Trabajadoras somos todas: cuando la cuenta no cierra y salir a la calle es un acto de defensa

En las asambleas organizativas hacia este 8M no se respiraba el mismo aire que otros años. “Trabajadoras somos todas”, resonaba con fuerza en rondas atravesadas por el enojo y la preocupación. La consigna no es retórica: incluye a las formales, a las informales, a las amas de casa, a las jubiladas. A todas. Porque la reforma laboral que impulsa el Gobierno no distingue y sus consecuencias tampoco lo harán.

“¿Cuál será la jugada de este Gobierno este 8M?”, pregunta en voz alta una de las participantes. El recuerdo es inmediato: el 8 de marzo de 2024 el Ejecutivo convirtió el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada en el “Salón de los Próceres”, un espacio dedicado exclusivamente a hombres. El gesto político no sólo fue provocador, sino que fue enmarcado por discursos contra la mal llamada “ideología de género”. Anunciaron así una “batalla cultural” contra el transfeminismo, que han caracterizado como enemigo oficial del Gobierno de la Libertad Avanza.

Este 8M, miles de mujeres y disidencias vuelven a marchar para honrar a sus propias próceres: Julieta Lanteri, Eva Perón, Alicia Moreau de Justo, Carmen Argibay, Lohana Berkins, Diana Sacayán y tantas otras que conquistaron derechos que hoy vuelven a discutirse o están en riesgo de perderse. El foco está en ellas, no en las estadísticas ni los informes técnicos: en las mujeres y disidencias de carne y hueso.

Dos generaciones, la misma cuenta que no cierra: una hija que cuida y una madre que necesita atención

Natalia Bustos, técnica en laboratorio en Fundación Hospitalaria, vive de primera mano el día a día en el sector de salud, que requiere que “todos los días des lo mejor de vos”, incluso “cuando no estás bien”: “Cuando me separé, mi hijo tenía 10 años. Tuve que trabajar para mantenernos. Lo hacía los fines de semana, pero me perdía de todos los festejos. Me la rebuscaba bien. Hoy mi hijo es grande y trabaja, pero igual no llego a fin de mes”.

En su clínica, la mayoría son mujeres, a diferencia del sector gerencial, donde “son todos hombres”. “Veo a mis compañeras que son madres hacer malabares con sus hijos, tener varios trabajos, ir a las reuniones de colegio”, contó a este medio.

Las condiciones laborales de ellas, en cambio, no necesitan interpretación: “Desde la asunción de la nueva Presidencia, mi sueldo ya de entrada bajó un 30%. Después te dan aumentos del 1,5 o 1,8%. Son diez mil pesos más. ¿Qué hacés con eso? Comprás dos kilos más de pan”. Se suman a este cóctel la baja de insumos, el sector de salud colapsado y pacientes con trato diferencial: “No veo que en la clínica hagan diferencia entre hombres y mujeres. Pero sí los clientes. A las mujeres nos tratan con prepotencia, pero cuando aparece una figura masculina la respetan más”.

Todo su relato gira en torno al “cuidado”: de los hijos, de las familias, de los pacientes. Habla también de la empatía de las “madrazas”: en el trabajo, en el hogar pero no con ellas mismas: “Lo primero que una delega cuando no tenés plata son los gustos propios. Vivir para trabajar yo ya no quiero”. Pero la cuenta no cierra.

Del otro lado del mostrador está Belkis Liliana Escher, jubilada y paciente de PAMI. Ella espera ser atendida. “A la persona mayor no se la trata con paciencia. Va al médico porque lo necesita, no porque quiere, y muchas veces la tratan como si molestara”, narró. En los consultorios chicos, en la calle, bajo la lluvia o el sol, la espera se vuelve parte del padecimiento que parece requisito para acceder al sistema de salud, con burocracias desgastantes: “Muchos no tienen celular, pero igual te piden credencial digital. Te hacen volver una semana después por una receta. El trato es paupérrimo”.

