Trama y personajes detrás de la reforma del Código Penal

A finales de octubre Mauricio Macri fue invitado a Chile a un seminario del banco Bice para compartir “su experiencia en liderazgo político y reformas económicas en contextos de alta complejidad”. Fue al hueso, contó como hacía para distenderse: “Lo mejor que me pasaba los fines de semana como presidente era ir a mi quinta a jugar al paddle con mis amigos. Porque mis amigos, a lo largo de mi vida, cuantas más responsabilidades tenía más me querían ganar a todo. En cambio los otros del poder los invitaba a Olivos a jugar un partido y me decían ‘perdón presidente’ cuando me hacían un tanto. Y yo decía que no los inviten más, que quería jugar un partido de paddle, no que me pidan perdón”.

No se sabe quienes iban a la quinta Los Abrojos de Macri ya que no tiene registros de acceso públicos. Sí, en cambio, El Destape reveló hace unos años quienes eran asiduos contrincantes red de por medio del entonces presidente en Olivos. El más habitual era el juez Mariano Borinsky, que estuvo al menos 16 veces en la quinta de Olivos con Macri. Los registros no detallan quién ganaba los partidos, pero Macri no destaca por sus atributos deportivos y Borinsky es famoso en tribunales por sus dotes con la raqueta. Lo que si se sabe, a partir del trabajo de este medio, es que las visitas de Borinsky a Olivos coincidían con movimientos en los expedientes judiciales que le interesaban a Macri e involucraban a CFK, incluidas la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la mediática Ruta del dinero K, la causa Dólar Futuro, la de la Obra Pública de Vialidad en Santa Cruz y hasta el caso Ciccone contra Amado Boudou.

La existencia de esas reuniones nunca estuvo en cuestión: lo confirman los documentos oficiales que obtuvo El Destape, que además consultó al propio Borinsky, quien reconoció las visitas. Macri, en una entrevista hace unos años en TN, reconoció: “Un juez, que tenía un compromiso con el Código Penal, que hizo una propuesta del Código Penal muy buena, jugó al tenis simultáneamente varias veces conmigo porque teníamos amigos comunes”.

La excusa de que se reunían para hablar del Código Penal solo se sostiene si era para no respetarlo, ya que Borinsky fue una de las piezas clave para la persecución judicial desatada durante el macrismo por fuera del Estado de Derecho. Macri efectivamente designó a Borinsky al frente de una Comisión para la Reforma del Código Penal. Lo hizo el 13 de febrero de 2017, lo que no sería justificación pero al menos una coartada para encuentros posteriores a esa fecha. ¿Cómo explican entonces las 6 visitas anteriores a ese día de Borinsky a Olivos, todas en 2016, en fechas clave para causas como la Ruta del Dinero K, Dólar Futuro y Memorándum con Irán?

El detalle de las juntadas previas a que Macri le pidiera a Borinsky un nuevo Código Penal es:

