Los jueces “clave” de Comodoro Py que dejan su cargo este año y los que están “negociando” con el gobierno

El Gobierno analiza una reconversión de los tribunales federales de Comodoro Py por donde tramitan las causas más sensibles para el mundo político. A los cargos que ya están vacantes, que no son pocos, se suman nuevas renuncias, posibles jubilaciones y pedidos de pase a otros fueros. Las modificaciones pueden alcanzar a los juzgados de primera instancia, a la Cámara Federal porteña y a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Entre los nombres que podrían dejar su cargo figuran los de los camaristas Carlos “el humeul” Mahiques y Martín “Doctrina” Irurzun, dos figuras emblemáticas del Lawfare, quienes están por llegar a la edad límite para jubilarse y pidieron al gobierno que les extienda su estadía en la Justicia. En la Casa Rosada están estudiando los pasos a seguir. No son los únicos casos que podrían abrir "nuevas" vacantes en los tribunales de Retiro.

En la Casación se dará la primera baja este 1º de marzo. Y no será la de Mahiques. Según se publicó en el Boletín Oficial el 2 de enero, el camarista Juan Carlos Gemignani renunció a su cargo y puso como fecha para su salida el día que el Congreso retome las sesiones ordinarias. Se trata de un juez relacionado al radicalismo que tuvo denuncias ante el Consejo de la Magistratura por violencia de género. Colegas suyas de Casación lo llegaron a acusar por misoginia y la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) por maltrato contra una secretaria, María Amelia Expucci, a quien ordenó detener por negarse a cumplir una orden suya. El decreto de renuncia de Gemignani lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y no la del ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona cuyo futuro en el gabinete es incierto.

La partida de Gemignani abre una nueva vacante en la máxima instancia penal del país que se compone de 13 integrantes y pasará a tener 9, cifra que podría reducirse a 8 si el gobierno decide rechazar el pedido de Mahiques de seguir en el cargo. El "huemul" Mahiques cumple 75 años el 1º de noviembre, la edad límite para que se jubile un juez salvo que logre una extensión habilitada por el gobierno y el Senado. Las versiones que circulan en tribunales es que en Casa Rosada extenderían la estadía del exfuncionario de María Eugenia Vidal en la Casación. Consultado por El Destape, fuentes del gobierno dijeron que esa decisión no está tomada aún. “Su pedido está en análisis”, afirmaron a este medio. Mahiques llegó a la Casación en 2018 a dedo por decisión del entonces presidente Mauricio Macri. Era funcionario de la entonces gobernadora bonaerense y provenía de la Casación nacional, donde se había tomado licencia. Fue uno de los jueces que participó del viaje a la mansión de Joe Lewis, invitado por dos ejecutivos del Grupo Clarín, en lo que se bautizó “el vuelo del Lawfare”, de que participaron funcionarios y hasta un exespía. Por ese escándalo, Mahiques fue denunciado en sede penal y en el Consejo de la Magistratura pero logró salir airoso. La corporación judicial y mediática lo blindó.

Otro referente del Lawfare que entra en la edad límite para jubilarse y solicitó al gobierno seguir en el cargo es Martín “Doctrina” Irurzun, integrante de la sala II de la Cámara Federal porteña, instancia revisora de Comodoro Py. Fue el hacedor durante el macrismo de la teoría del "poder residual", según la cual todo exfuncionario kirchnerista podía ser detenido preventivamente porque podía entorpecer las investigaciones de corrupción en curso. Un desvío del Derecho que se utilizó para perseguir opositores y erosionó la democracia. A diferencia de Mahiques, las versiones que corren en Comodoro Py es que en Casa Rosada no verían con buenos ojos que siga en el cargo. Consultados por El Destape, en Casa Rosada repitieron lo que con Mahiques: se está analizando su situación y no hay nada resuelto.

Irurzun en la actualidad interviene como juez revisor en el Coimagate, el caso que investiga una enorme trama de corrupción descubierta en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei. A comienzos de diciembre firmó una resolución que estuvo en sintonía con los intereses del gobierno: ordenó al juez Sebastián Casanello que determine la veracidad de los audios filtrados atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS. Se trata de las grabaciones en las que se escucha al íntimo amigo y ex abogado del presidente Javier Milei describir un sistema de corrupción en el organismo que estaba bajo su mando. El fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación de la causa, logró comprobar un circuito de coimas y corrupción en ANDIS y no utilizó los audios como prueba. Como trasfondo de la decisión de Irurzun –que firmó con Roberto Boico- está la posibilidad de decretar la nulidad de todo lo investigado.

