Diputados nacionales de la oposición se unieron para impugnar formalmente la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares a pocas horas de su inicio. Solicitaron la invalidez de las dos jornadas de ponencias, la nulidad de todos los actos realizados en su marco y la convocatoria a una nueva instancia que garantice condiciones “reales, abiertas e inclusivas” de participación. Es que con 102.000 inscriptos, sólo se convocó de manera presencial al 0,3%, mientras que el resto deberá enviar un video o un texto que será anexado administrativamente.
La iniciativa fue encabezada por el legislador Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y contó con el acompañamiento de representantes de espacios políticos como Sabrina Selva, Lucía Cámpora, Adriana Serquis y Gabriela Estévez de Unión por la Patria; María Inés Zigarán, Carolina Basualdo de Provincias Unidas; Pablo Juliano por Democracia para Siempre y Juan Brugge y Pablo Farías de Unidos.
En el documento formal presentado ante Martin Menem sostienen que la audiencia resulta inválida debido a “graves irregularidades” en la metodología adoptada, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana. En ese sentido, sostienen que el procedimiento vulnera el reglamento de la Cámara baja, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
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El tratamiento de la Ley de Glaciares
Si bien no hay expectativa en que el presidente de Diputados dictamine a favor del reclamo, el trámite es parte de una estrategia destinada a la judicialización posterior de la normativa una vez que se sancione la modificación. “El derecho no es absoluto pero cómo decidieron el listado no está claro. Sólo participa el 0,3% de los más de 100.000 inscriptos. Durante las dos jornadas en total serán sólo unas 300 o 340 personas que van a exponer. Además no publicaron quienes son los seleccionados y como lo hicieron”, señala uno de los firmantes.
Ferraro cuestionó duramente el esquema implementado y aseguró que “limita la intervención oral directa, introduce criterios discrecionales para seleccionar participantes y deja afuera a la gran mayoría de las personas inscriptas”. Además, denunció que se modificaron las condiciones de participación una vez iniciado el proceso. Los diputados remarcaron que el formato adoptado incumple estándares básicos de participación pública, como la transparencia, la igualdad en el acceso a la palabra y la necesidad de garantizar instancias de debate sustantivo antes de la toma de decisiones.
“Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa. Hay más de 100.000 personas inscriptas para opinar sobre un tema de enorme relevancia en todo el país. En lugar de garantizar la escucha, se decidió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces”, sostuvo el legislador.
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Por su parte, Selva afirmó que la participación fue “cercenada de manera arbitraria”, al no transparentarse el proceso de selección de expositores. También cuestionó que miles de personas fueran obligadas a reformular sus intervenciones, restringiendo su derecho a expresarse oralmente. Según indicó, la organización de la audiencia se amparó en un fallo de la Ciudad de Buenos Aires para limitar la participación de ciudadanos de todo el país. Asimismo, dejaron planteada la posibilidad de acudir a la vía judicial en caso de que persista la afectación del derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.
El Gobierno intenta por todas las vías evitar que el texto se judicialice ya que requieren habilitar las nuevas explotaciones mineras en zonas hoy prohibidas. Las empresas presionaron para que se cumpla con el trámite no vinculante de la participación para que la ley entre en vigencia rápidamente luego de la sanción.
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