El gran paquete judicial que negocia el gobierno: de una nueva Corte a la “reconversión” de Comodoro Py

El gobierno pretende cubrir este año gran parte de las vacantes que hay en el Poder Judicial y de esta forma reconfigurar el mapa del tercer poder del Estado. Podría tratarse de un cambio determinante para los años venideros. Lo que está en juego es ni más ni menos que la designación de la tercera parte de los cargos de la Justicia; la reconversión de los tribunales federales de Comodoro Py, por donde tramitan las causas políticas más sensibles; completar la Corte Suprema de Justicia que tiene dos vacantes; y nombrar tanto al Procurador General de la Nación –el jefe de los fiscales- como a la Defensora Pública –la jefa de los defensores públicos-, cuyo cargo quedará vacante este 1º de febrero por decisión de la Casa Rosada.

Estos últimos cuatro cargos implican modificar prácticamente la cúpula del sistema judicial y sus designaciones requieren los dos tercios de los votos del Senado. En lo que respecta a los cargos inferiores, el oficialismo necesita solo mayoría simple en la Cámara Alta para los nombramientos. El punto central será la estrategia parlamentaria y el marco de alianzas que teja el Ejecutivo para intentar concretar su objetivo judicial este 2026.

Desde la Casa Rosada afirmaron a El Destape que en marzo comenzará el envío de pliegos de jueces, fiscales y defensores al Congreso. Según un informe del Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo tiene 203 ternas en su poder (en cada terna hay 3 candidatos para un cargo y el Presidente es el que elige a uno de esos postulantes). Es decir, puede comenzar con las designaciones del Poder Judicial cuando lo considere apropiado. Solo requerirá que su decisión sea acompañada por una mayoría simple del Senado (37 votos). Se espera el envío de un paquete voluminoso de cargos una vez que comiencen las sesiones ordinarias en el Parlamento. Lo que hace a los dos cargos de la Corte, al Procurador General y a la Defensoría correrá en una negociación aparte, según indicaron en Balcarce 50 a este medio. Suena lógico. Se requieren otras mayorías para esos cargos que en la Libertad Avanza consideran “urgentes”.

¿Con quién negociará La Libertad Avanza que tiene 20 senadores propios sobre un total de 72? Necesita 37 voluntades totales para los cargos inferiores (como los de Comodoro Py) y 48 para alcanzar los dos tercios si están todos los legisladores presentes en el recinto. Desde Balcarce 50 reconocieron que “los gobernadores son clave” ya que los senadores responden a ellos. Aunque aclararon respecto a los mandatarios peronistas que a su criterio “ya no hay un orden como cuando estaba (Miguel Ángel) Pichetto”. “No es tan lineal ahora –afirmaron-. Hay varios grupos. Y senadores que son ‘autónomos’”, agregaron.

El bloque peronista que conduce José Mayans en la Cámara Alta tiene 21 integrantes. Ese número puede escalar a 28 si se suman los 5 senadores de Convicción Federal y los dos que responden al exgobernador de Santiago del Estado, el hoy senador Gerardo Zamora. El espacio de la UCR asciende a 10 miembros. El Frente PRO cosecha apenas 3. Y Luis Juez tiene un monobloque, quien podría encuadrar en la definición libertaria de “senadores autónomos”.

Un alfil judicial de LLA aseguró a El Destape que cuando se abran las sesiones ordinarias “enviaremos todos los jueces, defensores y fiscales. Los senadores que quieran trabajar seriamente seguro van a acompañar porque mandaremos muy buenos candidatos”. Dijo que el diálogo se entablará “con los que quieran contribuir a una justicia independiente”, lo que suena más bien a un significante vacío. La referencia pareciera dejar afuera de la negociación al bloque peronista. La misma fuente señaló también que “nunca hubo este nivel de independencia en la justicia” y que “el problema en el Poder Judicial hoy es que los magistrados no tienen independencia interna”. Esta última crítica se refiere a las internas judiciales y a la influencia de la Corte en los tribunales inferiores, según detalló. “Hay varios espacios y senadores que quieren trabajar responsablemente y vamos a hablar con ellos”, concluyó.

Está claro que a LLA le alcanzan alianzas con sectores no peronistas para llegar a la mayoría simple de 37 senadores pero que requiere de algún sector del peronismo para constituir los dos tercios. De allí la relevancia que adquieren los gobernadores para la Casa Rosada de cara a los cambios que se pretenden concretar en el ámbito judicial.

