Lucha sostenida y representación de base: el plan de los gremios que se le plantan a Milei

Hay un momento en que la acumulación de hechos aislados se convierte en masa. En la cantera de la maza. La destrucción sistemática de empleos, la duplicación de la conflictividad laboral y la avanzada histórica contra las conquistas laborales alumbró una amalgama de cien organizaciones gremiales dispuestas a confrontar con un gobierno que, al decir de Daniel Yofra —secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón— "le declaró la guerra a la clase trabajadora".

El Frente de Sindicatos Unidos —FreSU— se presentó en sociedad con una conferencia de prensa en la sede de Madres de Plaza de Mayo, elección que no fue azarosa. La figura de las Madres como anclaje simbólico frente a la ofensiva oficial llevó como carga política la intención de situar la resistencia en una genealogía de lucha que precede, por décadas, al ciclo regresivo que hoy perpetra Javier Milei. "En momentos de tanta incertidumbre, miramos a las Madres y su lucha eterna", dijo Yofra ante los micrófonos, junto a Carmen Lorefice, Abel Furlan de la Unión Obrera Metalúrgica, Rodolfo Aguiar de ATE, Pablo Biró de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, y los dirigentes de ambas CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy.

El FreSU reúne a la UOM, Aceiteros, ATE, los gremios aeronáuticos APLA y APA, Fesprosa, Conadu, Conadu Histórica, Gráficos y más de cien organizaciones de todas las centrales obreras que se reunieron al calor de la reforma laboral. Pero antes que eso los fue arrimando un contexto más amplio, signado por la destrucción de puestos de trabajo, castigo al salario y persecución gremial.

Según el informe "Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones", elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA —bajo la coordinación de Roxana Maurizio y Luis Beccaria—, el mercado laboral formal registró en noviembre de 2025 una pérdida de 23.400 puestos, distribuidos entre 13.100 bajas en el sector privado registrado y 13.000 en el sector público. Si se toma el último trimestre de ese año, la caída acumulada asciende a 48.000 empleos. Y si la vara se extiende desde la asunción del gobierno hasta noviembre de 2025, el retroceso llega a 294.000 puestos de trabajo registrados, con el nivel de empleo formal ubicado en valores equivalentes a los de junio de 2022.

El deterioro no es lineal. El mismo informe describe una fase de caída entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, seguida de un período de estancamiento hasta abril de 2025 y, a continuación, siete meses consecutivos de retroceso. Los sectores más castigados en noviembre fueron el comercio y la industria, con bajas de alrededor de 4.900 puestos en cada caso, y los servicios inmobiliarios, con 2.600. El poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil acumuló caídas mensuales sucesivas durante el segundo semestre de 2025, con los peores registros en septiembre y octubre —cuando el salario mínimo permaneció congelado en $322.200 mientras la inflación no se detenía.

Los datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) aportan un ángulo complementario: entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025, el empleo privado registrado cayó en 192.000 personas, al que se suman 78.800 bajas en el sector público, para una merma total de 270.800 asalariados formales. Frente a esa destrucción, el crecimiento de monotributistas sólo llegó a 137.400. El cálculo de la proporción resulta contundente: por cada diez trabajadores asalariados que dejaron el sistema, apenas se incorporaron cinco cuentapropistas. Lo que el mercado perdió en calidad y estabilidad no lo recuperó en ninguna otra categoría.

El fenómeno que el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) denomina "empleo refugio" es la cara visible de esa reconfiguración. La tasa de desocupación pasó del 5,7% en el tercer trimestre de 2023 al 6,6% en el mismo período de 2025, y la proporción de personas con dos o más empleos creció del 11% al 11,9%. No es una tendencia impulsada por las oportunidades que ofrecen las plataformas digitales, como suele argumentar el relato oficial: es la respuesta de los hogares a la caída del ingreso real.

El cierre de FATE: síntesis de época

El caso FATE condensó en un solo anuncio lo que los registros estadísticos venían describiendo desde hace dos años. La fabricante de neumáticos comunicó el cierre de su planta y el despido de más de 900 trabajadores con un cartel en la entrada de la planta con una leyenda que apuntaba las políticas de apertura importadora y ancla cambiaria. El ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires primero, y el Ministerio de Capital Humano después, declararon la conciliación obligatoria por quince días, frenando de manera transitoria la decisión empresarial. Pero el episodio quedó inscripto como síntesis del estado de situación.

