La Cámara Federal de Casación Penal dispuso, en un fallo por mayoría, anular el traslado de la investigación sobre la mansión de Pilar a la provincia de Buenos Aires. De esta manera, el caso que se tramitaba en el juzgado federal de Campana volverá a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Cámara Nacional en lo Penal Económico deberá resolver el conflicto de competencia y el futuro de las actuaciones.
El expediente gira en torno a una propiedad valuada en cerca de 17 millones de dólares, aunque declarada por un monto muy inferior en la escritura. La hipótesis judicial sostiene que los titulares formales del bien —la sociedad Real Central, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte— habrían actuado como presuntos testaferros de altas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre las que se menciona al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino. Además de la residencia, la pesquisa abarca otros bienes de alto valor, tales como una flota de autos de colección, un helipuerto y caballerizas.
El reciente cambio de rumbo responde a un planteo del fiscal ante Casación, Mario Villar, quien cuestionó la resolución adoptada en enero pasado por la Cámara Federal de San Martín que enviaba la causa a Campana. Los camaristas que votaron a favor del retorno a la Ciudad de Buenos Aires argumentaron que el fuero Penal Económico porteño (donde originalmente intervenía el juzgado número 10) es el ámbito indicado para el tratamiento del caso. Esto se alinea con la investigación preexistente que llevan adelante los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio sobre presunta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por parte de la dirigencia de la AFA.
En disidencia, el juez Mariano Borinsky consideró que el recurso de la fiscalía debió declararse inadmisible al no tratarse de una sentencia definitiva. El magistrado advirtió que estos constantes giros jurisdiccionales generan dilaciones innecesarias, atentando contra los principios de economía y celeridad procesal sin que se justifique una afectación real a la garantía del juez natural. No obstante, con la postura mayoritaria consagrada en el tribunal, el devenir de la causa quedó ahora supeditado a la resolución que adopte de forma colegiada la Cámara en lo Penal Económico.
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