Luego de que el dirigente social Juan Grabois sea procesado por ingresar al Instituto Perón en junio de 2025, el Frente Patria Grande tildó la decisión del juez federal Sebastián Ramos como un "amedrentamiento" y un "mamarracho jurídico" por parte de la "mafia judicial". También la calificó como una "presión" del gobierno de Javier Milei y recordó la absolución que le dio el juez al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en la causa Lago Escondido.
"Es un mamarracho jurídico que solo se explica por la presión que ejerce el propio gobierno, de la mano del Ministro de Injusticia Juan Bautista Mahiques, para presionar a nuestro dirigente y ejercer una persecución política general sobre la oposición", indicó el partido en un comunicado.
En su escrito, el espacio recordó que el juez Ramos "es el mismo que absolvió a su amigo" Mahiques de la causa de Lago Escondido, en la que se investigaba un encuentro de jueces federales, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín en la estancia del magnate británico Joe Lewis. "No nos vamos a dejar amedrentar por Milei y la mafia judicial de Lago Escondido", dice la carta.
El comunicado también vincula el avance de la causa con la denuncia presentada por Grabois contra el excandidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert por presunto lavado de dinero.
"No casualmente se da en el marco del llamado a indagatoria a José Luis Espert por lavado de dinero, causa que se desarrolla a raíz de la denuncia que presentó el propio Juan Grabois y que el gobierno está desesperado por frenar", sostiene el texto.
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Entre las principales irregularidades que señala Patria Grande está que "desde un inicio fue la propia Patricia Bullrich quien confirmó en televisión que Juan Grabois había sido detenido por orden del Gobierno y, por ende, no por una orden judicial".
De qué lo acusan
En concreto, la Justicia lo procesó por "violación de domicilio" y "resistencia a la autoridad" tras ingresar junto a un grupo de personas el 7 de junio de 2025 al Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2593, un edificio público que se encontraba cerrado por un decreto de la gestión de Milei.
"En la causa se lo denuncia por dos delitos inventados. El primero es resistencia a la autoridad, cuando todos vimos gracias a las decenas de cámaras que había como fue el propio Juan Grabois que se entregó a la policía sin ningún tipo de resistencia, cuando vinieron a amenazar con violentar a sus compañeros. Esto que todos vieron fue enviado a la justicia también, que tiene el video en sus manos, a pesar de que no tomó ni una sola medida de prueba", planteó el espacio.
En relación a la acusación por violación de domicilio, Patria Grande asegura que se trata de "otro delito inventado", ya que "no existe siquiera dado que estamos hablando de un edificio público en donde se estaba realizando una permanencia en forma de protesta pacífica, lo cual es un derecho constitucional por más que le pese a este gobierno y a sus jueces amigos”.
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