Uno de los principales argumentos de la Reforma Laboral que se encamina a su sanción en el Senado de la Nación es el de una supuesta "industria del juicio". Desde el presidente Javier Milei hasta gobernadores, pasando por legisladores, ministros, funcionarios de segunda línea y voceros mediáticos, han insistido en más de una ocasión en que existe una presunta red organizada que busca perjudicar a empleadores a través de litigios que serían promovidos por un exceso de libertades que se toman aquellos que ocupan un puesto y, por algún motivo o problema, deciden ir a la Justicia. Esa actitud, que en vez de leerse en clave de derechos, se registra como una agresión y tendría complicidad en abogados y tribunales, que terminarían fijando fallos que, como consecuencia, llevarían a la quiebra a las empresas. En pocas palabras, reclamar lo justo está mal. Con ese espíritu trascendió la norma que está a punto de quedar consagrada en el Congreso, pese a que en la práctica no exista sustento empírico que respalde la afirmación, en casos exagerada de forma delirante.
En diversas ocasiones colegios que nuclean a abogados han señalado que la existencia de tribunales de trabajo no es el obstáculo para el desarrollo económico, sino que una garantía de tutela de los derechos en un contexto de una relación naturalmente desigual, como lo es la de dependencia. Pese a ello, ha prosperado en las últimas semanas un discurso diametralmente opuesto: el de una supuesta igualdad entre uno y otro. "Son socios naturales. El empleador emprende, arriesga, se endeuda. Y sin empleador, no hay empleado. Son naturalmente colaborativos. Es la única forma de generar valor y riqueza, produciendo bienes y servicios", apuntó por ejemplo el senador nacional libertario por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch, en la sesión donde se le dio media sanción a la norma que ahora regresa con cambios. La realidad histórica marca que el fuero laboral fue instituidos conforme a lineamientos de la Constitución, precisamente para equilibrar esa disparidad y proteger tanto al trabajador en tanto eslabón débil como al empresario, que por su sola posición goza de privilegios en relación al otro actor involucrado.
En Entre Ríos no existe una industria del juicio. La sentencia no es caprichosa, se basa en los datos relevados por los propios especialistas en la materia: en la provincia el 0,74% de los empleados registrados -menos de uno de cada 100- ya sea del sector público o del sector privado, termina yendo a tribunales con algún reclamo. El número no es mucho mayor cuando se hace la discriminación específica dejando de lado a los estatales, dado que la Reforma no los contempla: crece al 1,5%.
"Hay que discriminar juicios por despidos y juicios por accidentes de trabajo. Esta diferenciación es clave, porque una la paga el empleador y la otra la Aseguradora de Riesgos de Trabajo. Del primero, entre 2021 y 2025, el promedio se mantuvo estable, no ha crecido. En 2025 hubo 2.050, de los cuales un número importante, el 20%, se resolvió a través de homologaciones. Es decir, no solo el número es bajo, sino que además una buena parte no llega a la última instancia, sino que se promueve un entendimiento previo", indicó a El Destape, José Ruiz, titular del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. La entidad emitió un dictamen sobre la Reforma Laboral dejando en claro no solo el grave retroceso en materia de derechos que significa, sino que además desmitificando la idea instalada de una andamiaje legal que busque fundir firmas. Además, y pese a su relevancia, casi no fue tenido en cuenta a la hora de consultas vinculadas al tema: "Al Congreso, como otras ocasiones, no fuimos. También es cierto que casi no hubo trabajo en comisiones. De los legisladores, solo nos llamó una diputada de la oposición".
Ruiz resaltó que para entender los juicios laborales hay que partir de la base de que el trabajador tiene derecho a hacer un reclamo cuando algo que le corresponde no es reconocido, porque en todos los casos se parte de la base de un incumplimiento, que genera una litigiosidad: "No obstante, si uno analiza el proceso administrativo, en general no hay un reconocimiento pleno de los derechos del trabajador. Es decir, en general, el que pierde es el empleado, que termina cediendo, ya sea en un arreglo o en una instancia superior".
En otro orden, el letrado afirmó que sí se ha registrado un crecimiento exponencial de procesos vinculados accidentes de trabajo, que en 2025 superaron los 1.600. Señaló que si bien las causas son varias, hay dos que priman: "El primero es que en muchos casos la ART decide no hacerse cargo, lo cual obliga a recurrir a la Justicia. Pero además porque a partir de la adhesión a la ley nacional, se estableció la creación de comisiones médicas, que en Entre Ríos en particular son apenas tres. Una de ellas, en Concordia, estuvo más de un año y medio sin médico. Entonces se formó un cuello de botella que levantó el registró de forma exponencial".
Volviendo a los litigios por despidos, Ruiz apuntó que el tema debe ser analizado "más allá de lo retórico" y cargó: "Es un título que no se sostiene, no solo a nivel nacional, sino que en lo particular. Entre Ríos está lejos de ser una de las jurisdicciones que más juicios tiene". El abogado destacó que la confrontación entre empleado y empleador "es falaz" y señaló: "Puede suceder que en algún caso puntual alguna empresa presente dificultades para afrontar el pago de una demanda, pero en las mayoría de las veces los intereses son muy bajos y están calculados con un coeficiente atrasado en relación a otras provincias".
Para cerrar, el abogado subrayó su mirada -y la del Instituto- en relación a la ley de Modernización en general: "Tiene un tono revanchista, no resuelve ningún problema, es regresiva y ataca los pilares del derecho del trabajo, además de desmantelarlo. Solamente favorece a los empresarios, apunta a quitarle fuerza a trabajadores, sindicatos, abogados y justicia laboral. No solo que no va a resolver los problemas actuales, sino que además posiblemente, como ha sucedido con otras leyes similares, la litigiosidad en vez de caer, crezca fuertemente". Y finalizó: "No solo no encontramos ninguna industria del juicio, sino que además no se conoce caso de un empleador que se haya fundido por un juicio laboral".
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