A 50 años del inicio de la última dictadura cívico militar, una nueva presentación judicial vuelve a poner en foco las deudas pendientes en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Se trata de un listado con más de 350 represores que, pese a haber sido mencionados en testimonios o documentos, aún no fueron indagados ni identificados en causas vinculadas al terrorismo de Estado.
El documento fue presentado por la querella en la causa del Primer Cuerpo de Ejército y reúne nombres, apodos y cargos de militares, policías, gendarmes y prefectos señalados por víctimas y sobrevivientes. Según se detalla, estas personas aparecen en declaraciones judiciales, informes oficiales y archivos incorporados desde 2003, pero hasta ahora no fueron alcanzadas por la Justicia.
La querella remarcó que la difusión de los nombres no es arbitraria: todos los señalados ya fueron mencionados previamente en testimonios o documentación judicial, lo que da sustento a la solicitud de que sean investigados. Además, se aclara que será tarea del juzgado determinar si algunos de ellos han fallecido, dado que no existe una verificación completa en ese sentido.
La lista de los represores
El listado abarca distintos niveles de responsabilidad dentro del aparato represivo: desde integrantes de grupos de tareas y personal de inteligencia hasta responsables jerárquicos de operativos, centros clandestinos de detención y zonas liberadas para secuestros. También incluye a agentes vinculados con los llamados “vuelos de la muerte”, personal de comisarías que actuaron como centros clandestinos y miembros de estructuras de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad.
Entre los nombres incluidos en la acusación aparecen, por ejemplo, Ricardo Rafael Alfano, vinculado al Batallón de Inteligencia 601; el mayor Horacio Fleuquin, relacionado con el Regimiento de La Tablada; y el teniente primero Armando Zarabozo, mencionado en registros históricos militares. También figuran integrantes de la Policía Federal señalados por su participación en operativos o encubrimientos, como Miguel Romano, Héctor Roberto Oliveto y Ricardo Francisco De Víctor, vinculados a la Masacre de los Palotinos.
El listado incluye además a decenas de supuestos agentes de inteligencia y miembros de grupos de tareas identificados por sobrevivientes, como Félix Fidel Córdoba, Jorge Francisco Seguin, Mario Julio López Bravo y Carlos Alberto Mendiburu, muchos de ellos con seudónimos utilizados durante los operativos clandestinos.
En paralelo, aparecen represores que aún no pudieron ser plenamente identificados y que figuran solo por apodos o descripciones físicas en los testimonios. Entre ellos, se mencionan perfiles como “El tordo”, un médico señalado en centros clandestinos; “Kid Pistola”, descrito como un integrante de patotas que ejecutaba secuestros; o “Sapo Grande”, identificado como guardia en un centro de detención. También se incluyen descripciones detalladas de otros represores sin nombre confirmado: un “coronel” que participaba en interrogatorios, un “teniente joven, de pelo corto negro”, un “hombre rubio, de aproximadamente 1,80 metros”, o un “guardia que se presentaba como ‘Javier’”. Estas referencias surgen directamente de testimonios de sobrevivientes y dan cuenta de las dificultades que aún persisten para reconstruir completamente el entramado represivo.
El documento también incorpora a personal de la Fuerza Aérea vinculado a los vuelos de la muerte, como Rubén Seguí, Luis González y Juan Carlos Sosa, señalados por su participación en traslados ilegales de detenidos. Finalmente, la querella solicitó que todos estos casos sean investigados y que se determine la situación judicial de cada uno, en un contexto en el que, medio siglo después del golpe, muchos crímenes de lesa humanidad siguen sin resolución definitiva.
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