El traspaso de la Justicia nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires puede desacelerarse y hasta quedar en suspenso a largo plazo. Así se lo hicieron saber desde el Gobierno a varios jueces de ese fuero como parte de un eventual entendimiento que debería incluir una adecuación de la jurisprudencia de los magistrados a las premisas del oficialismo contenidas en la reforma laboral, es decir acotar al máximo la litigiosidad y los montos indemnizatorios.
El Destape pudo constatar esta propuesta de parte de un funcionario de primera línea y de los propios camaristas laborales a los que se les hizo llegar el mensaje. La iniciativa giró luego de días de tensión en el sector: la semana pasada amanecieron empapeladas las inmediaciones de Tribunales con afiches en contra de la jueza Diana Cañal, presidenta de la Sala III de la Cámara laboral, y a ese episodio se le sumó la amenaza de un abogado con matrícula suspendida contra la magistrada Silvia Garzini, de primera instancia. Otro elemento presente en los últimos días fue la huelga iniciada por la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) contra el traspaso por la sospecha de que incluirá recorte y posible desplazamiento de personal.
El mensaje llegó por varias vías. Algunas discretas, provenientes del ala política del Ejecutivo que reporta a Santiago Caputo. Algunos camaristas dijeron haber interpretado esa misma línea en algunos comentarios del ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Los argumentos van desde la dificultad administrativa que representaría un traspaso en el corto plazo hasta el costo económico que debería afrontar el Gobierno nacional para financiarlo.
El artículo 90 de la reforma laboral (ley 27.802) aprobó el “Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, firmado entre el Ejecutivo nacional y el porteño el 9 de febrero, que deriva sus competencias a los fueros del Trabajo porteño y al Contencioso Administrativo Federal. El movimiento representa la eventual disolución de 80 juzgados y diez salas de alzada, así como un futuro incierto para 1700 trabajadores judiciales.
Luego de aprobada la reforma los portavoces del oficialismo iniciaron un acercamiento a los magistrados laborales, sindicados por un sector de la actual gestión y en particular por el PRO y el macrismo como volcados a la defensa de los trabajadores antes que de la imparcialidad en los procesos. En la gestión de Cambiemos la disputa escaló hasta una visita del entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca para sugerirles a los camaristas del Trabajo coordinar con los funcionarios la jurisprudencia, y siguió con intentos de juicio político contra varios de ellos a los que no habían podido convencer.
El episodio más subido de tono de los últimos días fue la aparición una madrugada de afiches en los alrededores de Tribunales con el rostro de la camarista Cañal y la leyenda “no le vamos a pagar la coima que nos pidió”. Entidades como la Asociación de Jueces del Trabajo (Anjut) y el gremio de abogados laboralistas (AAL) repudiaron la acción y respaldaron a Cañal, que le confirmó a este medio la presentación de una denuncia por intento de amedrentamiento. A partir de allí se sucedieron gestos en el sentido contrario, de funcionarios o dirigentes cercanos a Javier Milei que hicieron saber a los camaristas que en caso de producirse una adecuación de los fallos a los criterios menos concesivos a los trabajadores de la reforma laboral, el traspaso bien podría pasar a un segundo plano e incluso postergarse por un plazo que podría ir de los 5 a los 10 años.
Cerrar sesión