• 1ra visita: 11 de agosto de 2016. En su primera visita registrada a Olivos el juez Borinsky figura entre los que fueron a jugar al fútbol. Era jueves, día de semana, pero se anotaron en el picadito José Torello, Pablo Clusellas y Santiago Otamendi por la Mesa Judicial, además del secretario privado de Macri, Darío Nieto, el escriba Hernán Iglesias Illia, el tenista Gastón Gaudio y el animador Mariano Iúdica. Ese día, el Centro de Información Judicial (CIJ) publicaba dos fallos en los que intervinieron Borinsky y Gustavo Hornos, que tres días antes se había reunido con Macri en la Casa Rosada. Uno de los fallos estaba vinculado a la mediáticamente bautizada “Ruta del dinero K” y otro contra Aníbal Fernández. 
• 2da visita: 24 de agosto de 2016. La segunda vez Borinsky fue a jugar al tenis con Macri. Estaban los acompañantes habituales de esas citas, el tesorero de River Ignacio Amui y el amigo presidencial Ramón Ulloa. A los dos días del tenis en Olivos el juez Borinsky confirmó a Bonadío al frente de la causa Dólar Futuro. Firmó junto a Hornos. Y lo que firmaron fue el rechazo a un recurso que interpuso CFK. El caso se cerró por inexistencia de delito.
• 3ra visita: 7 de septiembre de 2016. Borinsky fue nuevamente a jugar al tenis con Macri un miércoles. Estaban los habitués Ulloa y Amui.
• 4ta visita: 15 de septiembre de 2016. Ese jueves el juez Borinsky fue a jugar al paddle con Macri a Olivos, junto a los infaltables Ulloa y Amui. También había fútbol de funcionarios y famosos. Ese mismo día Borinsky firmó un fallo en la mediática “Ruta del dinero K” donde rechazaron la recusación contra el juez Casanello que había presentado Leandro Báez.
• 5ta visita: 6 de octubre de 2016. Otra vez un jueves de paddle entre Macri y Borinsky. En esta ocasión estuvieron acompañados por Amui y Diego Sacerdote. Ese mismo día, Borinsky firmó un fallo donde ratificó a los jueces que intervenían en la causa Dólar Futuro. Lo hizo junto al juez Hornos. El cuestionamiento lo había planteado CFK. Los jueces apoyados por Borinsky y Hornos eran Bonadío y los camaristas Martín “Doctrina” Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. 
• 6ta visita: 23 de diciembre de 2016. En la sexta visita de Borinsky a Macri no figura que hicieran deporte. Borinsky llegó a las 17 y se fue a las 18.59. Seis días más tarde Borinsky fue clave para la reapertura de la denuncia de Nisman contra CFK, Héctor Timerman y otros funcionarios, una farsa sin sustento jurídico que había sido desestimada dos veces en primera instancia y dos veces por la Cámara Federal y era uno de los pedidos públicos de Macri. Con esa decisión, los camaristas le entregaron el caso a Bonadío, que había hecho una de sus habituales maniobras de armado de una causa paralela para luego absorber esta.

Macri y Borinsky no pudieron avanzar con la reforma del Código Penal y se vieron otras 10 veces más en Olivos. Pero vale la pena recordar este vínculo promiscuo porque Macri ya no es presidente pero Borinsky sigue integrando la máxima instancia penal del país y oficia de vocero de un nuevo proyecto de reforma del Código Penal impulsado ahora por Javier Milei, en cuya redacción también participó. En tribunales comentan que su sueño es que se lo conozca como el "Código Borinsky". 

El texto del proyecto del nuevo Código Penal no es público, un oscurantismo que ya es práctica común en el gobierno libertario. Borinsky dedicó los últimos días a una gira mediática para explicar sus bondades. Incluyó una visita al programa de Cristina Pérez, la pareja del aún hoy ministro de Defensa Luis Petri, donde llevó una copia impresa y anillada del proyecto y estuvo dispuesto a contestar sobre cualquier tema. La anfitriona lo presentó como Presidente de la Cámara de Casación, cargo que no tiene pero que no se ocupó de aclararle.

La pareja de Petri no le preguntó a Borinsky por sus partidos con Macri, tampoco si practican otro deporte con Milei. Su preocupación respecto al Código Penal se basa en los noticieros de la mañana, así que Borinsky la tranquilizó con aumentos de penas y tipificaciones para motochorros, viudas negras y salideras bancarias. También le preguntó por los decomisos en casos de corrupción. “¿Al que aparece en una causa donde hay seria sospecha de que hubo un proceso de corrupción grave, vamos a poner de ejemplo Lázaro Baez, se le pueden decomisar los bienes antes de que termine el proceso?", preguntó la anfitriona. “No te puedo contestar de esa causa porque soy el juez. Pero vamos a imaginarnos XX. Se puede desde comienzo del proceso penal, con verosimilitud, con indicios unívocos, precisos y concordantes, sin la necesidad de esperar una sentencia final, en forma autónoma e independiente”.

