Los vecinos de la localidad de San Pedro de Jujuy alzan la voz por no poder afrontar los precios desorbitantes de las tarifas de energía eléctrica que dispone la Empresa Jujeña de Energía (EJESA). Marcelo Pastore, vecino de la localidad, señaló que la queja principal se centra en fallas constantes, además de subas y bajas de tensión que dañan electrodomésticos.
Mientras un concejal impulsa un proyecto para eliminar tasas de la boleta de luz, tratando de reducir los costos de los usuarios, Pastore confirmó que los usuarios están juntando firmas para visibilizar el mal servicio que brinda la compañía EJESA, con el objetivo de hacer una presentación en la Legislatura para que se revea su concesión. Los habitantes de la localidad ubicada dentro del Valle del río San Francisco de Jujuy piden "terminar con el monopolio" para que participen otras empresas.
El gobierno de Jujuy, bajo la administración de Gerardo Morales hasta diciembre de 2023, mantenía una participación accionaria en la empresa como parte del modelo de “empresa mixta” acordado en los 90, cuando se privatizó la energía en la provincia. Esa participación, aunque minoritaria, le permitía tener voz en el directorio y sostener ciertos niveles de control simbólico y estratégico sobre una empresa que opera un servicio público esencial.
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Sin embargo, esa participación fue vendida: EDISON S.A. compró ese paquete estatal y, con ello, se consolidó como controladora total del servicio de distribución eléctrica en territorio jujeño, que incluye no solo la distribución urbana, sino también la red provincial y la facturación a más de 350.000 usuarios. Esta operación fue silenciada, sin comunicación institucional clara, sin audiencia pública, y sin consulta legislativa.
En diálogo con Radio 2, Pastore cuestionó la inacción de organismos como la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), a quien acusa de tener vínculos políticos y no defender a los usuarios. La recolección de firmas avanza con el objetivo de alcanzar el 3% del padrón electoral (18.000 firmas), a pesar del miedo de algunos ciudadanos a posibles represalias.
Otro golpe de Sadir al bolsillo de los trabajadores: aumenta el boleto del transporte de media distancia
El gobernador Carlos Sadir no tiene piedad con el bolsillo de los trabajadores jujeños, que recibirán el viernes 1° de Mayo con un nuevo aumento en el precio del boleto del colectivo. Las empresas de transporte aplicarán una suba del 3% en sus tarifas y afecta a todas las rutas que conectan la capital con la Quebrada, Puna, Ramal y los Valles.
El incremento autorizado por la Secretaría de Transporte provincial vuelve a encender el malestar de los usuarios, que señalan que el servicio no siempre acompaña con mejoras y que cada actualización tarifaria se siente con fuerza en el día a día, especialmente para quienes dependen del transporte público para trabajar o estudiar.
Este ajuste tarifario se da en un contexto de crisis en el sistema. Hace algunas semanas, la Cámara de Transporte de Jujuy emitió un comunicado donde alertó que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en riesgo. La asociación gremial denunció la cesantía de 7 trabajadores de la empresa Santa Ana por protestar el pago de sueldos conforme a la escala correspondiente. Los empleados acusaron que la compañía los despidió el 31 de marzo, un día después de amenazarlos que quedarían en la calle si no retiraban la demanda judicial por las diferencias salariales.
Uno de los voceros de los trabajadores dijo que nunca "recibieron elementos de seguridad" para trabajar, tuvieron vacaciones mal pagas y que se los obligaba a pagar por repuestos rotos o si falla la instalación. Según detalló el medio Jujuy Al Momento, los empleados sostienen que no desean ser reincorporados debido a la prepotencia de la gerencia y solo exigen el pago de lo adeudado. En medio del conflicto, apuntaron contra la UTA local por no brindar su apoyo en este momento y señalaron que se registró una situación similar el año pasado con otro grupo de choferes cesanteados.
Mientras varias familias quedaron a la deriva por la decisión empresarial, el presidente de la entidad de Transporte provincial, Guillermo Ruíz, remarcó que las compañías comenzaron con la reducción de servicios, suprimen horarios y ponen en riesgo la continuidad de algunas líneas debido a la imposibilidad de cubrir erogaciones disparadas.
Las medidas adoptadas no son aisladas, sino que se enmarcan en un reclamo nacional de los empresarios por la quita de subsidios y el aumento de costos. A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio. Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado.
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