Luego de un mes de que se desataran devastadores incendios en Chubut y que el fuego consumiera 45 mil hectáreas de bosque nativo, el gobierno de Javier Milei declaró la emergencia ígnea por el plazo de un año en esa provincia. A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Ejecutivo dispuso la misma medida para La Pampa, Río Negro y Neuquén. Los territorios de las jurisdicciones afectadas fueron declarados “zona de desastre”, medida que habilita al Gobierno a desplegar recursos y asistencia de manera inmediata para el combate del fuego.
Con la decisión de decretar la emergencia, la administración libertaria amplía su margen de acción para desplegar recursos humanos, técnicos y logísticos, reasignar partidas existentes y dictar normas complementarias que faciliten la asistencia a los damnificados y el apoyo a las economías locales afectadas. Según indicó el Gobierno, el DNU tiene como objetivo facilitar la adopción de medidas que resulten “necesarias para propiciar y atender con carácter inminente” la planificación, organización y preparación de recursos para “el combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas y prevención de nuevos focos”.
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A esto se suma además la declaración de los territorios como “zona de desastre”, lo que le permite al Ejecutivo a intervenir de manera inmediata y coordinada frente a los incendios. En este sentido, la norma facultó a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) a “coordinar el apoyo y el despliegue de los recursos disponibles para el desarrollo de tareas, actividades y acciones de respuesta inmediata en las zonas afectadas", en el marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo. La medida no establece automáticamente un régimen excepcional de gasto o contratación, pero sí otorga cobertura jurídica –en los términos de la Ley 27.287– para el despliegue de recursos nacionales y la adopción de acciones urgentes destinadas a mitigar los daños y prevenir nuevos focos.
“Es muy importante que el Gobierno Nacional valore la protección de nuestro patrimonio natural”, valoró el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto en sus redes sociales luego de que se conociera la medida. Para el mandatario provincial resultó “destacable" que Ejecutivo "haya escuchado y decidido acompañar con recursos económicos y logísticos a los gobiernos provinciales, sus municipios, sus brigadistas y sus pobladores” en la defensa de los territorios afectados por el fuego.
Desde el entorno del mandatario pampeano señalaron a El Destape que la provincia mantuvo una postura “responsable y coherente” frente a la situación y destacaron que, tras los reclamos realizados en conjunto con el resto de las provincias patagónicas, el Gobierno nacional “tomó nota y dio una respuesta positiva”. En ese sentido, admitieron que si bien los incendios comenzaron hace más de un mes, finalmente llegó una definición oficial, y remarcaron que la temporada de incendios aún está en pleno desarrollo.
En cuanto a la asistencia, indicaron a este medio que esperan la disponibilidad de recursos, aunque aclararon que todavía no está definido cómo se instrumentarán, un aspecto que, estimaron, podría comenzar a precisarse “en el transcurso de la próxima semana”.
Emergencia ígnea: los argumentos legales y ambientales del Gobierno
El decreto que declaró la emergencia ígnea se fundamenta, en primer lugar, en el marco constitucional de protección ambiental. En los considerandos, el Gobierno recuerda que “en el artículo 41 de la Constitución Nacional se consagra el derecho de todos los habitantes de nuestro país a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano” y que, en ese sentido, “se impone a las autoridades el deber de preservar el patrimonio natural y la diversidad biológica”, en un contexto de incendios que afectan áreas protegidas y poblaciones cercanas.
La norma también se apoya en la legislación específica sobre manejo del fuego y gestión de emergencias. El texto cita la Ley 26.815, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales” y regula las acciones de “prevención, presupresión y combate de incendios” en bosques, áreas naturales protegidas y zonas productivas. A su vez, recuerda que la Ley 27.287 creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo con el objetivo de “integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y municipales” para el manejo de crisis y la recuperación.
En ese marco, el Gobierno sostiene que la magnitud de los incendios y las condiciones climáticas adversas “han configurado un escenario de emergencia para la región” y que “la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego ha sido superada”. Por ese motivo, considera “necesario e imperioso declarar la Emergencia Ígnea” y zona de desastre en las provincias afectadas, y justifica el dictado de un decreto de necesidad y urgencia al advertir que “la gravedad de la situación hace imposible seguir el trámite legislativo habitual, dado que ello irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno”.
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