el acceso, sino administrar el accionar irresponsable de las empresas que diseñan productos altamente adictivos para menores. Por eso la medida se interpreta como un "motivo de orgullo nacional" y un posible modelo para otros países que pusieron en marcha debates similares: Francia, Nueva Zelanda, Dinamarca y Malasia.

A poco más de un mes de su implementación, el balance presenta elementos positivos, pero también errores a corregir, cuestionamientos y grandes desafíos. En términos cuantitativos hasta ahora se dieron de baja 4,7 millones de cuentas de adolescentes menores de 16 años. Si bien el primer ministro australiano, Anthony Albanese, celebró el éxito de la prohibición y lo ilustró a través del agradecimiento de los padres, quienes empiezan a notar cambios en los comportamientos de sus hijos en sus hogares, como dormir mejor o hacer más actividades al aire libre, todavía los especialistas advierten que es muy pronto para analizar mejoras sostenidas en salud mental o reducción de la violencia digital, ya que se trata de procesos complejos y multidimensionales que requieren de una aplicación a mediano y largo plazo, y luego una evaluación específica. Justamente por eso  Inman Grant advirtió que  “los efectos reales no se medirán en días y semanas, sino en años y resultados”.

Entre los desafíos y observaciones a la medida, la principal preocupación es que, a pesar de la correcta aplicación de las empresas, muchos jóvenes encontraron mecanismos para evadir las herramientas de verificación, que presentan errores técnicos y enfrentan dilemas en torno a la privacidad. Por otro lado familias y educadores observan que, ante la prohibición, el consumo digital se traslada a otras plataformas y formatos igualmente adictivos para menores que no no están controlados, lo que resulta tan o más peligroso que las redes tradicionales.

España: prohibición y giro discursivo del Estado

Semanas después fue el gobierno español el que anunció un paquete de medidas de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, que incluye la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años, elevando el límite actual vigente de 14 y eliminando incluso la posibilidad de consentimiento parental. La propuesta, presentada por Pedro Sanchez en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, exige a las plataformas la implementación de sistemas efectivos de verificación de edad, que no se limiten a declaraciones voluntarias de los usuarios, y cambios legales y penales para avanzar sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas y los ejecutivos por no eliminar contenidos ilegales o fomentar discursos de odio.

El anuncio fue presentado como una respuesta a un mercado tecnológico que no solo no se autorregula, sino que profundiza y multiplica daños sociales. “Nuestros hijos están expuestos a un espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia. Ya no lo aceptaremos más”, afirmó el mandatario. Desde organizaciones de familias y sectores educativos celebraron la decisión política.

No obstante, expertos en derechos digitales advierten sobre la falta de tecnologías de verificación seguras y el riesgo de que la prohibición funcione más como un gesto simbólico que una solución estructural real. Es que el anuncio parte de una realidad ya compleja que pone en duda la efectividad, dado que en España las redes ya están prohibidas para menores de 14 años y, aun así, muchos adolescentes siguen utilizándolas.

Por supuesto que, en medio de un contexto polarizado, el debate también quedó atravesado por disputas ideológicas más amplias: libertad de expresión, control estatal, privacidad y poder corporativo. El punto clave es entender que solamente prohibir no resuelve el drama ni sus efectos. Por el contrario, especialistas insisten en la necesidad de imponer una restructuración profunda del diseño de las plataformas a través de un plan de abordaje integral que conjugue leyes y regulaciones que apunten a identificar la responsabilidad de las empresas tecnológicas, proyectos socioeducativos, acompañamiento familiar, formación profesional, dispositivos de salud sociocomunitarios y condiciones materiales que lo permitan.

Más allá de la edad: infancia, mercado y poder

Detrás del consenso creciente en torno a la “protección de la infancia” se gesta una disputa más profunda que suele quedar soslayada. Las redes sociales no son solo espacios de socialización donde los jóvenes pasan parte de su tiempo: son territorios donde se vive, infraestructuras de extracción de datos, modeladores de conductas y productoras de subjetividad. En este sentido las medidas no deberían apuntar solamente a un rango etario establecido, sino también a controlar el formato de consumo adictivo que termina formando a los usuarios en las plataformas y a un tipo de modelo social vincular.

El daño generado por las redes no comienza a los 13 ni se detiene mágicamente a los 16: atraviesa toda la vida social y se profundiza en la adultez, donde la precarización emocional, la violencia simbólica y la sobreexposición laboral y financiera sigue funcionando como norma. Además es imposible exigirle a los adolescentes que se adapten a las nuevas medidas prohibitivas si siguen conviviendo con adultos dependientes de los dispositivos, que sufren padecimientos que afectan directamente la convivencia y el bienestar del hogar, las instituciones, etc. El problema es el funcionamiento de un sistema algorítmico que monetiza la atención, intensifica emociones y captura la vida y el tiempo de los usuarios cada vez más jóvenes para garantizar fidelización futura y permanencia en el negocio.

A esto se suma una dimensión de clase ineludible. Mientras algunos hogares cuentan con tiempo, recursos y capital cultural para acompañar y mediar los consumos digitales, otros quedan librados a dispositivos cómo única forma de entretenimiento, pero además como niñeras algorítmicas, cuidadores virtuales, en contextos de adultos atrapados en jornadas extensas, trabajos precarios, y escasez de redes de cuidado. Sin políticas integrales y una realidad concreta y material suficiente, la prohibición corre el riesgo de reproducir desigualdades en lugar de reducirlas.

La discusión que abren Australia y España no debería cerrarse en la edad mínima, sino ir más allá y cuestionar modelos de negocio basados en la captura de atención. En este sentido en el libro “Conectar en tiempos de pantallas. Crianzas y consumos digitales en infancias y adolescencias”, de editorial Chirimbote, Santiago Morales, sociólogo especializado en infancias y adolescencias, advierte el ejemplo extremo que significa “promover la prohibición general de las pantallas hasta los 16 o 18 años, dejando intactas (es decir, a nuestro libre arbitrio y sin reflexividad alguna) las maneras en las que desde el mundo adulto consumimos pantallas. Eso, además de completamente inútil, sería sumamente injusto”. Según el especialista es urgente regular por ley el funcionamiento de las plataformas para que las niñeces y adolescencias puedan utilizarlas sin ser vulnerados sus derechos, pero las medidas no deberían castigar con prohibiciones o apuntar al control exclusivamente, sino ponerle límites al mercado de plataformas en general.

La infancia es en este momento el rango etario que está en disputa, porque básicamente representa el presente y el futuro: “Lejos de poder ejercer su ciudadanía, sin posibilidad siquiera de ejercer su condición de consumidores (considerando el brutal deterioro del poder adquisitivo de las mayorías), las niñeces y adolescencias están siendo el producto mismo que valoriza las acciones de estas empresas. Sus dueños y CEOs lo saben, no les importa y se disputan la atención y el tiempo de las niñeces frente a sus plataformas", advierte Morales en el texto.