Tras la nulidad de un concurso clave, acusan a Zdero de presunta persecución judicial en Chaco y crecen las denuncias de magistrados

La gestión del gobernador Leandro Zdero en Chaco enfrenta cuestionamientos por presuntas presiones sobre el Poder Judicial. Según pudo acceder El Destape, distintos actores del ámbito jurídico advirtieron sobre situaciones que afectan la independencia de los magistrados y el normal funcionamiento del sistema institucional. Este medio intentó comunicarse con el Gobierno provincial, pero al momento de publicación de esta nota no hubo respuestas.

Esta acusación no es ajena a los acontecimientos que ocurrieron en el Consejo de la Magistratura de la provincia en el mes de febrero, cuando el organismo pausó el nombramiento de funcionarios judiciales correspondientes a dos fiscalías penales clave de la provincia. Ante esto, desde el sector judicial y político consideraron que habría existido un acuerdo entre el mandatario provincial con integrantes del organismo, y que por ello se habrían bloqueado las designaciones. 

Cabe remarcar que sobre el caso hubo novedades en las últimas semanas. Una resolución judicial volvió a poner el foco en el funcionamiento institucional luego de que la jueza Lorena Bettiana Hruza declaró la nulidad de la decisión del Consejo. Su fallo consideró que el procedimiento careció de fundamentos válidos. 

Además, la jueza cuestionó la falta de motivación en las abstenciones de consejeros que habían argumentado "falta de condiciones éticas" sin impugnaciones previas. La resolución dispuso que los integrantes que participaron en la votación anulada no podrán intervenir en la nueva instancia, por lo que deben ser reemplazados por suplentes para garantizar un proceso transparente. 

Jury por defender las comunidades Wichí

Otro de los casos que cobró relevancia fue el de Jorge Sinkovich, juez Civil y Comercial Nro. 6 de Resistencia. En diálogo con este medio, el ex juez consideró que "la situación en la provincia del Chaco con respecto a la justicia es tremenda", y afirmó que hubo varios jueces que "también sufrieron apriete, acoso, persecución, pero yo terminé eyectado del sillón de juez".

"Era básicamente un juez amparista; recepcionaba los procesos amparo que había en la provincia, que siempre son contra el poder", aseguró Sinkovich y relató: "Mi último caso fue con el amparo de los pueblos originarios. En esta ocasión fue una proceso de amparo, con una medida cautelar a favor de la comunidad Wichí. Cuando asume este Gobierno Leandro Zdero, empecé a sufrir todo tipo de persecución para que no este dicte sentencia en procesos de amparo o en otra clase de juicio contra la provincia".

Sinkovich señaló que el detonante para el Gobierno chaqueño fue cuando hizo lugar a la medida cautelar de los pueblos originarios: "No la cumplían, esperé demasiado tiempo para que cumplan; había ordenado alimentos y agua, el derecho a la vida. Como no cumplían, apliqué una multa procesal de $86 millones de pesos diarios".

Según relata el ex juez, ese monto se basó en que la comunidad Wichi comprende 25.000 personas. Por ello, tomó el parámetro del salario básico para que una persona no sea indigente, y eso dio la suma de $4000 pesos diario por cada persona, y a eso lo multiplicó por 25.000.

"La respuesta del Gobierno es el pedido de jury y acusación que hicieron, y como tienen mayoría en el Consejo de la Magistratura y hay una corrupción política tremenda, dieron traslado a la acusación y a mí no me quedó otra alternativa que acogerme a la jubilación", concluyó. 

Otros casos calificados como persecución

Uno de los episodios más relevantes ocurrió en noviembre de 2025, cuando el juez civil y comercial Julián Flores ordenó la reapertura de una unidad educativa vinculada a la Fundación Valdocco, que había sido clausurada por el Ministerio de Educación. El magistrado declaró ilegítima la suspensión de aportes y sostuvo que la medida impactaba negativamente en la comunidad wichí.

Posteriormente, manifestó haberse sentido presionado por el Gobierno provincial tras emitir ese fallo. Otro hecho que generó controversia se produjo en marzo de 2026, luego de que el juez laboral Sergio Bosch mantuviera reuniones con trabajadores que denunciaban recortes salariales, el diputado oficialista Iván Gyöker publicó en redes sociales la frase “Fuiste Gilda, jaja”.

El mensaje fue repudiado por el Colegio de Abogados de Resistencia, que lo interpretó como una posible intimidación hacia el magistrado. La situación generó preocupación en sectores del ámbito jurídico por el impacto que este tipo de expresiones puede tener sobre la labor judicial.