La apuesta por la reconversión de Comodoro Py

En Comodoro Py pueden quedar vacantes la mitad de los cargos de primera instancia, la mitad de la Cámara Federal porteña y casi la tercera parte de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, que funciona en el primer piso del edificio de Retiro, según los movimientos que se den en los próximos meses. Esto abre un “combo” a LLA para negociar con aliados u opositores. Por lo pronto, la corporación judicial entra en las tratativas porque muchas de las vacantes de los tribunales de Retiro se encuentran con concurso abierto en el Consejo de la Magistratura, donde los representantes de los jueces pisan fuerte. Sin ir más lejos, el consejo es presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

En los juzgados de primera instancia del edificio de Retiro hoy hay 4 vacantes: el juzgado Nº 6 que ocupaba Rodolfo Canicoba Corral, el Nº 9 que ocupaba Luis Rodríguez, el Nº 11 que ocupaba el difunto Claudio Bonadío y el Nº 12 que ocupaba Sergio Torres. El concurso para los primeros tres juzgados está en trámite en el Consejo de la Magistratura, en la etapa de entrevistas personales de los postulantes. Es casi la etapa final. El concurso del juzgado Nº 12 tuvo una terna definida pero entre 2022 y 2023 no hubo acuerdo en el plenario y el concurso fue remitido nuevamente a la comisión de Selección donde se espera una nueva terna de “consenso”. Para la aprobación de ternas se requieren los dos tercios de los votos en el órgano de selección y sanción de jueces que conduce el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y que cuenta con el Nº 2 del Ministerio de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, como representante del Poder Ejecutivo.

A estas vacantes se pueden sumar dos más este año, llegando a 6 sobre 12 cargos de primera instancia. Es que el juez Daniel Rafecas concursó y quedó primero en la terna para la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital. Esa terna, que comparte con Fernando Caunedo y Alberto Huarte Petite, está en poder del Presidente Javier Milei, que podría seleccionarlo. Si lo hiciera dejaría libre un nuevo “nuevo” despacho de Comodoro Py. Rafecas había sido el candidato del presidente Alberto Fernández para la Procuración General pero no hubo apoyo político (sobre todo interno) para avanzar con su postulación. Desde LLA destacaron a El Destape que a Rafecas “le fue muy bien en el examen” y señalaron que “es un buen candidato para juez de casación ordinaria”, lo que parece un guiño para sus intenciones. En el juzgado que ocupa Rafecas en Comodoro Py hay causas que preocupan al gobierno.

En este escenario se suma la versión según la cual el juez del Lawfare Julián Ercolini –uno de los “huemules” que viajó junto a otros magistrados, exfuncionarios y un exespía a la mansión de Joe Lewis financiado por el Grupo Clarín en octubre de 2022- no tendría la voluntad de seguir en su cargo. En su despacho hay expedientes paradigmáticos como el de la muerte del fiscal Alberto Nisman y otros tantos de mucho interés para el gobierno. “Gran juez. Sería una pena su salida. Entiendo que está lejos de la edad límite, que son los 75 años, pero tiene más de 60”, afirmó a El Destape una fuente del gobierno relacionada al ámbito judicial. Ercolini cumplirá 64 años este 2026. Es decir, está cerca de la edad mínima para poder jubilarse.

Si se concretasen esas dos "nuevas" vacantes, la primera instancia de Comodoro Py quedaría con la mitad de sus despachos vacíos.

En la Cámara Federal porteña el que llega este año a la edad límite para jubilarse (75 años) es Martín “Doctrina” Irurzun, quien ya cursó el pedido al gobierno para que le extienda su estadía en tribunales. Integrante de la sala II del tribunal revisor de Comodoro Py fue el hacedor durante el macrismo de la teoría del "poder residual", según la cual todo exfuncionario kirchnerista podía ser detenido preventivamente porque podía entorpecer las investigaciones de corrupción en curso. Un desvío del Derecho que se utilizó para perseguir opositores y erosionó la democracia. Las versiones que corren en tribunales son que en Casa Rosada no verían con buenos ojos que siga en el cargo. Consultados por El Destape, en el gobierno lo desmienten. Afirmaron que están analizando su situación y no hay nada resuelto.

Irurzun interviene como juez revisor en el Coimagate, el caso que investiga una enorme trama de corrupción descubierta en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei. A comienzos de diciembre, este camarista firmó una resolución que estuvo en sintonía con los intereses del gobierno: ordenó al juez Sebastián Casanello que determine la veracidad de los audios filtrados atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS. Se trata de las grabaciones en las que se escucha al íntimo amigo y ex abogado de Milei describir un sistema de corrupción en el organismo que estaba bajo su mando. El fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación de la causa, logró comprobar un circuito de coimas y corrupción en ANDIS y no utilizó los audios como prueba. Como trasfondo de la decisión de Irurzun –que firmó con Roberto Boico- está la posibilidad de decretar la nulidad de todo lo investigado. ¿Este fallo pudo haber estado influido por la voluntad de Irurzun de que el gobierno lo mantenga en el cargo?

