La sanidad agropecuaria argentina atraviesa un momento crítico. La reciente detección por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de tres casos de Scrapie (conocido como "tembladera" o prúrigo lumbar) en ovinos que se encontraban en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos, provocó por primera vez la pérdida del estatus de "país libre" de esta enfermedad. A tono con un contexto atravesado por retrocesos y récords negativos, el delegado nacional de ATE en Santa Fe y trabajador del área de inocuidad de Senasa, Matías Avallone, advirtió que los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei en este organismo clave para la seguridad alimentaria “hacen que la operatividad se resienta”.
El pasado 11 de abril, el Senasa confirmó que tres ovinos importados desde Paraguay entre 2021 y 2022 murieron en 2025 por padecer esta enfermedad neurodegenerativa, mortal y contagiosa que ataca a ovejas y cabras. Si bien la situación no es técnicamente una epidemia, ya que los casos fueron detectados en animales específicos que fallecieron, la encefalopatía espongiforme tiene consecuencias devastadoras para el mercado.
La pérdida del estatus sanitario internacional paralizó los embarques de carne ovina, especialmente desde la Patagonia, que ve frenadas sus exportaciones hacia Brasil y Túnez hace casi un mes. Los certificados hacia la Unión Europea (UE), que antes garantizaban el origen en un "país libre", ahora deben renegociarse bajo la figura de "zona libre”. Sin embargo, esta transición requiere la aceptación de los mercados de destino, a partir de una negociación entre las Cancillerías que comenzó a demorarse.
Según señaló Avallone en declaraciones para este medio, los casos de Scrapie se explican ante la falta de capacidad operativa real en Senasa, debido a que la eficacia de acuerdos comerciales depende directamente de la presencia territorial. La figura del empleado en las oficinas de campo es vital, ya que “estos trabajadores son quienes llevan adelante”, por ejemplo, “el control de sangrado para detectar distintas enfermedades”, como brucelosis.
El recorte presupuestario transformó la estrategia sanitaria en una logística de supervivencia. Avallone advierte que “esos controles se resienten porque una misma persona debe realizar un montón de tareas”. Sin viáticos y con vehículos oficiales que registran “muchísimos kilómetros”, la vigilancia epidemiológica se vuelve discrecional y fragmentada.
Este escenario de vulnerabilidad sanitaria coincide con un cambio de reglas en el comercio global: la entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la UE. Para la economía del país, Europa no es solo un destino estratégico por volumen, sino fundamentalmente por valor; el bloque europeo paga precios que triplican a los de China y superan en un 50% a los de América Latina. No obstante, esta oportunidad histórica de generar ingresos para la cadena cárnica choca con el vaciamiento a los organismos estatales que profundiza la administración de La Libertad Avanza (LLA) desde su llegada al poder.
Motosierra en Senasa: despidos, salarios por el piso y degradación del servicio
El oficialismo busca sostener el superávit a como dé lugar, y entre los principales recortes que incluyen obra pública, jubilaciones/PAMI, programas sociales y de salud, y financiamiento universitario, aparecen organismos como el Conicet, INTI y Senasa. Además de casi 1.000 despidos, el ajuste en este último incluye cierre de oficinas, eliminación de alquileres de edificios, reducción de flota vehicular y recorte en servicios de limpieza y seguridad.
En declaraciones para este medio, Matías Avallone contó que al inicio de la gestión de Milei “había casi 400 trabajadores de Senasa en la provincia de Santa Fe”, pero el profundo ajuste significó que quedaran "solamente 80 empleados de planta permanente”. A su vez, señaló que el resto del personal sobrevive bajo contratos trimestrales o condiciones “incluso más precarias”.
El impacto se manifiesta en el bolsillo del trabajador y en la consecuente degradación del servicio. Con salarios que se encuentran entre $1.200.000 y $1.400.000 para técnicos, y alrededor de $1.800.000 para profesionales, el desánimo es generalizado. Hacia el cierre de 2025, el INDEC informó que ocho de cada diez trabajadores registrados no lograban cubrir la canasta básica, un dato que contradice las cifras oficiales sobre la reducción de la pobreza.
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Esta realidad empujó a los trabajadores a una situación de pluriempleo, donde el personal encargado de garantizar la inocuidad alimentaria debe recurrir a "changas", como la albañilería, para llegar a fin de mes. El desgaste físico y mental resulta alarmante si se considera que deben cumplir tareas extenuantes, como las inspecciones en frigoríficos que “comienzan a las 4 de la mañana” y “procesan hasta 1.000 animales diarios”.
Esta crisis de ingresos provoca una peligrosa fuga hacia el sector privado. La huída constante de técnicos y químicos especializados, atraídos por mejores remuneraciones en la industria, implica un vaciamiento sanitario. Como consecuencia de este déficit de empleados, el sistema se encuentra atravesado por una preocupante tercerización, donde los trabajadores terminan siendo seleccionados por las mismas empresas que deben ser inspeccionadas.
Esta vulnerabilidad operativa choca de frente con los protocolos internacionales. Avallone subraya que “los frigoríficos exportadores tienen que tener sí o sí el personal oficial en lo que es la línea de faena”, ya que la presencia de agentes estatales “es una exigencia no negociable de los países compradores”.
La consecuencia inmediata es la brecha productiva: muchos frigoríficos afrontan la imposibilidad de exportar, limitándose a un mercado interno deprimido donde “hoy se controla lo básico”. En un contexto de recesión, el panorama que describe el trabajador de Senasa es desalentador: “Hay menos consumo interno, la compra y venta de carne cayó, y cada vez se invierte menos”, apuntó.
La venta de carne volvió a caer en marzo y profundiza una tendencia preocupante que no parece tener solución ante la depresión salarial. Según datos del sector relevados por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), el consumo per cápita se ubica en torno a los 44 kilos anuales, uno de los niveles más bajos en términos históricos.
Flexibilización: nuevos criterios de control
Hace algunas semanas, la gestión de Milei publicó el Decreto 790/2025, una normativa que redefine el rol del Senasa y el ANMAT en el control de alimentos. El Gobierno nacional sostiene que estas medidas buscan eliminar "trámites innecesarios" y dotar de "celeridad y eficiencia" al comercio exterior. Una de las cosas que hace también, es ser flexible en los controles
El decreto incorporó criterios de riesgo y plazos concretos para las inspecciones.
- En caso de signos de deterioro o inconsistencias documentales, las autoridades podrán exigir controles previos, con inspección en un máximo de 3 días hábiles.
- Si hay sospechas fundadas de riesgo sanitario, ANMAT y SENASA podrán intervenir antes del despacho a plaza (es decir a la venta en el país), con un plazo de hasta 5 días hábiles.
- La liberación de productos sujetos a control previo no podrá exceder los 5 días hábiles, prorrogables por única vez.
Mientras el Gobierno argumenta que la decisión funciona como una coordinación entre organismos para “evitar la superposición de tareas y la imposición de trámites innecesarios que dificulten el intercambio comercial”, los casos de Scrapie ponen de manifiesto la fragilidad del sistema.
Para los productores locales, el riesgo es doble. Por un lado, enfrentan el cierre de mercados externos por la detección de enfermedades en animales importados y, por otro, observan cómo la reducción de la estructura de supervisión del Senasa podría dejar al país más vulnerable ante nuevas amenazas sanitarias en un momento donde la confianza internacional es uno de los caminos para fortalecer la economía.
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