El fiscal Luciani y un gesto al gobierno en plena crisis: amenaza con revocar la domiciliaria de CFK por la marcha del 24 de marzo

En medio de la crisis económica y política que atraviesa el gobierno de Javier Milei, el fiscal Diego Luciani amenazó con revocar la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner. Según se supo, le cuestiona a CFK haber saludado a la multitud que pasó por su departamento de San José 111 el último 24 de marzo cuando marchaba hacia la Plaza de Mayo en conmemoración del 50º aniversario del último golpe de Estado. El pedido del fiscal del caso Vialidad para que el tribunal le llame la atención a la exmandataria pareció estar a medida de las necesidades de la Casa Rosada: se dio en medio de las denuncias por corrupción contra el jefe de gabinete Manuel Adorni, las novedades del caso $LIBRA que golpean al Presidente y la multitudinaria marcha de este martes en que el pueblo salió a las calles a expresarse en contra de la última dictadura cívico-militar.

Este último viernes, el fiscal general Diego Luciani y su adjunto Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 que “exhorte a la condenada, Sra. Cristina Fernández, para que, en lo sucesivo adopte las medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”. ¿Qué molestó a los fiscales? El apoyo popular que recibió CFK el 24 de marzo y la semana anterior cuando fue a declarar a Comodoro Py en indagatoria en el juicio del caso Cuadernos que provocó que la exjefa de Estado se tomara unos minutos para saludar. Como si fuera un crimen añadieron, en su escrito de 9 páginas, imágenes de la movilización popular que pasó esos dos martes por San José 1111-donde Cristina cumple arresto domiciliario por la injusta condena en el caso Vialidad, una causa paradigmática del lawfare-. La decisión de los fiscales hace juego con los intereses del gobierno de desviar la atención e intentar modificar la agenda mediático-judicial que se instaló los últimos días.

La amenaza de Luciani no tiene asidero. Basta leer su planteo para concluir que sus dichos son más de tinte político que jurídico.

¿Qué sostuvo Luciani? Que el 17 de junio de 2025, cuando el Tribunal del juicio Vialidad le concedió a Cristina el “beneficio de cumplir la pena de prisión a la que fue condenada bajo la modalidad de arresto domiciliario”, se le impuso “entre otras condiciones la de ‘abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes’”. Según Luciani y Mola, lo que sucedió el 17 y el 24 de marzo perturbó la tranquilidad del vecindario y es causal de revocatoria de la domiciliaria. Es decir: los fiscales consideran que por ese apoyo popular, la expresidenta debiera ser alojada en una cárcel común. Ni a los genocidas les exigen esa conducta.

La marcha del 24 de marzo

El 24 de marzo pasado, en el marco del 50 º aniversario del último golpe de Estado cívico-militar, militantes de La Cámpora realizaron su tradicional marcha desde la exESMA hacia Plaza de Mayo. Este año, con CFK detenida, la movilización decidió pasar por San José 1111. Es conocido que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hicieron de los Derechos Humanos una política de Estado. No debiera sorprender a nadie que en esa fecha haya manifestantes que quisieran saludar a la exmandataria. Eso, molestó a los fiscales Luciani y Mola.

“En el día de ayer, 24 de marzo de 2026, y apenas una semana después, nuevamente a través de diversos medios de comunicación, se ha podido tener conocimiento de que un grupo de personas se congregó en el domicilio de San José 1111, oportunidad en la que la Sra. Fernández se apersonó por un lapso considerado en el balcón de la vivienda”, se quejaron Luciani y Mola este miércoles. Resaltaron que “Cristina Fernández de Kirchner habría permanecido por más de una hora en el balcón” de su vivienda saludando a la multitud. Para dejar evidencia de ese “crimen” añadieron en su escrito fotos y videos de ese momento reproducido por canales oficiales de La Cámpora y por Página12.

“Entendemos que las circunstancias que se pueden visualizar en estas imágenes y videos, entre otras, deben ser ponderadas con extremo celo por el Tribunal en la medida en que, a nuestro juicio, no solo la Sra. Fernández se podría haber expuesto a riesgos para su seguridad personal, que justamente intentaron ser neutralizados mediante la concesión de la modalidad de cumplimiento de pena domiciliaria, sino que además permiten avizorar una alteración de la circulación y normal orden del barrio en el que se encuentra emplazada la vivienda, que, en suma, entra en contradicción con el núcleo de las resoluciones adoptadas por el Tribunal”, señalaron los fiscales que tuvo el juicio Vialidad. Por eso consideraron que se debe llamar la atención de CFK y advertirle que puede ser enviada a una cárcel.

Para reforzar su postura, Luciani y Mola sostuvieron que la semana anterior, la del 17 de marzo, se dio una escena semejante cuando Cristina fue a declarar a Comodoro Py en indagatoria en el marco del juicio del caso Cuadernos, otra causa emblemática del lawfare. Los fiscales también sumaron fotos de ese momento e hicieron referencia a “una llamativa concentración de personas” en la vivienda de CFK, a un video que “permite visualizar a la Sra. Fernández en el balcón de la vivienda, saludando a ese grupo de personas” y a que después de declarar en tribunales “al regreso al domicilio de detención, aún se encontraban gran cantidad de manifestantes” en San José 1111. Para Luciani y Mola, “lo más llamativo es que, siempre según las publicaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales abiertas al público, esa convocatoria no fue totalmente espontánea. Es decir, al menos en parte, no se trató de ciudadanos que motu proprio se autoconvocaron en el domicilio”.

Para estos fiscales lo sucedido el 17 y el 24 de marzo “cobra relevancia en virtud de los fundamentos que fueron tenidos en cuenta por el Tribunal en pleno al concedérsele (a CFK) el cumplimiento de la pena bajo arresto domiciliario. En efecto, se desprende de esa resolución que uno de los motivos que se consideró dirimente fue ‘la seguridad personal de la peticionante como consecuencia del intento de homicidio que la tuvo como víctima’ (…) junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en prácticas discordantes para el derecho constitucional y convencional –aislamiento– (…)”. “Frente a tamaña convocatoria y la conducta asumida por la propia persona condenada –siempre según las elocuentes imágenes– nos preguntamos y se cierne una legítima duda sobre si, bajo tales condiciones, las condiciones de seguridad sobre las que la propia defensa basó su solicitud de arresto domiciliario y el Tribunal ponderó al concederle un beneficio extraordinario (reiteramos: la regla es el cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario) se encuentran completamente aseguradas, y cuál es el rol que, en ese marco, cabe a la propia condenada”, añadieron. Luego sumaron que las actitudes de Cristina del 17 y 24 de marzo “difícilmente sean compatibles con la obligación que asumió de adoptar comportamientos que (NO) alteren la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Ante este escrito provocativo en plena crisis económica y política del gobierno, desde la defensa de CFK analizaban los pasos a seguir. Una posibilidad era contestarlo. Otra, no hacerlo para no hacerle el juego a los fiscales y poner el tema en la agenda mediática.

Ahora se espera por la respuesta que dará el tribunal. Que puede ser desde un simple “téngase presente” a realizar algún llamado de atención a la expresidenta, que no debiera descartarse ya que se trata de un tribunal del lawfare. En estos momentos resaltan las palabras de Milei en la reciente Asamblea Legislativa cuando afirmó que Cristina seguirá presa y por muchos años. Evidentemente, el Presidente da por descontado de que tiene el apoyo de un sector del Poder Judicial para que si no hay pan por lo menos continúe el circo mediático-judicial en torno a la exmandataria.