Este es uno de los tantos puntos criticados por eminencias del derecho como Marcelo Sancinetti, profesor emérito y titular de una de las cátedras de Derecho Penal de la UBA. Sancinetti publicó un texto en el portal Palabras del Derecho para, primero, desmentir que sea uno de los “asesores especializados” para este proyecto de reforma del Código Penal. Luego escribió: “quisiera señalar que, p. ej., el así llamado 'endurecimiento de las penas' no es en absoluto plausible para los juristas ilustrados. No se trata, tan sólo, de que no esté demostrado empíricamente que la gravedad de las penas tenga incidencia sobre el potencial disuasorio del Estado sobre aquel propenso al delito (tal como se suele oír). Más bien sí está demostrado empíricamente lo contrario, que la mayor gravedad de las penas no tiene ninguna incidencia sobre la comisión de delitos, ni sobre su grado de su crueldad, ni sobre su frecuencia.” Y criticó especialmente el decomiso anticipado: “toda consecuencia punitiva que sea ‘antici­pada’ a la existencia de una sentencia penal condenatoria firme sustrae garantías del ciudadano, quien no puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso (art. 18; CN), y pasa a ser tratado así con las herramientas del llamado Derecho Penal del enemigo”.

La gira mediática de Borinsky tuvo otra parada con Rolando Graña. El contacto fue telefónico y comenzó con el caso de los empresarios argentos agarrados in fraganti en Miami por robarse una valija con ropa. Graña celebraba que en Estados Unidos les pusieron un traje naranja y están presos y afirmaba que en Argentina estarían libres; Borinsky le dijo que ahora ese tipo de delitos tendrán una pena de cumplimiento efectivo.

Borinsky no explicó cómo conocía el caso de estos mendocinos arrestados en Miami, aunque es posible que tanto detalle se deba a su devoción con Estados Unidos. Es habitual encontrarlo en los ágapes de la Embajada de Estados Unidos, tanto en su sede como los que auspicia. Tampoco le preguntan sobre el tema. No es el único que va.

La Comisión Fantasma

Esta propuesta de nuevo Código Penal es impulsada, obviamente, por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que hizo una fortuna declarada que incluye 25 departamentos y 2 casas en Argentina, un departamento en Miami, una casa en Punta del Este y cuentas en Suiza, Puerto Rico, Uruguay y Estados Unidos como abogado defensor de narcos como Mario Segovia (el rey de la Efedrina), violadores como José Alperovich y genocidas como Enrique Barré. Cúneo Libarona conoce incluso los calabozos del lado de adentro: estuvo preso por robarse una prueba en la causa AMIA, uno de los casos más importantes de la historia. Que sea ministro de Justicia es como si como si Ricardo Barreda estuviera a cargo del Ministerio de Mujeres.

También empuja el nuevo proyecto, obviamente, el secretario de Justicia Sebastián Amerio, que dijo esta semana: “Nosotros, dando la batalla cultural, la única inflación que queremos que haya en la Argentina es la inflación penal. Con esto, lo que quiero decir, no es solamente el aumento de penas y nada más. El Código actual tiene 316 artículos y este tiene 918. El delito es un concepto que no es estático, es dinámico, hay cosas que en 1921 no eran delito; hoy lo son. Entonces el Código es moderno, tiene aumento de penas, tiene también una proporcionalidad en todas sus penas”. Milei dice que la inflación es el impuesto para los pobres. No es un impuesto, pero si vale la analogía la inflación de las penas también será para los pobres, ya que este Poder Judicial tiene la lógica de la telaraña: quedan atrapados los pequeños, pero los grandotes pasan de largo. Con Macri sumaron la figura de flagrancia, que es una picadora de carne de sectores vulnerables; ahora van por un Código Penal entero.

El 1 de marzo de 2024, en los primeros días de la gestión libertaria, Cúneo Libarona creó la Comisión para la Reforma del Código Penal, integrada por los abogados Jorge Boumpadre y Horacio Jaime Romero Villanueva, los jueces Julio César Báez y Ricardo Basílico y él mismo. Pocos días después, el 13, tuvo que ampliarla. En su decisión original había escrito “que existen valiosos proyectos presentados en los últimos años que merecen consideración, en especial los dos últimos en los que intervinieron los doctores Roberto Carles y Mariano Borinsky”. Al sumar gente, sin embargo, solo convocó a Borinsky. Se ve que se lo habían olvidado y reclamó.

