La guerra judicial entre el gobierno nacional y los popes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa su escalada luego de que se produjeran operativos en la sede del fútbol nacional y en más de una decena de clubes. Este miércoles, el Ministerio de Justicia informó que a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) se intimará a la AFA y a la Superliga del Fútbol Argentino para que brinde explicaciones sobre sus estados contables y financieros.
En un comunicado el gobierno dijo que esos balances “superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente”. Esta nueva avanzada se suma a la denuncia que el lunes presentó la senadora Patricia Bullrich en el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la institución, Pablo Toviggino. En su acusación, Bullrich hizo alusión a tres causas que tramitan en el país por lavado de activos. El martes desde el entorno de la AFA respondieron con una denuncia contra la exministra de Seguridad y su hijo Francisco Langeri Bullrich por el mismo delito pero a través de la cadena “Tostado”.
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En la actualidad hay al menos 6 denuncias cruzadas entre el gobierno y la AFA en el marco de este conflicto que mezcla fútbol, política y Justicia. Según un relevamiento del El Destape hasta el momento hay en curso:
- Una causa que se abrió por una denuncia de la Coalición Cívica contra presuntos testaferros de Tapia y/o Toviggino. La presentación hace foco en una mansión de Pilar en la que en un operativo judicial se encontraron 45 autos de lujo y colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, es decir un total de 54 vehículos, todos propiedad de la firma “Real Central SRL”. El caso comenzó siendo tramitado por el juez Daniel Rafecas en los tribunales de Comodoro Py pero luego el magistrado se declaró incompetente y el expediente pasó a manos del juez Marcelo Aguinsky del fuero Penal Económico. En este expediente la Justicia determinó que la empresa Malte SRL, radicada en Santiago del Estero (donde se hizo fuerte Toviggino), fue la que le vendió la mansión investigada a la firma Real Central SRL, de un exmonotributista, Luciano Pantano, y su madre jubilada, Ana Lucía Conte. Aguinsky ya dispuso nuevas medidas de prueba.
- La causa FLP 50354/2025 que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena que se inició por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), es decir, el gobierno, contra la financiera Sur Finanzas por evasión y lavado de activos. Según la acusación, Sur Finanzas “ registraría una diferencia a ingresar en concepto de Impuesto a los Débitos y Créditos de los períodos fiscales 01/2022 a 04/2025 por un total de $3.327.267.047,93 (…) maniobra vinculada a infracciones tributarias y el posible lavado de activos”. La firma, que es de Ariel Vallejo, a quien se vincula con el Chiqui Tapia y está relacionada al mundo del fútbol, “actuando como ‘prestador de servicios de pago’, recibió dinero por transferencias realizadas por intermedio de su plataforma de billetera virtual, operando con clientes que, no teniendo capacidad operativa, económica y/o financiera para realizar las operaciones de transferencias virtuales, realizaron movimientos por los montos millonarios de acreditaciones cuyo origen resultaría ilícito, y que alcanzan un total de $818.000.000.000”. Según la acusación, “el 31% del universo de las personas que realizaron dichas transferencias son sujetos no categorizados y, dentro de este porcentaje, el 9% son apócrifos (es decir, contribuyentes no confiables) y un 27%, monotributistas de escasa capacidad económica detectada”. Esta pesquisa se encuentra con secreto de sumario.
- La causa FLP 29107/2025, que tramita ante el juzgado federal de Lomas de Zamora que subroga el magistrado Luis Armella (el mismo que estuvo involucrado por desmanejos en el caso Gestapo antisindical). En el marco de este caso se realizaron operativos en la AFA y decenas de clubes del fútbol argentino. Este expediente se abre por una denuncia que realizó Fernando Alberto Hernandez, representante de la firma Auriga League S.A, y apuntó en un principio contra Óscar Tucker, Federico José Spinoza, a Diego Figueroa Maraver y al “Club Atlético Banfield, Sociedad Civil”, por los delitos de estafa y lavado de activos. Finalmente aquí también se presentó ARCA y el caso alcanzó a la firma Sur Finanzas y hasta cuenta con detenidos como la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez. La fiscal que interviene en ambas pesquisas, Cecilia Incardona, reclama que las dos causas que tramitan en los tribunales de Lomas de Zamora lo hagan de manera conjunta en el juzgado que comanda Armella. Villena denunció a la fiscal ante la Procuración General de la Nación por el manejo que hizo respecto a estos dos expedientes. La acusa de maniobras extorsivas para avanzar según su criterio.
- La presentación que la senadora Patricia Bullrich realizó el lunes ante el “Tribunal de Ética de la Conmebol” contra Tapia y Toviggino. Según tuiteó la propia exministra de Seguridad, los acusa de “presuntas violaciones del Código de Ética de la CONMEBOL y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento de la CONMEBOL”. “Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, tuiteó y se refirió “a las mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo”. También se preguntó en la red X: “¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos? ¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias? ¿Y la retención de aportes? La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta". Las referencias son a las causas judiciales que están en trámite en Comodoro Py y los tribunales de Lomas de Zamora y que al momento de escribirse esta nota no vinculan ni a Tapia ni a Toviggino. Acaso para demostrar su poderío político, horas después de esta denuncia Tapia se fotografió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Por su parte, Toviggino cruzó a la exministra en redes sociales: “Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO". La referencia a Tostado no fue azarosa.
- El abogado Gregorio Dalbón, que es abogado de la AFA, denunció este martes a Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y al socio de su hijo Fernando Goijman en la firma “Tostado” para que se los investigue por los delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita. Según señaló Dalbón a este medio, la denuncia la hizo como particular “y la AFA no tiene nada que ver”. El letrado se hizo eco de una investigación periodística realizada por el medio La Ciudad, que replica un informe periodístico del programa TLN Denuncia, conducido por Tomás Méndez, que se emite por Canal 9, y apunta a la “red de más de 70 bares y locales gastronómicos, operados a través de distintas razones sociales y esquemas de franquicia registrados como Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A”. Allí son socios Goijman y Langeri Bullrich, El nudo de la denuncia es que la “expansión empresarial se habría producido en un lapso relativamente breve, alcanzando un valor económico de millones de dólares, sin que existan antecedentes públicos de capital inicial, financiamiento bancario relevante ni trayectoria empresarial previa que expliquen razonablemente ese crecimiento”. La denuncia quedó radicada en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, quien fue el candidato del gobierno a la Corte. La senadora no solo juega con esa carta a su favor: ya hubo una denuncia contra ella por su vínculo con Tostado y fue cerrada el año pasado en los tribunales de Comodoro Py por el magistrado Sebastián Ramos.
- El Ministerio de Justicia informó este miércoles que a través de la IGJ intimará a la AFA y a la Superliga del Fútbol Argentino para que explique sus estados contables y financieros. En un comunicado el gobierno dijo que esos balances “superan los USD 111.000.000 y USD 340.000.000, respectivamente”. Pretende que los organismos presenten “documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”. Y advirtió: “La falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo otorgado podrá derivar en sanciones económicas severas, tanto para las entidades involucradas como para sus directivos”.
Desde este lunes lejos de amainar la guerra entre el gobierno y la AFA continúa al ritmo de una denuncia por día.
