La trampa del FAL: la plata de los jubilados para pagar la deuda

Veinte de los casi 200 artículos de la reforma laboral que esta madrugada avanzó con modificaciones en la Cámara de Diputados están dedicados a la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un régimen a partir del cual el Estado destinará entre 2000 y 2500 millones de dólares de su recaudación previsional anual al pago de las indemnizaciones por despido sin causa que dispongan las empresas privadas. 

Es un subsidio al despido financiado con los fondos de la Anses, denunciaron muchos diputados de la oposición. Pero eso no es todo: el dinero que dejará de recaudar el sistema de seguridad social podría terminar solventando los vencimientos de deuda en pesos del Tesoro Nacional. La plata de los jubilados, usada para pagar la deuda pública.

La ingeniería financiera legal le permitiría al gobierno de Javier Milei cubrir casi el 20% de los vencimientos de deuda de corto plazo, en su mayoría en LECAP, que afronta el Tesoro todos los meses y que el ministro Luis Caputo evita contabilizar como parte del déficit financiero. Esos vencimientos ya alcanzan el 2% del PBI. Si finalmente el Senado sanciona la ley la semana que viene, todo dependerá de la reglamentación, que quedará a cargo del Poder Ejecutivo.

Este punto de la reforma termina de destruir la sustentabilidad del sistema previsional, tantas veces invocada por los economistas ortodoxos. El agujero fiscal para la Anses equivaldría a entre el 0,3% y el 0,35% del PBI, lo que implica un recorte del 6% del total de los recursos propios del organismo previsional, según cálculos del diputado de Unión por la Patria (UP) Guillermo Michel. El ajuste automático de las jubilaciones, advirtió en este sentido la diputada de UP Vanesa Siley, ya no está garantizado por ley, sino por un decreto, por lo que a Milei le bastaría con una firma para cancelar la indexación de los haberes.  

Michel advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le había hecho un fuerte llamado la atención al gobierno anterior por la última moratoria previsional, que representaba una erogación similar al FAL. ¿Pasará lo mismo ahora? La pregunta es retórica. 

El circuito por el cual la plata de los jubilados podría terminar en el pago de la deuda pública es sencillo. Los recursos del FAL serán administrados por entidades autorizadas a tal fin por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se espera que sean las Alyc (Agente de Liquidación y Compensación), sociedades de bolsa o fondos de inversión, que en muchos casos están vinculadas a bancos y compañías de seguros. Los títulos de deuda pública tendrán un lugar privilegiado entre los instrumentos de inversión de los recursos acumulados en las cuentas del FAL, como ocurrió con las AFJP.

La inversión de los recursos del FAL es uno de los objetivos centrales de la ley, según lo reconoció el propio Caputo. “Nosotros buscamos recomponer el mercado de capitales. Como parte de la reforma laboral, con el FAL, se va a alimentar un nuevo mercado de capitales. Son US$4000 millones por año que va a alimentar el mercado de capitales”, dijo el ministro en diciembre pasado. En ese entonces, la contribución prevista era del 3% de cada salario, a descontar de los aportes patronales. Ese porcentaje finalmente se redujo: quedó establecido en 2,5% para las Pymes y 1% para las empresas grandes, pero el Gobierno quedó habilitado para elevarlo a 3% y 1,5%, respectivamente. 

“Esas alyc van a tener permitido comprar bonos del Tesoro argentino. No veo otro sentido que los fondos vayan a la compra de bonos del Tesoro, similar a lo que pasó con el blanqueo de 2024, lo que generó una bonanza financiera al final de ese año”, dijo a El Destape Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía y economista jefe de la consultora Vectorial. “Eso va a generar una mejora en la cotización de los bonos. Se permite la especulación financiera con esos fondos, lo cual implica un riesgo sistémico fuerte, porque el día que se dan vuelta las cotizaciones, cae la bola, esos fondos se achican. Hay una cuestión de regulación que la CNV va a tener que seguir muy de cerca”, agregó.

Los grandes ganadores del sistema van a ser, como ocurrió con las AFJP, los dueños de las administradoras del FAL, que, sin correr riesgo alguno, se aseguraron en el proyecto de ley una comisión de hasta el 1%, lo que equivale a entre 200 y 250 millones de dólares por año. El monto es muchísimo más bajo que lo que cobraban las AFJP, cercano al 30% de lo administrado. Pero en este caso la tarea no va a representar ningún desafío, dado que los responsables finales del pago de las indemnizaciones seguirán siendo los empleadores, quienes tendrán la posibilidad de recurrir a lo acumulado en la cuenta que cada empresa tendrá en el FAL. “No deberían cobrar más del 0,5% de comisión por esa tarea”, estimó el economista Sergio Chouza, en diálogo con El Destape.

Existe una hipótesis en la que los recursos del FAL no servirían para alimentar el mercado de capitales, como planea Caputo. Si a raíz de la sanción de la ley se produce una ola de despidos, los empresarios no tardarán en recurrir al FAL. Dado que las indemnizaciones están subsidiadas por la Anses, los empleadores podrían incluso acordar esos despidos con empleados que deseen irse a trabajar a otra empresa.

Otra trampa que surge del texto. Si la empresa se queda sin empleados, por jubilaciones o desvinculaciones no arbitrarias, lo recaudado en el FAL se le deposita al empleador, dice el proyecto. La plata de los jubilados, en este caso, termina en el bolsillo, de los empresarios.