Los límites del borrón y cuenta nueva tras el affaire Adorni

El final del affaire procasta Adorni y la llegada de un nuevo Jefe de Gabinete ultracasta, también flojito en materia de declaraciones juradas patrimoniales, aunque heredero y con una posición social menos de recién llegado, puso en marcha el operativo “ahora sí vamos a poder hablar de lo bien que marcha la economía”.

Aunque el periodismo oficialista se muestra entusiasta, la estrategia de borrón y cuenta nueva enfrenta un problema: los números de la economía son horribles. La inflación está desacelerándose respecto del pico de marzo, pero ello se debe a que el tipo de cambio continúa apreciándose y, especialmente, a la recesión que atraviesan los sectores de la economía vinculados al mercado interno, el que genera el grueso del empleo. Y ello sin hablar de la continuidad en la destrucción de las funciones del Estado y del patrimonio público.

Las nuevas generaciones, las que no guardan en su memoria la década de 1990, comienzan a descubrir que la baja inflación no lo es todo; que los precios pueden estar algo más estables, pero que ello no repercute en el poder adquisitivo de sus ingresos. Y no solo eso: el panorama cotidiano de quienes “se levantan todos los días a trabajar” sigue marcado por los bajos salarios. Uno de sus efectos más notorios es que las familias que se endeudaron para afrontar gastos corrientes no logran salir de sus pasivos, lo que se expresa en el aumento constante de la mora, una situación que comienza a convertirse en un problema social, en tanto se propaga a lo largo de toda la cadena de pagos.

El crecimiento de la mora

De acuerdo con un informe difundido esta semana por la consultora 1816, en mayo la mora de las familias aumentó del 12,1 por ciento registrado en abril al 12,7. En las empresas, en tanto, pasó del 3,3 al 3,5. Con estos números, la mora total del sector privado aumentó del 7,3 al 7,7. Se considera mora a los atrasos en los pagos de al menos 90 días. Pero aquí no importa solo la magnitud de los números, sino especialmente la tendencia. En el caso del crédito a las familias, la de mayo constituyó la decimonovena suba mensual consecutiva. La mora, que en octubre de 2024 era del 2,5 por ciento, se quintuplicó. Para encontrar registros similares hay que remontarse a los tiempos de la salida de la convertibilidad.

El informe de 1816 contiene varios datos cualitativos adicionales. La mora de las familias por fuera del sistema bancario es muy superior y alcanza el 32,2 por ciento. Y si se recorta aún más el universo analizado, se observa que los más endeudados son los menores de 35 años, grupo en el que la mora llega a casi el 40 por ciento, considerando tanto las deudas dentro como fuera del sistema financiero. Esta suma de datos es relevante porque también le pone un techo al crecimiento. Muchos economistas cercanos al Gobierno afirmaron que el motor de la expansión hasta las elecciones de 2027 sería el crédito, una expectativa que se dificulta con el actual nivel de mora. El dato ya se refleja en el comportamiento de los bancos: los privados retrajeron el crédito, cuya expansión hoy solo sostiene la banca pública.

La secuencia es clara: desde el cambio de gobierno, una parte de las familias primero desahorró, luego se endeudó y finalmente no pudo hacer frente a sus pasivos. La razón es que, por más entusiasmo que se intente transmitir frente a la baja relativa de la inflación, los ingresos no se recuperan. El fenómeno de la mora no es otra cosa que la expresión financiera de lo que sucede en el mercado de trabajo.

Precarización e informalidad

De acuerdo con el último informe de la consultora Audemus, que sigue los datos difundidos por el Indec para el primer trimestre, la desocupación se mantuvo estable en el 7,8 por ciento, es decir, sin mayores variaciones respecto del mismo período de 2024 y 2025. Sin embargo, como se viene señalando en este espacio, el ajuste registrado en el mundo del trabajo es cualitativo: lo que aumenta no es el desempleo, sino la precarización, que a su vez se traduce en la caída de los ingresos y, por extensión, de la demanda. Siempre en el primer trimestre, la informalidad –precisamente aquello que se decía que la pérdida de derechos laborales venía a combatir– alcanzó un nuevo récord del 44,2 por ciento de la población ocupada. Esto significa que, en los últimos dos años, 600 mil trabajadores se sumaron al empleo no registrado, lo que, dicho sea de paso, también desfinancia al sistema previsional. En paralelo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo, en el mismo período se registró una pérdida neta de 13.360 empleos privados registrados. De este modo, desde el cambio de gobierno la pérdida acumulada de empleo privado formal asciende a 216.600 puestos.

Una interpretación posible es que este ajuste en el mercado laboral y, por extensión, en los ingresos y las condiciones de vida de las mayorías forme parte del necesario “reseteo” de la economía que tanto entusiasma al grueso de los economistas, no solamente oficialistas, vale aclararlo. Se trataría de un esfuerzo necesario para que el capital vuelva a confiar en la economía local. Bajo esta lógica, la mejora de la tasa de ganancia vis à vis la caída de los salarios debería poner en marcha la conocida rueda de la felicidad: aumento de la inversión, expansión de la actividad, crecimiento de la demanda de empleo, recuperación de los ingresos y, finalmente, un nuevo equilibrio virtuoso algunos pisos más arriba.

El problema es que los datos no confirman ese relato. La inversión no deja de caer. La Inversión Bruta Interna Fija acumula cuatro trimestres consecutivos de retroceso y los miles de millones de dólares que cotidianamente se prometen en el marco del RIGI siguen sin llegar o, en los pocos proyectos aprobados, lo hacen a cuentagotas.