La nueva comisión incluyó también a:

• La jueza María Eugenia Capuchetti, designada por Macri con el padrinazgo de Daniel “Tano” Angelici. Capuchetti es hija del ex jefe de seguridad de la AFA Carlos Capuchetti. No le fue bien en el concurso para jueza, pero saltó del puesto 6 al 2 luego de varias visitas a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los brazos de Macri en la casa de espías. Una vez en Comodoro Py le tocó el caso del intento de magnifemicidio de CFK, que balcanizó para tratarlo como un hecho de inseguridad en Barrio Norte sin seguir las pistas política y económica; y también el caso más grande en términos económicos que hay en la Justicia, la deuda que tomaron de forma ilegal Macri, Nicolás Dujovne y Luis Caputo con el FMI. Para bajarle el tono al atentado contra CFK funcionó en modo gacela; para la deuda con el FMI sigue en modo ameba.
• Carlos Manfroni, que reivindica a los genocidas, es auspiciado por la embajada de Estados Unidos y tiene una relación de larga data con Patricia Bullrich, a quien acompañó tanto en el ministerio de Seguridad como en el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), en cuyas oficinas se borraron los celulares de las asesoras de Gerardo Milman antes de ser entregados a la investigación por el atentado contra CFK. El Destape reveló que, durante el macrismo, se utilizó el usuario de Manfroni para ingresar a la base de la Dirección Nacional de Migraciones para espiar los movimientos de los camaristas Ana Figueroa y Mariano Llorens. Entre sus publicaciones se destacan desde notas en la revista Cabildo hasta un libro con Victoria Villarruel que presenta como el “Nunca Más” de las “víctimas del terrorismo”.
• La abogada María Valeria Onetto, que según el portal Palabras del Derecho fue la defensora de Pablo Pinamonti, uno de los capos del espionaje ilegal macrista.
• La abogada Mercedes Rodríguez Goyena, que integra el estudio Cúneo Libarona.
• Fernando Soto, el abogado del policía asesino Luis Chocobar que Bullrich puso a cargo de las cuestiones judiciales del Ministerio de Seguridad.

Entre el jugador de paddle y sus compañeros no hay uno presentable. El gobierno hizo trascender que quiere que se cree una comisión bicameral para acelerar el tránsito de este proyecto en el Congreso. El apuro es tal que pretenden limitar las modificaciones al proyecto por parte de diputados y senadores.

Más delitos y más penas y más presos

El primer tópico que repiten Borinsky, Cúneo Libarona, Amerio et altres es que el Código Penal data de 1921 y hay que actualizarlo. Pasan por alto las decenas de modificaciones que tuvo en estos 100 años, así como leyes complementarias. Argumentan que hay delitos que no existían en el siglo pasado, que hay que tipificarlos como tales para luego, por otra ventanilla, promover la eliminación de la figura del femicidio, agregada en 2012.

El delito de femicidio se tipificó en el Código Penal argentino como agravante del asesinato en el caso de que asesine “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. Cúneo Libarona dijo que quieren eliminar la figura jurídica del “femicidio” porque “ninguna vida vale más que otra”, “la política tiene que ser igual para todos” y “tiene que haber paridad entre hombre y mujer”. Lo que no dice el ministro es que el agravante de la “violencia de género” es apenas uno de los doce que figuran en el artículo 80 del Código Penal actual, que impone prisión perpetua también cuando el asesinado es cónyuge o pareja (sea hombre o mujer), cuando es “con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso” (sea hombre o mujer), cuando es “precio o promesa remuneratoria” (sea hombre o mujer), cuando es “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión” (sea hombre o mujer), cuando es “a un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición” (sea hombre o mujer).

En el plano de la “inflación de penas” que propone Amerio, la senadora Carolina Losada impulsa que se agraven para las mujeres que hagan falsas denuncias de violencia de género. Nadie le pidió estadísticas que sostengan la necesidad de ese castigo. Menos mal, porque no hay y pasaría un papelón. Borinsky sí anticipó que su proyecto prevé un agravante para las estafas piramidales. La senadora Losada contó que ella participó del Telar de la Abundancia. El papelón ya lo hizo.

El gobierno filtró que su objetivo era declarar imprescriptibles delito como “homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico” y, obviamente, la corrupción. Nadie reparó en la doble contradicción de este festival de imprescriptibilidad en la diatriba libertaria. La prescripción es un límite al Estado en su intervención más invasiva sobre las personas, que es la persecución penal. Por otro lado, que casi todo sea imprescriptible lo que reconoce es la ineficiencia estatal para detectarlo. Y, una yapa: si no hay plazos de prescripción el proceso judicial será más lento, no más rápido. 