Según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 cerraron 21.938 empresas en el país, lo que equivale a una caída del 4,3% en el total de compañías activas. El think tank Fundar, que analizó esa serie histórica, concluyó que se trata del peor desempeño empresarial en los primeros veinticuatro meses de un gobierno desde que existen registros continuos, a finales de los noventa. Los sectores más afectados fueron el transporte y almacenamiento, con una merma del 13,3%; las inmobiliarias, con el 10,4%; la construcción, con el 8%; los servicios profesionales y científicos, con el 7,4%; y la industria manufacturera, con el 4,9%. En términos de empleo, los trabajadores registrados en el sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo cayeron en 290.000 en ese mismo período. La construcción lideró las pérdidas sectoriales con una baja del 15%, seguida de inmobiliarias (-7,3%) e industria (-6%).

En ese contexto de pulverización de empleos, los trabajadores de FATE ocuparon la planta el día que se conoció el cierre, en un gesto que Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, convirtió en consigna del FreSU desde las calles frente al Congreso: "Fábrica que se cierra, fábrica que se ocupa para defender los puestos de trabajo y la industria nacional".

A su lado Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, formuló el desafío de la hora en términos más estructurales: "Estamos en la encrucijada de pasar a un país con altísima informalidad o seguir siendo uno donde los trabajadores todavía tienen derechos".

El día de la traición

La reforma que el FreSU salió a combatir en las calles no llegó al recinto con el texto original orientó el ministro desregulador Federico Sturzengger. Se gestó en una negociación que tuvo como artífice principal a Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien reescribió artículos hasta minutos antes de la votación y cerró acuerdos con actores que, en el proyecto original, resultaban impactados.

El Senado aprobó la reforma con 42 votos —cinco más que la mayoría simple necesaria—, respaldado por la UCR, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales. Para llegar a ese número, Bullrich distribuyó concesiones entre tres grupos con intereses distintos: los gobernadores, los bancos y la propia CGT. A los mandatarios provinciales les aseguró compensaciones por la reducción que implican una merma en la coparticipación. Los bancos obtuvieron la exclusividad en el pago de sueldos: el proyecto original habilitaba a las billeteras virtuales —entre ellas Mercado Pago— a operar en ese segmento, posibilidad que quedó descartada. La CGT, en contacto directo con Bullrich a través del operador Gerardo Martínez—, preservó lo que más le importaba: la cuota solidaria compulsiva con un tope del 2%, la continuidad de los empleadores como agentes de retención y el mantenimiento del aporte a las obras sociales en el 6%.

"Es importante el financiamiento de las organizaciones gremiales pero no podemos cambiar plata por la explotación de todas las afiliadas y los afiliados" replicó el secretario de ATE, Rodolfo Aguiar. Para Yasky, la geometría del acuerdo era previsible. "El objetivo de fondo es disciplinar a los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, para volver a una Argentina donde impere, sin atenuantes, la voluntad del más fuerte".

La disciplinadora

La reforma laboral no es solo una modificación técnica del régimen de trabajo registrado. Es, en su arquitectura, un instrumento de disciplinamiento de clase. La lectura que hace el FreSU es que el proyecto afecta el núcleo duro de la capacidad de organización sindical: los convenios colectivos de actividad, el ejercicio irrestricto del derecho de huelga, las asambleas y las comisiones internas.

"Te pueden despedir sin causa y no podés hacer huelga. Si hacés una asamblea en el lugar de trabajo, te pueden penalizar, y si repartís un volante en la puerta de la fábrica o de la empresa, te pueden acusar de sabotaje. Está claro que esta ley está hecha para dejarnos de rodillas" concluyó Yasky. En su diagnóstico, el proyecto es "una ley diseñada para favorecer a las grandes corporaciones" que consolida un "esquema social regresivo" basado en la flexibilización, la precarización y la pérdida de derechos. El hecho de que entidades del empresariado PyME, como ADIMRA y la Confederación General Económica, también hayan expresado su rechazo al proyecto refuerza ese argumento: la reforma no es un programa de desarrollo productivo, sino una redistribución de poder en las relaciones laborales.

La posición del FreSU respecto a la acción directa no admite matices. "No hay que dejar de dialogar ni de hacer huelga", sintetizó Yofra, en una formulación que condensa la diferencia táctica con la conducción cegetista. El argumento que construye es contundente en su lógica: si la CGT no hace huelga, el gobierno no tiene razón para convocarla ni para tenerla en cuenta. La movilización es la condición de la interlocución, no su contrario.

