Caso Axel González: apartan a la Policía de Chaco de la investigación por el joven desaparecido

El Equipo Fiscal Especial ordenó la intervención de las fuerzas federales en el caso. A casi un mes de la desaparición del joven de 21 años, las autoridades rastrillaron más de 45 hectáreas.

10 de junio, 2026 | 13.14

Luego de que la Fiscalía resolviera la situación de los siete (7) imputados por el caso de Axel González, el joven de 21 años desaparecido en la localidad de Fontana, el Equipo Fiscal N° 14, conducido por Julieta Arolfo, dispuso la intervención de las fuerzas de seguridad federales en la causa y ordenó el cese inmediato de la Policía del Chaco en todas las tareas investigativas vinculadas al caso.

La resolución ordena la actuación conjunta de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Según detalló Chaco Día por Día, la medida fue adoptada tras el pedido del Procurador General, Jorge Canteros, que solicitó la inc6 paorporación de organismos federales al expediente.

Además, se instruyó a la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), Paula Sánchez Ayala, para que designe la unidad de investigación federal que intervendrá en la causa, la cual deberá quedar a disposición del Equipo Fiscal N° 14 para iniciar las diligencias que correspondan.

En simultáneo, la Justicia ordenó a la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco, encabezada por el comisario Nelson Alvarenga, que cese toda intervención en la recepción de testimonios, recolección de pruebas y demás actos investigativos a partir de la fecha de la resolución. La dirección deberá remitir de manera inmediata al equipo fiscal la totalidad del material probatorio reunido hasta el momento: evidencias, datos e informes.

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco valoró la decisión, pero fue enfático en señalar sus límites: la medida era necesaria y adecuada, pero llegó tarde. “Las primeras horas y los primeros días son cruciales para la preservación de la prueba”, señaló el Comité en su comunicado, advirtiendo que la demora en excluir a las fuerzas potencialmente involucradas puede haber comprometido la eficacia de las medidas de prueba y dificultado la reconstrucción de los hechos.

A casi un mes de la desaparición de Axel, este martes las autoridades realizaron un gran rastrillaje terrestre y fluvial en varios sectores de la ciudad. Los trabajos se realizaron en un territorio de 45 hectáreas en zonas del barrio Takay, en dirección a Puerto Tirol, y el río Negro.

Si bien el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, informó que el Equipo Fiscal Especial (EFE) le había ordenado a la Dirección de Investigaciones no continuar participando de las tareas investigativas, la medida no abarca a los rastrillajes.

La situación de los 7 imputados y apertura de los celulares de la Policía

La fiscal Eugenia Arolfo, integrante del Equipo Fiscal Especial, notificó al titular de la Unidad Penal 7 (U7), Ricardo Vargas, sobre el traslado de los imputados en la causa por la desaparición de Axel González. La decisión fue comunicada tras la resolución del EFE, que dictó la prisión preventiva para Ramón “Cuno” Gómez, Leonardo Silva y Antonio Iñiguez.

Según se informó, Gómez enfrenta cargos por amenazas simples, mientras que Silva e Iñiguez están imputados por encubrimiento. La medida responde a la intervención de las fuerzas federales en la causa y marcará un cambio en la custodia de los detenidos. 

En paralelo, recuperaron la libertad Lorena Gómez (ex pareja de Axel González), Sergio “Cunito” Gómez (ex cuñado), Ariel Lázaro y Agustín Pucheta, todos vinculados en calidad de sospechosos, pero sin acusaciones formales que justificaran su detención continuada.

Por otro lado, confirmaron que la apertura de los teléfonos celulares de los policías asignados a la Comisaría Segunda de Fontana, quienes prestaban servicio el día de la desaparición de González, será realizada por la Gendarmería Nacional. Este procedimiento busca esclarecer posibles vínculos o irregularidades en el accionar policial.