Ley de tierras: qué dice y qué esconde el polémico proyecto del Gobierno de Milei

El Senado se prepara para debatir este jueves el proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” impulsado por Javier Milei. La iniciativa deroga la llamada Ley de Tierras, norma sancionada en 2011 que limitaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Especialistas y organizaciones advierten que la reforma de la ley de Tierras abre la puerta a la entrega de territorios estratégicos: lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, acuíferos que abastecen a millones y zonas de frontera sensibles al contrabando y al narcotráfico.

Uno por uno, los puntos más críticos de la reforma de la ley de tierras

El proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa Javier Milei y que se debatirá en el Senado busca derogar la norma sancionada en 2011 que establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En primer lugar, la iniciativa elimina el tope del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, lo que abre la posibilidad de que se triplique la superficie en manos foráneas. En segundo lugar, habilita la adquisición de territorios estratégicos que hasta ahora estaban protegidos: lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, acuíferos que abastecen a millones de personas y zonas de frontera sensibles.  

Además, el proyecto apunta a derogar el artículo 10 de la ley vigente, que prohíbe a extranjeros comprar tierras ribereñas de cuerpos de agua permanentes. Esto permitiría que se entreguen ríos y lagos para proyectos turísticos exclusivos, generación de energía o instalación de grandes centros de datos. A su vez, la reforma modifica el decreto/ley de 1944 sobre tierras en zonas de frontera: con la autorización de la provincia y el silencio administrativo del Estado nacional, se habilitaría la extranjerización de áreas limítrofes, lo que especialistas advierten podría facilitar el contrabando y el narcotráfico.  

Por otro lado, la iniciativa mantiene la prohibición de que Estados extranjeros o empresas con participación estatal directa adquieran tierras, pero deja vía libre a ciudadanos y sociedades privadas. Esto es relevante porque, según cifras oficiales, actualmente hay 13,2 millones de hectáreas en manos extranjeras, con predominio de ciudadanos de Estados Unidos, Italia y España, que concentran la mitad de la tierra extranjerizada.  

Finalmente, el proyecto se inscribe en un paquete más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluye la ley de glaciares, el régimen de inversiones (RIGI), la ley de lobby y la ley de sociedades anónimas. En conjunto, estas medidas buscan flexibilizar regulaciones ambientales y patrimoniales para favorecer inversiones extranjeras, aunque críticos sostienen que implican la entrega de recursos estratégicos y un debilitamiento de los controles estatales.  

Datos claves de la reforma de la ley de tierras:

• La derogación de la ley de 2011 y la eliminación del tope del 15% de extranjerización.
• La habilitación de la compra de territorios estratégicos como lagos, acuíferos, cordillera minera y zonas de frontera.
• La derogación del artículo 10 que protege cuerpos de agua permanentes.
• La modificación del decreto/ley de 1944 sobre tierras en frontera.
• La restricción que se mantiene para Estados extranjeros o empresas estatales, pero no para ciudadanos o sociedades privadas.
• El contexto de cifras oficiales (13,2 millones de hectáreas extranjerizadas) y la concentración en nacionalidades como EE.UU., Italia y España.
• La vinculación con otras reformas del paquete legislativo (glaciares, RIGI, lobby, sociedades anónimas).
• Las advertencias de especialistas sobre riesgos de narcotráfico, contrabando y entrega de recursos estratégicos.