Capitanich rechazó la inviolabilidad de la propiedad privada

El senador del bloque Justicialista Jorge Capitanich rechazó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El representante de Chaco redactó tres artículos en los que señaló que el texto confeccionado por la Casa Rosada antenta contra "el acceso de los pobres a la propiedad" y la "extranjerización de la tierra" y favorece el "enriquecimiento desmesurado de una oligarquía tecno-feudal.

En su primer artículo, "el problema no es la propiedad privada: es el acceso de los pobres a la propiedad", Capitanich observó que "el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) contabiliza más de 6.400 villas y asentamientos en todo el país —6.467 al último corte oficial de abril de 2024—, donde viven cerca de cinco millones de personas: alrededor de 1,2 millones de familias sobre una superficie de 590 km², casi tres veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

También señaló que "en esos barrios, dos de cada tres hogares carecen de acceso formal a la electricidad, nueve de cada diez no tienen agua potable de red y el 99 % carece de cloacas y de gas domiciliario", a la vez que "la casi totalidad no posee título de propiedad sobre el suelo que habita". 

Por el contrario, señaló que el expediente del oficialismo "eleva de tres a diez años el plazo de posesión que exige la Ley 24.374 para la regularización dominial de ocupantes de buena fe, y como no modifica el artículo 8° de esa misma ley, el beneficiario recién consolidará su título a los veinte años: los mismos plazos que la prescripción adquisitiva del Código Civil y Comercial" y, en paralelo, "deroga el Capítulo III de la Ley 27.453, el único régimen específico de regularización dominial para la integración socio-urbana de los barrios populares.

"La reforma procesal completa el cuadro. Los nuevos artículos 679 a 686 bis del Código Procesal Civil y Comercial no distinguen entre el intruso que usurpa un inmueble y la familia locataria que atraviesa una insuficiencia transitoria de ingresos: para ambos, restitución inmediata"

Y sintetizó: "Confundir a un usurpador con una familia en situación de vulnerabilidad económica no fortalece el derecho de propiedad; debilita el principio de justicia que debe inspirar su protección".

Por otra parte, en el segundo artículo, "extranjerización de la tierra: la soberanía no se delega", Capitanich señaló que el proyecto de la Casa Rosada busca "eliminar los límites a la extranjerización de la tierra que la Ley 26.737 estableció en 2011", bajo "un artilugio de falso federalismo", en el que propone "transferir la potestad regulatoria a las provincias para que, en los hechos, no haya límite alguno" y "apoyado en una lectura capciosa de los artículos 20, 121 y 124 de la Constitución Nacional y, en versiones anteriores del dictamen, en un silencio administrativo con efecto aprobatorio que habilitaba a un inversor extranjero a hacerse de la tierra por el mero transcurso del tiempo".

Según remarcó, la ley vigente establece "un tope del 15 % de titularidad extranjera sobre el territorio nacional, provincial y de cada división subprovincial; un sublímite del 30 % por nacionalidad; un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo; la prohibición de compra por personas jurídicas de derecho público extranjeras; y restricciones sobre tierras que contienen o lindan con cuerpos de agua de envergadura y sobre zonas de seguridad de frontera, en línea con el Decreto-Ley 15.385/1944".

"La ley no confiscó nada a nadie: ordenó, registró y puso límites hacia el futuro, creando el Registro Nacional de Tierras Rurales", sentenció.

Ese registro, actualizado a 2025, afirmó que "más de 13 millones de hectáreas rurales —alrededor del 5 % de la superficie rural del país están en manos extranjeras" y que "ninguna provincia, como promedio, supera el tope del 15 %". Sin embargo, el Observatorio de Tierras de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA "identificó más de treinta departamentos por encima del límite legal, con casos extremos como Lácar, en Neuquén, donde el 54 % de la tierra rural es extranjera, o Molinos y San Carlos en Salta y General Lamadrid en La Rioja, todos por encima del 50 %".

"Los titulares estadounidenses encabezan la nómina con cerca de 3 millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles, con fuerte presencia patagónica", advirtió.

Para el senador, "la tierra no es una mercancía cualquiera" sino "la base material del desarrollo, de la producción y del ejercicio efectivo de la soberanía". "Un Estado que renuncia a regular quién es dueño de su territorio renuncia, sencillamente, a ser Estado", sintetizó, para luego destacar que forma parte de una preocupación de la Pastoral Social, ENDEPA y Cáritas Argentina, que advirtieron que la reforma “abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas”.

Por último, el tercer artículo, titulado "tierra, agua y poder en la era de la inteligencia artificial", afirmó que el proyecto de extranjerización de la tierra busca "convertir a la Argentina en reserva de recursos de una economía global que los demanda con voracidad creciente".

"La discusión sobre la tierra en la Argentina de 2026 no puede leerse fuera del mapa del mundo. La competencia estratégica entre Estados Unidos y China por el control de las cadenas de suministro —semiconductores, minerales críticos, energía, capacidad de cómputo— reordena el planeta. En ese tablero, iniciativas como la denominada 'Pax Silica' asignan a países como el nuestro el papel de proveedores confiables de tierra, agua, alimentos, minerales y energía, lejos de los teatros de conflicto"

Según argumentó, el Inventario Nacional de Glaciares "registra 16.968 cuerpos de hielo sobre 8.484 km²: la segunda superficie englazada de América del Sur después de Chile, distribuida en doce provincias, con un rol decisivo en la regulación hídrica de las cuencas donde viven millones de argentinos" y el país tiene "más de 9.300 kilómetros de fronteras terrestres, más de 5.100 kilómetros de litoral fluvial y marítimo, 156 pasos internacionales y un sistema de cuencas que estructura todo el territorio".

"Es exactamente eso lo que queda expuesto cuando se eliminan los límites a la titularidad extranjera sobre riberas, nacientes, acuíferos, humedales, bosques nativos y zonas de frontera: control extraestatal de bienes comunes, desplazamiento de comunidades campesinas y de pueblos originarios —con antecedentes en Lácar, Neuquén—, penetración de actores ilegales en zonas sensibles y opacidad en la trazabilidad de las operaciones", alertó.

Capitanich señaló que "el proyecto agrava el cuadro en el plano ambiental: deroga el artículo 22 quáter de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que prohíbe por treinta años los desarrollos inmobiliarios sobre superficies incendiadas", hecho que sintetizó en "quien quema, después construye"

También acotó que la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV "advierte contra la concentración de datos, capital y capacidad normativa en pocas manos, y reafirma que los bienes de la creación se ordenan al bien común y al desarrollo integral de los pueblos".

"Nuestra posición estratégica y nuestros recursos deben servir para potenciar la calidad de vida del pueblo argentino, no para el enriquecimiento desmesurado de una oligarquía tecno-feudal. Defender la tierra, el agua y el territorio no es nostalgia: es la política de desarrollo más moderna que existe. Porque en la era de la inteligencia artificial, quien controla la tierra controla el agua; quien controla el agua controla la energía; y quien controla ambas, controla el futuro", cerró.