El peronismo testea su fuerza con la discusión del Presupuesto y de la reforma laboral

Ya asumidos los nuevos legisladores y con una composición de los diferentes bloques, el peronismo comenzará a probar a partir del lunes su poder de fuego ante la ofensiva del gobierno de Javier Milei que busca un tratamiento exprés de proyectos claves como el Presupuesto y, especialmente, la reforma laboral. El lunes, Diputados convocó a la reunión para constituir las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal y, el martes, la vicepresidenta Victoria Villarruel reunirá a los jefes de los bloques en el Senado. En principio, hasta en la Casa Rosada admitían que los plazos previstos para el debate de la "modernización" de las relaciones laborales no serán posibles de cumplir y tenga que pasar para el año que viene, además de la discusión planteada por la oposición -muy pertinente- acerca de que su tratamiento debe arrancar por la Cámara Baja. La convicción del peronismo es que en la medida que transcurran las semanas y los meses, más complicado le resultará al Ejecutivo sacar una legislación que quita derechos a los trabajadores en un contexto de recesión y despidos.

La CGT y las dos CTA se reunieron esta semana con el bloque de senadores de Unión por la Patria para trazar la estrategia de resistencia y rechazo a la reforma laboral, que esta semana comenzaron a promocionar la jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como si contuviera beneficios para los jóvenes y monotributistas. "Tendremos que trabajar todos para conseguir el consenso necesario para impedir que salga esta reforma que va contra los derechos de los trabajadores", sostuvo el ex gobernador y flamante senador Jorge Capitanich. La conducción de las centrales obreras se comprometieron a recorrer todos los depachos del Congreso y a contactar a todos los gobernadores -no sólo a los peronistas- para explicarles su punto de vista. De hecho, ya comenzaron días atrás con un grupo de mandatarios de Provincias Unidas.

El bloque de Unión por la Patria tiene 28 integrantes y aseguraban que estaban todos firmes en el rechazo. Incluso, el representante de Catamarca con terminal en el gobernador Raúl Jalil, quien rompió la bancada en Diputados y le facilitó el lugar de primera minoría al oficialismo. Con esos 28 seguros, quedaba conseguir otros nueve para alcanzar el mágico número de 37 votos que asegurara el rechazo. Observaban a varios que también miran desde la Casa Rosada: los dos senadores santacruceños, los dos misioneros, el de Neuquén, la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Camau Espínola, además del grupo de senadores radicales que no aliado a La Libertad Avanza. Hablaban de una relación de años de los dirigentes sindicales con algunos de los gobernadores de estas provincias, que no podían dejar de escuchar sus posiciones. También activarían las filiales provinciales de las centrales para movilizar en sus distritos y obligar a los legisladores a tomar posición. 

"Estamos poniendo toda la carne al asador", resumía un jefe gremial. El proyecto, del que cada vez se conocen nuevos detalles que apuntan al debilitamiento de la representación sindical y de la situación de los trabajadores, no les dejaba mucho margen de maniobra, ni aún a los más dialoguistas. La apuesta era a conseguir una gran movilización el jueves 18 que sirviera para expresar en la calle el rechazo mayoritario a una reforma y así convencer a los renuentes. La marcha convocada por las centrales obreras, sectores del peronismo y los partidos de izquierda marcará el clima de esta semana que el debate se estrenará públicamente en el Parlamento.

Villarruel convocó a los jefes de los bloques para el martes a las 11, Todavía deben conformarse las comisiones que ordenarán el debate. En Presupuesto y Hacienda quedaría presidiendo el libertario Ezequiel Atauche y en Trabajo, posiblemente, la propia Patricia Bullrich. Asoma, inquietante, el fantasma de la ley Banelco, aquella de mediados de 2020, aprobada durante el gobierno de Fernando de la Rúa por exigencia del FMI, que guarda similitudes con esta reforma laboral. El entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, debió dar un paso al costado luego de que Hugo Moyano difundiera la frase incriminatoria expresada en una reunión -"para los senadores tengo la Banelco"- y lo reemplazó, justamente, Bullrich. Desde entonces, la ex ministra y ahora senadora mantiene su inquina con la dirigencia sindical. 