En la Cámara Federal porteña hay 6 jueces. Además del caso de Irurzun está la situación de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron ubicados en ese tribunal clave de Comodoro Py a dedo por Macri. Sus designaciones fueron irregulares. Y así lo determinó la Corte en 2020 aunque con una trampa: hace seis años ordenó que cesen en sus cargos pero una vez que se complete el concurso para reemplazarlos en el Consejo de la Magistratura. Al día de hoy no fueron designados dos jueces naturales para esos puestos por eso Bruglia y Bertuzzi siguen en funciones. Sus reemplazos están trabados en el órgano de selección y sanción de magistrados. Si el gobierno tuviera voluntad podría apurar y resolver el nombramiento de otros dos camaristas porteños. Eso puede suceder en cuanto haya una decisión política de concretarlo. ¿Sucederá este año en el marco de una negociación judicial amplia?

El presidente Javier Milei también debe resolver si acepta el pase de Daniel Rafecas a la Cámara Nacional de Casación, cargo para el que el juez de Comodoro Py concursó y quedó primero. Durante el gobierno de Alberto Fernández, Rafecas había sido el candidato del Presidente para la Procuración General pero no hubo apoyo político para avanzar con su postulación.

En la actualidad, Rafecas –titular del juzgado federal Nº 3 – integra la primera terna como postulante mejor “rankeado” para uno de los cargos que hay vacantes en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital. En el gobierno destacan que “le fue muy bien en el examen” y señalan que “es un buen candidato para juez de casación ordinaria”. En el juzgado a su cargo hay causas que preocupan en la Casa Rosada.

Si el gobierno decidiera elegir a Rafecas para ir la Cámara Nacional de Casación se abriría una nueva vacante en los juzgados de primera instancia de Comodoro Py. En la actualidad hay 4 juzgados vacantes. Si Rafecas deja los tribunales de Retiro se sumaría un nuevo despacho vacío sobre un total de 12. Casi la mitad de los juzgados por los que tramitan las causas políticas más sensibles del país.

Y eso no es todo. Hay una fuerte versión de que el juez del Lawfare Julián Ercolini –otro de lo “huemules” que viajó a la mansión de Lewis financiado por Clarín- no tendría la voluntad de seguir en su cargo. En su despacho hay expedientes paradigmáticos como el de la muerte del fiscal Alberto Nisman y otros tantos de mucho interés para el gobierno. “Gran juez. Sería una pena su salida. Entiendo que está lejos de la edad límite, que son los 75 años, pero tiene más de 60”, afirmó a El Destape una fuente del gobierno relacionada al ámbito judicial. Ercolini está al filo de los 65 años. Es decir, está en la edad mínima para poder jubilarse.

A todos estos movimientos se suma que el gobierno decidió la salida de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martinez, quien el 1º de febrero cumple 75 años de edad. Se trata de la cabeza del Ministerio Público de la Defensa. El Ejecutivo decidió no enviar su pliego para renovar su vigencia en el cargo. Por lo que deberá irse. Se trata de otro cargo de la cúpula del sistema judicial que quedará vacante y que requiere de los dos tercios de los votos en el Senado para poder nombrarse. Se suma a las dos vacancias que hay en la Corte y a la del Procurador General de la Nación, que en la actualidad es ejercido por el interino Eduardo Casal, al que el gobierno no ve con malos ojos.

Este contexto, que se completa con que en el Poder Judicial más del 35% de los cargos no están ocupados, abre un gran paquete judicial al gobierno para poder negociar con gobernadores, el macrismo, la UCR y el peronismo. Podrían entrar en esa negociación la mitad de los cargos de primera instancia de los tribunales Comodoro Py, la mitad de la Cámara Federal porteña y casi la tercera parte de la Cámara Federal de Casación Penal. Es decir, una reconversión de los tribunales más políticos del país. El punto central será el marco de alianzas que teja el gobierno.

Para todos los cargos de Comodoro Py (y el 35% de vacancias del Poder Judicial) el Ejecutivo solo requiere el visto bueno de una mayoría simple en el Senado. Casi el 20% de esas vacancias están en trámite ante el Poder Ejecutivo, es decir, solo resta que Mieli elija al postulante para cada cargo y que el Senado lo apruebe. Distinto es el caso de la Corte, la Procuración y la Defensoría General, donde requerirá los dos tercios de los votos de la Cámara Alta para que se designe a sus postulantes. Esto implica un mayor volumen de negociación.

Según indicaron fuentes judiciales de la Casa Rosada a El Destape, primero el gobierno enviará al Congreso una gran cantidad de pliegos de jueces, fiscales y defensores. Todo indica que en marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias del Parlamento. Lo relativo al Alto Tribunal, la Procuración y la Defensoría correrá por un carril separado. Aunque no menos  “urgente”, según lo definieron a este medio. Sobre todo, lo que hace al Tribunal Supremo, donde el gobierno ya fracasó en su intento por designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, cuyos pliegos fueron rechazados en el Senado.