La Unión Cívica Radical (UCR) de provincia de Catamarca atraviesa un momento de profunda crisis interna, que se profundizó con la presentación formal de un pedido de expulsión contra los afiliados que compitieron como candidatos por otras fuerzas políticas en las elecciones legislativas nacionales de octubre. La mayoría de los involucrados integró listas de La Libertad Avanza (LLA).
La iniciativa de desafiliación es motorizada por la conducción partidaria, encabezada por el diputado provincial reelecto Luis Fadel. El legislador elevó a la Justicia Federal con competencia electoral un listado detallado de dirigentes, argumentando que su accionar infringe la Carta Orgánica del partido, la cual establece la expulsión automática para aquellos que compiten por espacios distintos a la UCR.
De esta manera, el documento elevado a la Justicia Federal detalló que son 40 los afiliados alcanzados por el pedido, distribuidos en distintas categorías y partidos. Entre ellos están el exdiputado nacional Francisco Monti, electo diputado provincial; María Laura Quinteros, que también ganó una banca en la Cámara baja provincial; Juan Pablo Acevedo, María Silvana Carrizo y Hemilce Anabel Niz.
El listado se completa con radicales que también fueron candidatos a concejales en la capital provincial y departamentos del interior, tanto por LLA como por otras fuerzas: Primero Catamarca, Hacemos, Con Vos Podemos, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la alianza Andalgalá por una Catamarca Mejor, entre otros.
La situación interna se produce en el contexto de un brutal revés electoral para el radicalismo catamarqueño en octubre. La alianza Somos Provincias Unidas (integrada por la UCR y el partido Movilización) obtuvo un magro 9,06% de los votos a nivel provincial, quedando relegada al tercer lugar, detrás del oficialismo de Fuerza Patria y LLA.
El resultado se tradujo en un fuerte retroceso: de las seis bancas que el radicalismo ponía en juego en la Cámara de Diputados provincial, solo logró renovar dos, las de Fadel y Alicia Paz; mientras que Alfredo Marchioli, Alejandra Pons, Carlos Marsilli y Cristina Gómez culminaron sus mandatos en diciembre.
La respuesta de un sector disidente del Comité Provincial de la UCR: "Grave atropello"
Horas después de la presentación del pedido de expulsión, miembros del Comité provincial del radicalismo y disidentes de la conducción partidaria criticaron la decisión con un duro pronunciamiento firmado de la vicepresidenta, Natalia Heredia, junto a los secretarios Bruno Latronico, Exequiel Lagoria, Germán Romero y Marita Vergara.
En el escrito exigen la "inmediata revisión" de la medida y reclamaron la restitución del funcionamiento pleno del Comité. "La UCR Catamarca no puede seguir siendo administrada por pocos ni secuestrada por intereses personales", criticaron.
En ese sentido, señalaron que las expulsiones "constituyen un grave atropello institucional y un nuevo síntoma del deterioro que sufre el partido a manos de un pequeño grupo de dirigentes que, lejos de fortalecer la vida interna, han optado por apropiarse de las estructuras partidarias como si fueran un patrimonio personal".
De acuerdo a lo detallado por Ámbito, los disidentes recordaron que en la última Convención Provincial, que es el máximo órgano del partido, se había autorizado a armar alianzas y que jamás se le dio permiso al Comité Provincia ni a su presidente para sellar acuerdos exclusivos con un partido determinado, ni a impedir la participación de otras fuerzas.
En relación con los pedidos de expulsión, insistieron en que no hubo convocatorias, ni la participación de los órganos que la Carta Orgánica exige para la toma de decisiones de esa naturaleza. "Aun así, un sector reducido, que viene manejando el partido a puertas cerradas, avanzó con sanciones disciplinarias sin cumplir el mínimo requisito democrático: consultar al órgano legítimo y representativo del radicalismo catamarqueño”, remarcaron. No descartaron en ir a la Justicia para impugnar la decisión de la conducción.
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