En la Cámara Federal porteña hay 6 jueces. Además del caso de Irurzun está la situación de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron ubicados en ese tribunal clave de Comodoro Py a dedo por Macri. Sus designaciones fueron irregulares. Y así lo determinó la Corte en 2020 aunque con una trampa: hace seis años ordenó que cesen en sus cargos pero una vez que se complete el concurso para reemplazarlos en el Consejo de la Magistratura. Ese concurso ya terminó pero los consejeros no lograron ponerse de acuerdo para definir una terna por eso Bruglia y Bertuzzi siguen en funciones. Sus reemplazos están trabados en el órgano de selección y sanción de magistrados. Si el gobierno tuviera voluntad política podría destrabar esa situación y resolver el nombramiento de otros dos camaristas porteños. La LLA podría contar con el acompañamiento de la corporación judicial, por ejemplo.

En la Cámara Federal de Casación Penal –la máxima instancia penal del país- a las 3 vacantes que ya había se sumará a partir del 1º de marzo la de Juan Carlos Genigmani, quien presentó su renuncia este 2 de enero pero a partir del tercer mes del año. Se trata de un juez relacionado al radicalismo que tuvo denuncias ante el Consejo de la Magistratura por violencia de género. Colegas suyas de Casación lo llegaron a acusar por misoginia y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) por maltrato contra una secretaria, María Amelia Expucci, a quien ordenó detener por negarse a cumplir una orden suya. El decreto de renuncia de Gemignani lleva las firmas de Milei y de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y no la del ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona cuyo futuro en el gabinete es incierto.

La partida de Gemignani deja a la máxima instancia penal del país con 9 jueces sobre un total de 13 integrantes. Y podría reducirse a 8 si el gobierno decide rechazar el pedido de Carlos “el huemul” Mahiques de seguir en el cargo. Mahiques cumple 75 años el 1º de noviembre, la edad límite para que se jubile un juez salvo que logre una extensión habilitada por el gobierno y el Senado. Las versiones que circulan en tribunales es que en Casa Rosada extenderían la estadía en Casación del exfuncionario de María Eugenia Vidal. Consultado por El Destape, fuentes del gobierno dijeron lo mismo que con Irurzun: que esa decisión no está tomada aún. “Su pedido está en análisis”, afirmaron a este medio. Mahiques llegó a la Casación en 2018 a dedo por decisión del presidente Macri. Era funcionario de la entonces gobernadora bonaerense y provenía de la Casación nacional, donde se había tomado licencia. Al igual que Ercolini fue uno de los jueces que participó del viaje a la mansión de Joe Lewis en lo que se bautizó “el vuelo del Lawfare”. Por ese escándalo, Mahiques fue denunciado en sede penal y en el Consejo de la Magistratura pero logró salir airoso. La corporación judicial y mediática lo blindó.

A juzgar por todas las vacantes que se abren en Comodoro Py (entre 4 y 6 en primera instancia, de 1 a 3 en la Cámara Federal porteña y entre 4 y 5 en la Casación) el gobierno tiene la oportunidad de reconfigurar los tribunales más políticos del país. Y no solo eso: puede avanzar para cubrir el 35% de vacantes que hay en todo el Poder Judicial. Un 20% podría hacerlo en un gran paquete judicial en marzo. La posibilidad se le abrió tras la victoria electoral de las últimas legislativas. ¿Lo logrará?

La Corte, la Procuración y la Defensoría: ¿LLA llega a los dos tercios?

De forma paralela, el gobierno pretende reformular la cúpula del Poder Judicial. Tiene la posibilidad de designar a dos jueces de la Corte Suprema -que hoy se compone con tres integrantes que definieron la detención de la expresidenta Cristina Kirchner-; al Procurador General de la Nación; y a la Defensora General. Esta última vacante se abre porque el Poder Ejecutivo decidió no enviar al Congreso el pliego de Stella Maris Martínez, quien cumple 75 años el 1º de febrero, para extender su vigencia en el cargo.

Está claro que la Casa Rosada decidió la salida de la Defensora General de la Nación para dejar ese cargo vacío como otra prenda de negociación en el marco de un acuerdo más amplio con aliados u opositores. Se trata de la cabeza del Ministerio Público de la Defensa, otro puesto de la cúpula del sistema judicial que quedará vacante y que requiere de los dos tercios de los votos en el Senado para poder nombrarse, como los de la Corte y el de Procurador General –que hoy es ejercido por el interino Eduardo Casal-.

Para estos puestos el gobierno necesitará negociar con la oposición porque no tiene forma de llegar a los 48 senadores con aliados. Está fresco el antecedente del fracaso de LLA a la hora de intentar nombrar en el Tribunal Supremo al juez Ariel Lijo y al abogado conservador Manuel García-Mansilla, cuyos pliegos fueron rechazados en la Cámara Alta.

El interrogante central es qué hará el peronismo o un sector del PJ en esta gran partida político-judicial que puede sellar el devenir de los próximos años en tribunales y en tiempos en que la judicialización de la política es moneda corriente.