Lo que está pasando hoy en la salud argentina no es un ajuste más. Es algo mucho más grave: es un Estado que se está retirando. Y cuando el Estado se corre no aparece la eficiencia, aparece la enfermedad, aparece la inequidad y aparece el miedo.
Porque hoy, en la Argentina, enfermarse empezó a ser un problema económico. No es una metáfora: es una realidad cotidiana. Hay familias que no pueden pagar medicamentos, jubilados que eligen cuál dejar de tomar y personas que postergan tratamientos porque no llegan a fin de mes. Lo que antes era un derecho, empieza a transformarse en un privilegio.
Los datos lo confirman. Volver a tener aumento en la mortalidad infantil y materna es un retroceso que debería escandalizarnos a todos. No es un número: son vidas que podrían haberse salvado. Y a eso se suma la falta de transparencia, la demora en publicar información básica, como si ocultar los datos pudiera ocultar el problema.
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Cuando baja la cobertura de vacunas, vuelven las enfermedades. Así de simple. En estos dos años de gestión el gobierno de Milei no ha incorporado ni una vacuna al calendario. Hoy esperan esto la vacuna de Covid19, la de Meningococo, la de Herpes Zoster, entre otras. La debilitación de la CONAIN con el retiro de las prestigiosas sociedades científicas y la subordinación de una comisión independiente en un entegrama más del ministerio de Salud de la Nación. Así no debe sorprendernos el regreso “planificado” del sarampión, la hepatitis A, el VPH o el coqueluche. Y mientras tanto se dejan avanzar discursos antivacunas con conferencias en el propio Congreso de la Nación, que ponen en riesgo a toda la comunidad.
Lo del fentanilo contaminado, con más de 100 muertes, debería haber sido un punto de quiebre. Pero no lo fue. No fue un accidente: fue una falla del sistema. Cuando el Estado no controla, el resultado es muerte evitable. No hay otra forma de decirlo.
Se está desfinanciando hospitales que son orgullo nacional, como el Garrahan o el Bonaparte. Lugares donde se atienden los casos más complejos, donde van las familias que no tienen otra opción. Debilitarlos es dejar a los más vulnerables sin red.
Y todo esto pasa mientras el Gobierno decide retirarse de espacios internacionales como la OMS, perdiendo cooperación y herramientas clave, y al mismo tiempo alinearse con políticas impulsadas desde Estados Unidos en materia de patentes de medicamentos. Eso significa, en la práctica, más poder para los laboratorios y menos acceso para la gente.
Pero hay algo aún más preocupante: ese alineamiento viene acompañado de una importación de discursos anticiencia. En Estados Unidos hoy crecen sectores políticos con posiciones antivacunas, incluso en niveles de gobierno, que cuestionan evidencia científica básica. Copiar esas miradas no es modernizar el sistema: es retroceder décadas.
Mientras tanto, en Argentina crecen los problemas de salud mental, los consumos problemáticos y los suicidios. Hay más demanda, más complejidad y menos Estado. Es una combinación peligrosa. Nuestro sistema de salud ya era fragmentado y desigual. Sin una conducción nacional fuerte, se rompe más. Y lo que estamos viendo es justamente eso: el Estado nacional retirándose de programas clave como Remediar, ENIA, cardiopatías congénitas, programas de tamizaje y tratamiento en oncología, y discapacidad. Nos enteramos por los ministros de salud de las provincias que las residencias medicas financiadas por el ministerio de Salud de la Nación, que eran cerca del 50% de las mismas, van a ir desapareciendo a partir de este año, renunciando de esa manera a la rectoría en la planificación de RRHH en salud desde el nivel nacional. No es un recorte abstracto, es menos formación, menos equipos y menos capacidad de respuesta en hospitales y centros de salud en todo el país. Cada uno de estos recortes tiene nombre y apellido en la vida real.
Por eso, el problema no es solo cuánto se invierte. Es qué se decide hacer. Hoy las decisiones están generando un retroceso en derechos que costaron años construir. Frente a esto, el Congreso no puede mirar para otro lado.
La comisión de Salud de Diputados tiene la responsabilidad de ponerse al frente y empujar una agenda concreta: garantizar una nueva Ley de Programa Médico Obligatorio, crear una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que priorice evidencia y no negocios (que fue anunciada por este Gobierno y nunca se concretó), modernizar la ANMAT por ley para fortalecer controles en calidad y trazabilidad y sancionar una nueva Ley de Residencias que cuide a quienes sostienen el sistema, entre otras iniciativas.
Argentina no necesita menos Estado en salud. Necesita un Estado que esté, que cuide y que ordene. Porque cuando el Estado se retira nadie ocupa ese lugar. El mercado no cuida, no vacuna, no garantiza tratamientos y no llega a todos. Por eso, cuando se habla de recortes en salud no se habla de números, se habla de vidas.
*Diputado Nacional por Tucumán.
