En una nueva muestra de su política de ajuste fiscal contra los más vulnerables de la sociedad, el gobierno de Javier Milei oficializó un cambio estructural en el sistema de transporte que impacta de lleno en el bolsillo de jubilados, pensionados y otros grupos sociales que ya se encuentran al límite. A partir de este 1° de julio entró en vigencia la Resolución 40/2026, que modifica el esquema de cálculo de la tarifa social de la tarjeta SUBE.
La medida rompe con la actualización automática que acompañaba las subas de boletos en todo el país. De este modo, se establece un "techo" basado en valores que pueden quedar desactualizados, lo que somete a los beneficiarios a decisiones arbitrarias de la Secretaría de Transporte.
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La normativa, publicada en el Boletín Oficial, determina que los usuarios del sistema "abonarán una tarifa con un descuento del cincuenta y cinco por ciento (55 %)", pero introduce una salvedad técnica que altera el espíritu del beneficio: el descuento ahora "será reconocido hasta el monto que resulte de aplicar dicho porcentaje sobre la tarifa de referencia". Esta "tarifa de referencia" quedó fijada de manera estática a los valores vigentes al 30 de junio de 2026.
Este cambio administrativo recae sobre un universo de usuarios ya castigados por la inflación: jubilados, pensionados, personal doméstico, veteranos de Malvinas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo. También alcanza a monotributistas sociales y a quienes perciben seguros por desempleo o capacitación.
Un ajuste encubierto
La justificación oficial de la Secretaría de Transporte reside en que las tarifas en las distintas jurisdicciones del país "presentan una dinámica frecuente y heterogénea". Según el texto de la resolución, los incrementos decididos por provincias y municipios "no responden a decisiones adoptadas por la autoridad nacional", lo que, desde la óptica oficial, dificultaba la previsión del gasto destinado a financiar el beneficio. En otras palabras, para el Gobierno, el problema no es el aumento del costo de vida para el usuario, sino la imposibilidad de planificar el recorte fiscal cuando los boletos suben fuera de su control directo.
En la práctica, esta medida implica que, ante futuros aumentos en colectivos o trenes, el Estado nacional dejará de cubrir el 55% del valor real del pasaje si este supera la referencia fijada en junio. El impacto no será inmediato para quienes viajan hoy, pero se sentirá con fuerza en la próxima escalada de precios, ya que el subsidio quedará congelado mientras el boleto sigue su carrera ascendente.
Así, el Ejecutivo busca establecer "un criterio objetivo y uniforme para determinar el reconocimiento" del subsidio, priorizando la "administración de los recursos estatales" por sobre el poder adquisitivo de los pasajeros. Mientras Nación Servicios S.A. adecua los sistemas para esta nueva realidad, queda claro que la estrategia de la gestión actual es clara: si los costos suben, el Estado ya no acompañará automáticamente a quienes menos tienen, blindando las arcas públicas a costa de la movilidad de millones de argentinos.
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