A esa falta de cuidado se le suma la vida cotidiana: “Aunque mi jubilación no es la mínima, no llego a fin de mes”. Los aumentos de luz, gas, alimentos y medicamentos obligan a usar la tarjeta de crédito para lo básico: farmacia, supermercado. “La usás para todo. Es la única forma de llegar”.

Las jubiladas son las protagonistas de esta encrucijada de la desigualdad: ingresos bajos, sistema de salud deteriorado, tareas de cuidado que no desaparecen con la jubilación y un Estado que se vuelve cada vez más inaccesible. A su edad, muchas mujeres viven solas, pero el cuerpo ya no es el mismo: limpiar o arreglar algunas partes de la casa se vuelven un desafío: “No puedo pagarle a alguien para que lo haga. La situación está cada vez más difícil. El Estado no escucha a nadie, pero menos a nosotras”.

Natalia y Liliana son madre e hija: una cuida en la clínica; otra reclama trato digno. A las dos la misma cuenta les da mal.

Barrios populares y pueblos originarios: al borde del abismo

La retirada del Estado también se siente en los pasillos de los barrios populares. Albina Espinoza González, vecina de la Villa 31, habla desde la experiencia cotidiana: “La vida para las mujeres y diversidades acá está muy complicada, sobre todo para las jefas de hogar”. La mayoría cría solas mientras trabajan, estudian y sostienen la casa. “Todo es más difícil cuando sos mujer por las desigualdades sociales y la discriminación de género que atravesamos todos los días”, señala.

En el último tiempo, la situación empeoró: escasez de recursos, alquileres imposibles, requisitos excluyentes —“básicamente que no tengas hijos”— y cada vez menos oportunidades de acceder a un trabajo estable. Albina fue parte de la toma Fuerza de Mujeres en 2021, integrada por unas cien familias, en su mayoría mujeres que huían de situaciones de violencia de género. “Entre nosotras armamos una red enorme: ollas populares, apoyo escolar, charlas de género, espacios para escucharnos y pensar estrategias”, recuerda, marcando al feminismo y la sororidad como una “caricia” ante un Estado ausente.

Hoy, describe, la situación en su barrio es también “extrema”. Son las mujeres quienes sostienen el cuidado de hijos, familiares enfermos y de ellas mismas frente al aumento de la violencia de género. A la vez, enfrentan la falta de alimentos en comedores comunitarios, mientras se multiplican las investigaciones judiciales por la retención de toneladas de comida en depósitos del Ministerio de Capital Humano. Con cada vez menos recursos, son ellas las que inventan nuevas recetas para que coman cada vez más chicos. Son ellas las que, a veces, les toca decirles: “Hoy no tenemos para darte de comer”. No son casos aislados. Según datos de UNICEF, el 47,8% de los menores de 17 años en Argentina vive en situación de pobreza.

Para Albina, el punto de quiebre fue claro: la eliminación del Ministerio de las Mujeres. “Eso nos dejó aún más desprotegidas”. Desde entonces, enumera retrocesos visibles: menos turnos y profesionales en los Centros de salud y Acción Comunitaria (CESAC), recortes en salud mental y discapacidad, y medidas de seguridad frente a la violencia de género que “quedan en papeles”. Y, en especial, el recorte del Programa Acompañar, que fue un golpe directo: “No solucionaba todo, pero nos ayudaba a sobrevivir lejos del agresor”.

Ser madre en un barrio popular, dice, “es partirse en mil”. Hay madres adolescentes que dejan de estudiar, niñas que cuidan a sus hermanos más chicos y chicos que crecen atentos a la angustia económica del hogar. “Nuestros hijos ven todo: cuando una mamá no puede pagar el alquiler o comprar lo básico. No pueden pensar solo en jugar y estudiar”, explica.

