El Ministerio de Seguridad oficializó dos nuevas recompensas millonarias para obtener información que permita la captura de personas con pedidos de detención nacional e internacional por delitos graves. Las medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial y se enmarcan en el Programa Nacional de Recompensas, que busca incentivar la colaboración ciudadana en causas judiciales de alta complejidad.
A través de la Resolución 88/2026, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva dispuso el ofrecimiento de una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan localizar y detener a Sergio Eduardo Giménez, condenado a 15 años de prisión por múltiples delitos de abuso sexual agravado cometidos contra sus hijos.
Según detalla la resolución, Giménez cuenta con orden de captura nacional desde mayo de 2015 e internacional desde noviembre del mismo año, y tendría como últimos domicilios conocidos distintas localidades de la República del Paraguay. En los considerandos se remarca la gravedad de los hechos, ocurridos entre 2005 y 2006, y la necesidad de avanzar en su detención.
Según consta en la resolución, fue condenado por delitos de extrema gravedad, entre ellos, “abuso sexual agravado, abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal reiterado, todos agravados por haber sido cometidos por un ascendiente contra menores de 18 años, aprovechando una relación de convivencia preexistente”.
Los hechos fueron cometidos contra sus propios hijos y se encuentran en concurso con el delito de corrupción de menores, según lo establecido en la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15, quien le solicitó al Ministerio de Seguridad el ofrecimiento de recompensa para quien aporte datos acerca de su paradero.
$5 millones para capturar a un investigado por lavado de activos
En paralelo, mediante la Resolución 87/2026, el Ministerio de Seguridad estableció una recompensa de 5 millones de pesos para obtener información sobre el paradero de Maximiliano Ariel Liquitay, investigado como coautor penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado, en una causa tramitada ante la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA.
Liquitay tiene pedido de captura nacional e internacional desde enero de 2024 y registra como último domicilio conocido una vivienda ubicada en la ciudad de Córdoba. La norma indica que la recompensa se otorgará a quienes, “sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura” del imputado, garantizando en todos los casos la reserva de identidad del aportante.
En ambas resoluciones, el Ministerio recordó que la información puede aportarse de manera anónima a través de la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, y que el pago se realizará previa evaluación judicial del mérito de los datos suministrados.
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