Yofra invoca su propia historia como ejemplo. La Federación Aceitera acumula años liderando el ranking de los salarios iniciales mejor pagos del país. Pero eso no fue una concesión patronal ni un regalo estatal. Fue el resultado de la organización y la huelga sostenidas a lo largo del tiempo. "En los 90 éramos pobres trabajando", recordó Yofra. La pobreza del trabajo sin organización es, en su relato, la fotografía de lo que viene si la reforma consolida sus efectos.

El plan de lucha trazado por el FreSU tuvo una secuencia territorial deliberada: una movilización el 5 de febrero en Córdoba, continuación en Rosario el 10, y participación masiva en la huelga general del 19 de febrero, el día en que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto. La dinámica federal buscó demostrar capacidad de movilización más allá del Área Metropolitana, donde la visibilidad es mayor pero el peso real del conflicto se dirime en los territorios productivos.

El contraste con la CGT se expresó también en la formulación de un plan de lucha, que tiene como próxima parada un paro de 36 horas cuando el Senado se disponga a sesionar.

La presión interna y pública terminó por mover la aguja cegetista. Un estudio de la consultora Analogías —que relevó 314 notas en medios locales y nacionales, más miles de publicaciones en redes sociales— mostró que el clima social no le era favorable ni al gobierno ni a la central obrera: la desconfianza generalizada alcanzaba al 62,8% del universo analizado, por encima tanto de la comunidad oficialista (45,2%) como de la sindical y peronista (38,7%). Ese cuadro llevó a la conducción cegetista a convocar la huelga del 19 de febrero, que contó con respaldo incluso de sectores del empresariado PyME.

La convocatoria a una huelga sin movilización mereció la calificación de "paro dominguero" por parte de Aguiar, mote que argumentó con ejemplos propios. En el paro general de abril de 2025, los colectivos no se detuvieron, lo que diluyó el alcance de la medida. Entonces ATE reportó un acatamiento cercano al 98% en su propio sector, pero la imagen del transporte circulando erosionó la percepción de masividad.

Impávido frente a las críticas, la CGT anunció su siguiente movimiento: la judicialización. El trinunviro Jorge Sola anticipó que la central recurrirá a los tribunales argumentando que la norma vulnera dos principios constitucionales: el artículo 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales, consagrado además en el Pacto de San José de Costa Rica. "Una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel", sintetizó. Los focos de la impugnación judicial apuntan a la posibilidad de negociar convenios por empresa por debajo de los convenios colectivos de actividad, el banco de horas cuya compensación queda en manos del empleador, y la nueva fórmula indemnizatoria que excluye el aguinaldo y las vacaciones del cálculo. La central también evalúa presentar medidas cautelares siguiendo el precedente del capítulo laboral del DNU 70/23.

El diagnóstico de Yofra sobre esa estrategia es el mismo que aplica al ciclo de negociaciones parlamentarias: "Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo".

Apostar a los tribunales para justificar la inacción del movimiento obrero es una incoherencia estratégica, dicen en el FreSU, que se propone combatir el escepticismo desmovilizador desde la autonomía de clase: no importa si votaste por Milei, Macri, Kirchner o Bregman, "salí a pelear por tu clase", repite Yofra en un mensaje dirigido reunir a las víctimas sin segregar.

El frente ya resolvió, en la jornada del 19 de febrero, un paro de 36 horas con movilización en las primeras 12 cuando la reforma esté en el Senado para su tratamiento definitivo. El anuncio surgió desde la movilización frente al Congreso y fue pronunciado por Aguiar: "Esta ley nos conduce a una catástrofe social. La conflictividad tiene que escalar". Y fue más allá del horizonte inmediato: "Este frente de sindicatos tiene el desafío de trascender la reforma laboral e ir más allá de febrero. La dignidad de los trabajadores es el límite".

"Hay otra Argentina que late de esperanza en la fuerza organizada de la clase trabajadora para construir una mayoría distinta dentro del Congreso y de las representaciones sindicales y sociales" sintetizó Godoy.

En la conferencia del 19, Omar Giuliani, de la Fenat, cerró con la cita que las Madres convirtieron en principio: "La única lucha que se pierde es la que se abandona". No es solo un recurso retórico. Es el modo en que el FreSU intenta sostener la cohesión interna frente a un gobierno que ha demostrado, en otros frentes, una notable eficacia para desarticular la resistencia por agotamiento y fragmentación.