El miércoles a las 15, aliados y oficialismo se reunirán en el Senado para encaminar la discusión por la reforma laboral, con la voluntad de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, las expectativas inmediatas no están puestas en lograr el texto definitivo de la norma, sino en concretar una hoja de ruta que permita trabajar en conjunto de cara al 11 de febrero, fecha en la que La Libertad Avanza (LLA) pretende discutir el proyecto en el recinto.
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Tras una serie de encuentros entre asesores, los socios habituales del Gobierno posan las miradas sobre la reunión de este miércoles; esperan que sus observaciones sean integradas para avanzar con el apoyo a la reforma. Una de las principales advertencias gira en torno al desfinanciamiento de las provincias, ítem destacado por Martín Goerling. El presidente del bloque PRO en el Senado alertó a El Destape sobre la preocupación de los mandatarios provinciales de su espacio ante una caída en la recaudación. “El Ejecutivo dice que eso se va a suplantar con mayor actividad económica y crecimiento. Bueno, esa discusión es la que vamos a dar también con los gobernadores”, señaló.
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Pero la laboral no será la única iniciativa de grueso calibre. El temario de sesiones extraordinarias incluye la Ley de Glaciares —que promete generar divisiones incluso dentro del peronismo—, la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica, el trabado acuerdo Mercosur-Unión Europea y el reciente anuncio de la baja de edad de imputabilidad.
Este último proyecto ya cuenta con dictamen en la Cámara de Diputados desde mayo pasado, con el acompañamiento de LLA, el PRO, la UCR, un sector de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Innovación Federal y la Coalición Cívica, sumando un total de 77 firmas. Pese a la intención original del oficialismo de reducir la edad a 13 años, el texto estipula la baja de 16 a 14, con la posibilidad de cursar la detención en centros especializados o áreas separadas de cárceles comunes. Además, incluye castigos alternativos como servicio comunitario y monitoreo electrónico para delitos con penas menores a 10 años, permitiendo prisión efectiva con un máximo de 15.
Con el nuevo impulso del Ejecutivo, Diputados estará habilitado para tratar el proyecto una vez incorporado al temario y, de conseguir la media sanción, pasará al Senado. Allí, el PRO todavía no estableció una posición unificada: esperan abordar las iniciativas una a una, acompañando lo que consideren oportuno pero, según advirtieron, sin votar a libro cerrado. En las filas amarillas sostienen que sus votos no pueden ser contados por el Gobierno como propios.
Desde la UCR ya sonó la primera voz de peso. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó la inclusión de la reforma a la Ley Penal Juvenil y aseguró que “un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”. Para el referente radical, es necesario ser “claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina”.
En la relación PRO-LLA persisten varios frentes abiertos. Por un lado, las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN). La fiscalía declaró competente al juzgado tras el pedido de Cristian Ritondo para dejarlas sin efecto, dado que se concretaron fuera del temario de extraordinarias. No obstante, por el inicio de la feria judicial, el tema no tuvo novedades en enero.
Por otro lado, se mantiene la tensión por el DNU 941 que modificó la Ley de Inteligencia Nacional. El macrismo exige protocolos de implementación que el Gobierno aún no publicó y que, estiman, tiene tiempo de presentar hasta el inicio de las sesiones. Dado que no ven probable que la oposición logre abordar la inconstitucionalidad antes de febrero, el oficialismo estira los plazos para comunicar el reglamento una vez que se conformen las comisiones correspondientes y el asunto baje al recinto.
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