En los territorios indígenas, el ajuste en derechos humanos se vive en el cuerpo, en la tierra y en la mesa con mayor crudeza. Verónica Azpiroz Cleñan, politóloga mapuche e integrante de la Comunidad Epu Lafken, en Los Toldos, describe a El Destape un escenario que define como “extremo” para las mujeres y diversidades de los pueblos originarios que habitan comunidades rurales.

Con la media sanción de la Ley de Glaciares en el Senado aún reciente, Azpiroz Cleñan es contundente: “El Estado fue genocida con el pueblo mapuche. No es un garante de convivencia ni de reciprocidad. Hoy garantiza el saqueo del agua, con presencia militar extranjera”. Para la politóloga, la retirada estatal no es solo material. En las zonas urbanas, explica, las mujeres indígenas atraviesan problemáticas similares a las del resto de la sociedad, pero bajo una narrativa oficial violenta, en la que el Presidente y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los y las señalan como “terroristas” o “saqueadoras”. “Los derechos culturales, lingüísticos, sanitarios y laborales ya no tienen un Estado de Derecho que los ampare. Nos dejaron a la intemperie”, resume.

Esa intemperie adopta formas concretas: desalojos, endeudamiento para cubrir necesidades básicas y el impacto directo del cambio climático. “Hay estrés hídrico, falta de agua, incendios, sequías, nuevas enfermedades, aparición de roedores transmisores de hantavirus, plagas que afectan al pewen —un árbol milenario— y fenómenos climáticos extremos que van a traer más pobreza y escasez en los territorios indígenas”, advierte.

Según un relevamiento de la organización Tejido de Profesionales Indígenas, desde la asunción del gobierno de Javier Milei se registraron al menos 41 procesos de desalojos de comunidades indígenas, tras la derogación de la ley 26.160, que protegía a las comunidades frente a los reclamos de propietarios privados sobre tierras ancestrales. (Dejo adjunto en el mail el informe para linkear)

Azpiroz y Albina coinciden en la necesidad de un feminismo interseccional, no hegemónico ni clasista, que incorpore las voces que hoy quedan fuera del debate público. “Los feminismos no blanqueados todavía tenemos la autoridad ética para marcar lo que no va: lo que desangra la vida, el territorio y los cuerpos. Tenemos la responsabilidad de construir otros entendimientos”, concluye Azpiroz Cleñan.

(Fuente: Tejido de Profesionales Indígenas)

Mujeres en la arena pública: hostigamiento y persecución

Las cifras del monitoreo de libertad de expresión de FOPEA son alarmantes. En 2024 se registraron 179 casos de ataques al ejercicio periodístico, un aumento del 53% respecto a 2023. “El presidente encabeza la mayor parte de los agravios. Es responsable de 113 de los 250 casos registrados hasta noviembre de 2025”, sostuvo Paula Moreno Román, presidenta de la entidad.

También el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) observa de cerca a la Argentina y alerta sobre retrocesos en derechos de mujeres y diversidades: cierre de instituciones clave, retracción de políticas públicas y reducción drástica del presupuesto destinado a prevenir la violencia de género, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, sostener la Educación Sexual Integral y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). El organismo pidió medidas urgentes.

Incluso Amnistía Internacional advirtió en su informe “Violencia contra mujeres en la política y en espacios públicos: nuevas formas de discriminación y estigmatización” (2024) que en el país las mujeres y disidencias con roles públicos —periodistas, defensoras de derechos humanos, funcionarias y políticas— son blanco de campañas de hostigamiento, discursos de odio y deslegitimación con impacto real sobre su seguridad y participación democrática.

Consultada por este medio, Maru Bielli, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, advierte: “En mi caso particular, si bien se siente el hostigamiento y el cambio de época, eso genera cierta frustración porque parece que hay que dar todas las discusiones de nuevo”. Sin embargo, aunque la jugada apunta al desgaste hasta correrlas de la arena pública, Bielli está dispuesta a dar esa pelea “una y otra vez”: “Necesitan atacar al movimiento más revolucionario de los últimos tiempos para avanzar en este retroceso de derechos. Pero no vamos a desistir”.