El primer problema a determinar será qué Cámara debe iniciar el debate, dado que la oposición sostiene que deben hacerse por Diputados dado que incluye cuestiones impositivas y así lo establece la Constitución. En La Libertad Avanza sostienen, por un lado, que no ese no es el eje de la reforma y que, además, no crea ni aumenta impuestos, sino que los baja o elimina, por lo que es correcto el ingreso por la Cámara alta. De todas maneras, será un conflicto que podría retrasar el debate en comisión, donde en los próximos días se citarán a decenas de expositores. Entre una y cosa y la otra -con la movilización cegetista y los feriados por las Fiestas en el medio-, se veía muy complicado el tratamiento exprés que la Casa Rosada imaginó en un principio. Es más probable que se produzca un debate extenso y complicado como el que apuntala la oposición.

Entre los legisladores peronistas existe la convicción que en los próximos meses la situación laboral se seguirá complicando, con cierres de empresas y despidos, y que al Gobierno le resultará cada vez más difícil sostener la reforma. En especial, a medida que se vaya diluyendo el envión ganador que le dieron los comicios de octubre. En caso de llegar al reinicio de las sesiones ordinarias, en marzo, con la reforma laboral aún pendiente, podrán además sumar al debate los proyectos que los diputados de origen sindical del peronismo fue presentando en los últimos tiempos, vedados para las extraordinarias, donde se trata únicamente la agenda que envía el Ejecutivo.

En Diputados, en tanto, la presidencia que encabeza Martín Menem convocó para el lunes las reuniones para constituir las comisiones de Presupuesto y la de Legislación Penal, con dos proyectos como prioridad: el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal. El Presupuesto ya había obtenido dictamen, pero eso fue durante el período ordinario. Ahora deberá enviar la nueva propuesta y se espera alguna novedad incorporada a pedido de los gobernadores con los que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior. Diego Santilli, vinieron dialogando en las últimas semanas. En el bloque de Unión por la Patria que preside Germán Martínez imaginaban -tal vez- alguna concesión oficial, como sería sumar el presupuesto necesario para sostener la emergencia en discapacidad, tal como lo estableció una ley ignorada por el Ejecutivo, pero que esta semana un juez determinó que se debía implementar. 

Estos dos años, Milei y su ministro Luis Caputo gestionaron con presupuesto prorrogado, lo que les permitió manejar las partidas a su antojo. Por eso, hay en Unión por la Patria quienes sostienen que deberían facilitar la aprobación del Presupuesto 2026, porque por lo menos tendrán una hoja de ruta a la que atenerse. El Ejecutivo quiere que el presupuesto tenga dictamen este martes, se trate en el recinto el miércoles y el jueves ya ingrese al Senado, en trámite ultraveloz. Además, el mismo martes querrían que en Legislación Penal se dictamine también la ley de Inocencia Fiscal, conocida como la de "los dólares del colchón". 

Cómo olvidar que ese proyecto fue presentado en junio pasado por el entonces presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, quien argumentó que se debía revertir la lógica de culpabilidad de quienes quieren invertir o gastar su dinero. "Ya no se partirá de la presunta culpabilidad del contribuyente, sino que todos los contribuyentes serán inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario", explicó entonces Espert. Desde la oposición criticaron entonces la propuesta porque representaba un blanqueo encubierto, beneficiaba a los grandes evasores y generaba dudas en cuanto al origen de esos fondos. Unos meses después, Espert debió renunciar a su candidatura a diputado por sus vínculos con el narco Fred Machado, su ex financista de campaña, hoy extraditado por la justicia de Estados Unidos. El oficialismo volverá a la carga esta semana para darle sanción.