La diputada nacional Lilia Lemoine decidió llevar a la Justicia el tenso episodio vivido durante el acto del Día de la Bandera en Rosario, donde una mujer la insultó y escupió mientras formaba parte de la celebración. La presentación es por el escrache que sufrió por parte de una ciclista rosarina a la que caracterizó como “militante feminista peronista”. Lemoine busca imponerle una perimetral y otras penalidades a la mujer que la agredió.
El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Rioja y Buenos Aires, en las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera. Mientras la legisladora circulaba por la zona, fue abordada por una mujer que le espetó un rotundo: “Tomátela de acá”. Si bien el registro fílmico que se viralizó inicialmente mostraba este intercambio, la denuncia de la legisladora introduce elementos de mayor gravedad, alegando que existió una agresión física que no fue captada nítidamente por las cámaras de los transeúntes.
La respuesta de Lemoine no se limitó a la exposición mediática. A través de un video difundido en sus redes sociales, la diputada confirmó que la justicia dictó una medida de protección a su favor. En su descargo, la legisladora no ahorró calificativos para describir a la denunciada, refiriéndose a ella como una “militante feminista peronista que la escupió y la amedrentó”. Esta declaración no solo busca validar la acción legal, sino que también intenta encuadrar la protesta ciudadana dentro de una matriz de militancia opositora organizada, restándole espontaneidad al malestar social.
Este incidente ocurrió a pesar del “importante operativo de seguridad” que rodeó las actividades oficiales en Rosario. La presencia de fuerzas federales y el vallado extenso, característicos de las presentaciones de Javier Milei, parecen no ser suficientes para aislar a los funcionarios.
La denuncia de Lemoine abre un interrogante sobre el límite entre el hostigamiento condenable y el derecho a la libre expresión de los ciudadanos en la vía pública. Al ampararse en una resolución judicial frente a una ciudadana que, según los videos, solo manifestó su rechazo de forma verbal, se corre el riesgo de criminalizar el descontento. Mientras el Gobierno se aferra a protocolos de seguridad y denuncias penales, la distancia con los sectores de la población que no coinciden con su rumbo parece ensancharse.
Cerrar sesión