La situación financiera de Chaco encendió señales de alerta tras conocerse los niveles de endeudamiento registrados durante el primer cuatrimestre de 2026: según un reciente informe publicado por Politikón Chaco, la gestión de Leandro Zdero se ubica entre las más comprometidas del país en términos de deuda, con una brecha de de más de $37.000 millones entre lo emitido y lo pagado.
El dato surge ya que, tomando los primeros cuatro meses del año, Chaco enfrentó vencimientos por un total de $200.494 millones y en el mismo periodo, la provincia colocó deuda (emisiones) por $162.809 millones. Es decir, se endeudó por casi el mismo monto que abonó, pero además, aún queda pagar una parte del pasivo del primer cuatrimestre. Esto deja una diferencia superior a los $37.000 millones, reflejando que los recursos obtenidos mediante endeudamiento no lograron cubrir la totalidad de las obligaciones asumidas.
El desfasaje se agravó especialmente en abril, cuando la provincia no realizó nuevas emisiones, pero sí debió afrontar pagos significativos por capital e intereses de bonos y letras. Esta situación expone una presión creciente sobre las cuentas públicas y limita el margen de maniobra del Ejecutivo provincial.
En este contexto, el Gobierno chaqueño recurrió a mecanismos extraordinarios de financiamiento. A través del Decreto 219/2026, la Nación habilitó adelantos de coparticipación para 12 provincias, entre ellas Chaco, ante las dificultades de acceso al crédito en los mercados. Estos fondos serán destinados principalmente a cubrir compromisos vinculados a deuda en dólares.
El ministro de Hacienda provincial, Alejandro Abraham, reconoció que el cumplimiento de estas obligaciones implica un “importante esfuerzo”, en un escenario donde la recaudación se ve afectada por la caída de la actividad económica a nivel nacional.
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Sin embargo, estos adelantos representan una solución de corto plazo. Se trata de préstamos que deben devolverse dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa de interés del 15%, lo que incrementa la carga financiera futura. Además, se descuentan automáticamente de los recursos coparticipables, reduciendo aún más la disponibilidad de fondos para la provincia.
El cuadro se completa con una caída en la coparticipación nacional, producto del desplome de la recaudación en un contexto de recesión económica. Esto limita los ingresos corrientes y obliga a las provincias a recurrir cada vez más al endeudamiento para sostener su funcionamiento.
Esta información se dio a conocer al mismo tiempo que el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de abril, donde Chaco fue una de las nueve provincias de todo el país que recibieron fondos: la Nación distribuyó $47.000 millones en ATN entre Neuquén ($8.000 millones), Mendoza ($7.000 millones), San Juan, Chaco ($6.000 millones cada una) y Misiones ($5.500 millones), seguidas por Entre Ríos, Catamarca (ambas con $4.000 millones), Salta ($3.500 millones) y Santa Fe ($3.000 millones).
ATE denuncia salarios bajos y despidos
En línea con los ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei a nivel nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) filial Chaco rechazó el ajuste que llevó adelante el gobernador Leandro Zdero en toda la administración pública provincial.
En diálogo con El Destape, el secretario general de ATE Chaco, Isaac Chaparro, enfatizó el reclamo por los salarios bajos en la provincia. "Hoy los trabajadores están cobrando sueldos muy bajos y los despidos no han cesado desde que asumió Zdero", exclamó Chaparro.
En esta sintonía, el sindicalista afirmó que desde los sectores gremiales no pudieron establecer diálogo con el Ejecutivo provincial, ni con los ministros de las diversas carteras. "El gobierno no tiene diálogo con los sindicatos, desde que arrancaron sus funciones no hemos tenido oportunidad de llevar adelante una mesa de negociación", sentenció.
La eliminación de los adicionales salariales, como el Fondo Estímulo Productivo, generó una caída significativa en los sueldos de distintos organismos, con casos en los que los trabajadores denunciaron reducciones muy fuertes en sus ingresos. A esto se suma la eliminación de la cláusula gatillo para docentes, lo que dejó los salarios aún más rezagados frente a la inflación. En paralelo, los aumentos otorgados por la gestión fueron considerados insuficientes, ya que quedaron por debajo del ritmo de suba de precios, profundizando la pérdida de poder adquisitivo.
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