Trabajadores estatales de Entre Ríos finalizarán el año en conflicto con el gobierno provincial. Tanto quienes se desempeñan en reparticiones de la provincia como docentes y agentes judiciales se han manifestado disconformes con la determinación de la gestión de Rogelio Frigerio de no reabrir la paritaria. Desde gobernación confirmaron que no habrá aumento antes de fin de año y que están trabajando en un esquema de recategorizaciones.
Pese a la firma de un acuerdo a mediados de 2025 que "blinda" los sueldos contra la inflación oficial, los gremios consideran que existe una pérdida no recuperada de años anteriores y que además la suba real es superior, debido a los conocidos errores del Indec para ponderar la variación de precios. En los últimos días se han multiplicado las expresiones de rechazo a la negativa a convocar a una mesa salarial, lo cual ha activado paros, movilizaciones y un potencial conflicto que podría derivar en que no se inicien las clases con normalidad en 2026.
Los estatales, de paro activo
Tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) han decidido realizar huelgas activas, con asambleas en lugares de trabajo, marchas y entrega de petitorios. La situación levantó temperatura luego del 4 de noviembre, fecha en la que estaba prevista una paritaria que el gobierno suspendió bajo el pretexto de estar trabajando en un plan de recategorizaciones, pero que nunca se reprogramó. Esa instancia sería pateada hasta febrero.
El jueves fue el turno de ATE. Un numeroso grupo de empleados de diversas áreas se movilizaron hacia la Secretaría de Trabajo, donde dejaron plasmado en un documento ingresado por Mesa de Entradas la necesidad de ser convocados a discutir una actualización de los salarios.
"El gobierno ha congelado la paritaria. Por eso con mucha claridad y firmeza hemos marchado para decirle al gobernador que necesitamos revisar los sueldos. Con una inflación que no da tregua, si no hay un ajuste ahora para febrero habremos perdido el 31% de poder adquisitivo frente a los precios", indicó a El Destape, Oscar Muntes, secretario General de ATE Entre Ríos. El dirigente apuntó también afirmó que urge revisar el instructivo de recategorizaciones y los contratos que podrían caerse antes de fin de año: "No podemos ser los trabajadores la válvula de salida de la crisis, no tenemos por qué pagar los platos rotos de esta crisis, de este modelo nacional que nos empobrece todos los días un poco más".
UPCN, por su lado, terminó de definir en las últimas horas un esquema de acción para el martes próximo. El sindicato, conducido por el exlegislador José Allende, es el que se ha mostrado más cercano a la Casa Gris. Sin embargo, ha establecido un cronograma de actividades tendientes a visibilizar el malestar que prevalece entre los afiliados.
"Desde cada organismo, compañeros y compañeras siguen expresando su apoyo porque no podemos seguir sosteniendo el ajuste con nuestro salario. La realidad es clara, los sueldos están congelados, las cifras en negro avanzan y la pérdida de poder adquisitivo golpea a todos los sectores", apuntaron desde el gremio. Y agregaron: "Este paro activo es una jornada para organizarnos, debatir y visibilizar lo que estamos viviendo, con acciones en cada lugar de trabajo y diálogo directo con la ciudadanía".
En contacto con El Destape, fuentes del gobierno entrerriano aseguraron que no habrá aumento antes de fin de año. Indicaron que se respetarán los acuerdos firmados y que hasta entrado el 2026 no habrá una nueva propuesta. Adelantaron, además, que están trabajando en un esquema de recategorizaciones que incluye 10 mil trabajadores.
Los docentes, en estado de alerta y movilización
Los maestros también se han manifestado en las últimas horas, sobre el filo del cierre del ciclo lectivo. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizó un congreso en San Salvador, donde concluyó que debe haber una repuesta urgente a las demandas salariales o de lo contrario peligra el inicio de las clases en 2026, previsto para el 2 de marzo. A través de documentos remitidos a la prensa luego del cónclave, el principal sindicato educativo de la provincia se declaró en estado de alerta y movilización y resaltó que no solo se debe llamar a la instancia vinculada a sueldos, sino que también se deben reabrir las comisiones de trabajo. Demandaron, en ese sentido, “estabilidad laboral mediante la titularización para docentes en todos los niveles”.
En otro apartado, dese Agmer fundamentaron sus requisitos en una serie de cuestionamientos que le hacen a la Casa Gris, como “la amenaza de reformas regresivas en material educativa, previsional y laboral”; avances “inconsultos” en relación a cuestiones vinculadas a la escuela secundaria; el cierre de carreras de formación docente y el riesgo de que se pierda el transporte escolar, dado que los contratos vencen el 31 de diciembre. "De no existir una respuesta que contenga estos planteos, alertamos sobre la responsabilidad absoluta del gobernador de cara al ciclo lectivo 2026", concluyeron.
En relación a una posible reforma previsional, tanto Agmer como otros espacios ya han manifestado su intención de conocer el proyecto que está delineando la Administración Provincial y que podría ser presentado antes de fin año. Fuentes de la gestión de Rogelio Frigerio le garantizaron a El Destape que, más allá de algunos aspectos que podrían cambiarse -especialmente regímenes especiales, algo que sí podría afectar directamente a los maestros- no se tocarían las dos grandes banderas del sistema jubilatorio entrerriano: la edad ordinaria y el 82% móvil.
Judiciales recurren al paro para protestar
Los agentes del Poder Judicial también piden que se reabra el diálogo salarial. Nucleados en la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER), llevaron adelante un paro el viernes último y concretarán tres más durante diciembre. Si bien reconocen que históricamente han tenido sueldos más altos que el promedio, culpan a una Ley de Emergencia aplicada en 2020 en pandemia por la pérdida que registran actualmente.
En efecto, en aquel momento el ahora exgobernador Gustavo Bordet llevó adelante una norma que suspendió la Ley de Enganche, que obliga a que el Estado provincial actualice los ingresos de los trabajadores judiciales en función de las actualizaciones que realiza la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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