La legisladora sostiene que la ofensiva no es sólo discursiva: busca instalar a la mujer como origen “de todos los males”, incluso de la baja de la natalidad, mientras se desmantelan políticas públicas. Señala el impacto en mujeres mayores por las modificaciones en moratorias y jubilaciones, la ausencia de Educación Sexual Integral y del Plan ENIA, y un sistema de protección “al límite”, con equipos territoriales desbordados y una profundización de las violencias y del malestar en la salud mental adolescente.

“La situación de niñas, niños, adolescentes y disidencias en la Ciudad es preocupante y las señales de alarma están encendidas”, afirma. La violencia sexual y digital en entornos escolares aumenta ante un Estado sin políticas de prevención. Imágenes de contenido sexual creadas con inteligencia artificial, grooming y violencia estética que circula sin filtro en redes sociales vuelven el presente inhabitable para niñas y jóvenes.

Según el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, entre el 10% y el 15% de la población argentina manifiesta algún tipo de trastorno alimentario; de esos casos, aproximadamente el 90% son mujeres. La Sociedad Argentina de Pediatría agrega que alrededor del 1% de las jóvenes de 10 a 24 años padecen anorexia y el 3% bulimia. Casi una de cada tres mujeres jóvenes con insatisfacción corporal desarrolla patologías vinculadas a TCA.

Retrocesos, odio y exclusión: la diversidad frente al discurso de Estado

En un contexto donde desde el poder se habla de “ideología de género” como impulsor del “abuso infantil” o “virus mental”, y se cuestiona abiertamente la diversidad de identidades sexuales, la violencia deja de ser solo simbólica: impacta en el acceso al trabajo, a la salud, en el crecimiento de agresiones y, en definitiva, a la vida cotidiana.

Silvana Álvarez lo sabe en carne propia. Tiene cuatro años trabajando como camarera en un bar de la Ciudad de Buenos Aires. “Mi situación hasta el día de hoy en lo laboral es muy buena. Soy una persona constante, responsable y me desempeño con muchas responsabilidades. Hoy en día estoy estable, pero a la vez con mucha incertidumbre”, cuenta. Y subraya algo clave: “Debemos tener en cuenta que el cupo laboral trans no se ha implementado en muchas oportunidades en el mercado de trabajo”. Por eso, dice, agradece su presente: “Todos me quieren, me estiman y sobre todo me respetan”.

Pero su historia no es la regla. “Todo tipo de trabajo formal para nosotras es muy especial”, explica. Terminar la secundaria —un requisito básico en casi cualquier empleo— no siempre es sencillo cuando la adolescencia estuvo atravesada por discriminación y miedo. “Obviamente hay obstáculos para algunas chicas trans: el miedo a seguir adelante, las burlas constantes y el qué dirán”.

Silvana insiste en algo elemental y, sin embargo, todavía discutido: “Somos personas con los mismos derechos que cualquier ser humano”. Recuerda que durante años la comunidad trans vivió “en una gran clandestinidad”, condenada socialmente a la calle. Y advierte que, sin políticas de inclusión, el Estado “habilita a que las personas trans se queden sin oportunidades”. La consecuencia es directa: “Tienen que volver a ponerse en la calle si no tienen una oportunidad laboral. Entonces cuesta acceder a un trabajo digno y a una obra social, y por ende terminamos excluidas”.

Hoy, ser mujer transexual, cisgénero, jubilada, indígena, ama de casa, pobre, política, niña o trabajadora es un desafío. Vuelven a discutirse debates que parecían saldados.

Muchas mujeres y disidencias dejaron su vida para que hoy podamos votar, decidir si queremos ser madres, acceder a un trabajo, a la salud, a una identidad y a una vida digna. Este 8 de marzo no es una fecha conmemorativa: es un acto de defensa. Porque cuando la cuenta no cierra, cuando el Estado se retira y el odio se institucionaliza, volver a la calle no es una opción. Es una necesidad.