La empresa Flybondi atraviesa un momento de desconcierto que pone en jaque el discurso oficialista de la eficiencia privada. La aerolínea low cost cumple trece días sin realizar operaciones, una parálisis que convirtió su eslogan, “la libertad de volar”, en una ironía para los miles de pasajeros afectados. Mientras la compañía permanece en tierra, el gobierno de Javier Milei mantiene silencio y omite sanciones ante una empresa que, pese a no tener aviones en el aire, continúa con una plataforma digital activa para vender pasajes.
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El Destape intentó comunicarse con la empresa pero ya no tiene ningún encargado de informar y responder consultas a la prensa. La crisis actual se atribuye al encarecimiento del combustible Jet-A1 debido al conflicto bélico en Irán, aunque los problemas financieros de la firma no son nuevos. A diferencia de Aerolíneas Argentinas o la chilena JetSmart, que lograron mantener sus cronogramas, Flybondi se encuentra contra las cuerdas debido a sus deudas con YPF.
La petrolera estatal, tras reiterados atrasos, obligó a la aerolínea a operar bajo un sistema de pago anticipado. Actualmente, aunque la firma habría regularizado sus deudas previas, simplemente dejó de solicitar combustible, lo que delata una falta absoluta de liquidez para operar.
En este escenario, la desprotección de los usuarios es total. Mientras agencias de viajes como Almundo o Despegar dejaron de ofrecer tickets de la low cost hace semanas por la falta de fiabilidad, la web de Flybondi sigue activa. Dentro de la empresa, el panorama es de incertidumbre: tras ofrecer retiros voluntarios a sus 1500 empleados en marzo, los trabajadores comentan que “técnicamente” están suspendidos hasta septiembre, aunque les habían prometido que “teóricamente” esta semana volverían a la actividad.
Un Estado que mira para otro lado
A pesar de las airadas protestas en los aeropuertos y de la presentación de recursos de amparo judiciales colectivos por parte de viajeros que solo reciben ofertas de cambio de fecha para vuelos que no existen, las autoridades nacionales no reaccionan. Ni la Secretaría de Transporte ni la Subsecretaría de Defensa del Consumidor emitieron respuestas concretas ante las consultas de la prensa o los reclamos de los ciudadanos.
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