El gobierno de Javier Milei busca aprobar la Ley Penal Juvenil durante las sesiones extraordinarias que se desarrollarán en el Congreso de la Nación hasta el 27 de febrero. Al respecto, el Arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, aseguró en diálogo con El Destape 1070 que "están abordando el tema desde el lugar de la revancha".
La iniciativa prevé actualizar la reglamentación actual para disminuir la edad de imputabilidad a 13 años. Con estos cambios, el Ejecutivo busca reemplazar la Ley de Minoridad y establecer un sistema penal para adolescentes.
"Centralizar el problema en la edad de los menores y no abordar toda la problemática de un régimen penal juvenil es empobrecer la solución y es exponernos a una mirada social punitiva sobre los chicos, que en realidad en muchos casos responden a adultos y que están muy privados de horizontes y de posibilidades de realizarse personalmente", cuestionó Colombo, quien también es presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
A través del decreto 53/2026, que lleva la firma del presidente Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la administración libertaria hizo efectiva a inclusión del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias, una medida que había sido adelantada por el propio ministro coordinador en sus redes sociales.
La posición de la iglesia
La Ley Penal Juvenil, que obtuvo dictamen en Diputados en mayo de 2025, fue elaborada en el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, junto al secretario de Justicia Sebastián Amerio, la Subsecretaría de Política Criminal y la Dirección de Técnica Legislativa de la cartera. El dictamen que se negoció el año pasado perdió estado parlamentario y los libertarios analizan si insisten con el texto original
"Hay que tener una mirada integral que acompañe, prevenga, eduque... y en ese sentido hay toda una renovación que hay que producir, incluso al nivel de aulas y de tratamiento de la minoridad como realidad", reflexionó el Arzobispo de Mendoza.
El eje más sensible del debate es la edad de imputabilidad: el Gobierno impulsa que se fije en 13 años, pero el acuerdo alcanzado en las comisiones parlamentarias llevó ese límite a los 14. Desde el oficialismo reconocen que, más allá de la postura inicial, la discusión seguirá abierta para buscar consensos con aliados y sectores de la oposición.
"Este abordaje llevado por el impulso de poner leyes nuevas y de cambiar quizás culturalmente una mirada sobre los chicos y los jóvenes puede ser dramático", adviritó el moseñor y subrayó que la sociedad "expulsa" a los jóvenes "no generandoles legítimas posibilidades de realización" y después "los castiga cuando ellos buscan alguna forma, o son cooptados para algunas formas, de supervivencia".
El rol del Estado
En este sentido, el religioso entiende que hay "algo que falló", para él la "transmisión de valores, la comunicación de límites, la formalización de conductas que respetan al otro como otro y no avanzan sobre la vida del otro y sobre sus bienes".
"Algo falló de manera dramática, pero tenemos que pensar un poco más allá y darnos cuenta que ya son décadas donde en la Argentina hay generaciones que no se han podidio enganchar sobre una cultura determinada", reflexionó y recordó que en 2025 había anticipado "el peligro que genera el retiro del Estados en los sectores más postergados", ya que cuando el "Estado se corre, entran los narcos".
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