El gobierno y Borinsky destacan en cada intervención que ahora tendrán más delitos y más penas y más presos. La “inflación” del Código Penal. El ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, uno de los penalistas más respetados del país y consultado en todo el mundo, publicó una nota en Página/12 donde dejó este párrafo:

• Están jugando con la vida y la libertad de los habitantes. ¿Quieren llenar las cárceles de perejiles? ¿No se dan cuenta de que las cárceles superpobladas acabarán manejadas por bandas de delincuentes? ¿Que habrá motines, con descuartizados y decapitados? ¿Podrán dormir tranquilos cuando pase eso? ¿No ven ejemplos como el de Ecuador? ¿Creen que van a resolver eso con la privatización de las cárceles? ¿No saben que es un negocio que no funcionó en ningún lado? ¿Ignoran que el servicio federal norteamericano lo rechazó siempre? ¿No se dan cuenta que tenemos casi la mitad de nuestros presos sin condena, en prisión preventiva? ¿Están instigando a que los autos de prisión preventiva pasen a ser penas de muerte eventuales? ¿Se olvidaron de las cárceles sanas y limpias de la Constitución? ¿Creen que de este modo los van a reinsertar como dice la Constitución? ¿No se dan cuenta que con eso se reproduce delincuencia? ¿Con penas perpetuas y cárceles mortíferas quieren reinsertar cadáveres en los cementerios? ¿Se olvidaron que la prescripción se establece porque el tiempo elimina pruebas? ¿Creen que un degenerado psicópata que comete un crimen aberrante va a intimidarse con la pena perpetua? ¿No saben que no es bueno agregar más y más tipos penales? ¿A cada noticia sensacionalista agregan un tipo penal? ¿Creen que si ponen el cáncer en un tipo penal no habrá más cáncer? ¿Creen en serio que los homicidios bajaron solo en el último año? ¿No saben que vienen bajando desde hace más de diez años?

Tomás Moro resumió el contexto de la pre Revolución Industrial con la famosa frase de “las ovejas se comen a los hombres”: la necesidad cada vez mayor de algodón expulsaba a los campesinos de sus tierras y los acumulaba en los suburbios de las ciudades con dos opciones: mendigar o robar. Ante el aumento de los robos aumentaron las penas; y la pena por robar pasó a ser la muerte. La pena de muerte también se aplicaba a quienes mataban, así que se equiparó la sanción por robar y por asesinar.

El personaje de la novela de Moro cuenta que habló con un laico al que le llamaba la atención “la estricta justicia con que se trataba a los ladrones”. “Contaba cómo se los ejecutaba en todas partes; a veces, decía, había hasta veinte ahorcados en una sola hilera, y agregaba que lo que más lo sorprendía era que, a pesar de que muy pocos escapaban al castigo, por alguna causa el país seguía infestado e ladrones”, cuenta Moro que su personaje le comentó al Cardenal, que le contestó: “No tendría usted que sorprenderse, pues esta manera de castigas a los ladrones excede lo justo y no beneficia de forma alguna al bien público. Es una pena demasiado dura para el robo, y, al mismo tiempo, no es un recurso disuasivo suficiente. El puro robo no es una ofensa tan grave que merezca ser castigada con la muerte, y no hay pena suficiente que logre disuadir del robo a quien no tiene otro medio para ganarse la vida. Disponen castigos graves y terribles para el ladrón cuando abría sido mucho mejor proveerle de alguna forma de ganarse la vida, de modo tal que no se encontrase en la terrible necesidad de tener primero que robar, y luego de morir por ello”.

Y no solo no bajaron los robos, sino que aumentaron los asesinatos. Escribe Moro que “el ladrón ve que corre el mismo peligro si lo condenan por un simple robo que por homicidio, y esta sola consideración ya lo lleva a matar al hombre al que, de otro modo, solo le habría robado. Además de que su riesgo si lo atrapan, está más seguro si elimina a su víctima, y tiene más esperanzas de ocultar su delito si no deja tras de sí nadie que pueda contar el cuento. Así, cuando más nos esforzamos en aterrorizar a los ladrones con una crueldad excesiva, más estamos incitando a destruir a los ciudadanos honestos”.

Disculpas por spoilear el libro, pero tiene más de 500 años y las soluciones que proponen son las mismas.