La Argentina atraviesa un debate que excede cualquier discusión técnica. La modificación de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno nacional no trata sobre minería ni sobre inversiones: trata sobre el agua. Y cuando se discute el agua, se discute el futuro del país.
En el Senado de la Nación iniciamos el tratamiento de una reforma que ahora continuará su debate en la Cámara de Diputados. Allí se definirá si Argentina sostiene uno de los marcos ambientales más importantes de América Latina o si retrocede en la protección de sus reservas hídricas estratégicas.
La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, no frenó el desarrollo económico argentino. Por el contrario, estableció reglas claras para compatibilizar producción y cuidado ambiental. Definió algo esencial: existen zonas donde el daño sería irreversible y, por lo tanto, deben protegerse.
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Los glaciares y el ambiente peri glacial cumplen una función vital. Regulan caudales, sostienen los ríos andinos y garantizan la recarga de cuencas hidrográficas. En regiones áridas pueden aportar hasta entre el 25% y el 50% del caudal de los ríos en períodos de sequía, un dato científico clave frente a la crisis climática.
Sin embargo, el proyecto oficial propone modificar ese esquema bajo el argumento de generar “seguridad jurídica” para atraer inversiones extractivas. En realidad, se busca flexibilizar prohibiciones vigentes y habilitar actividades en zonas hoy protegidas.
La Corte Suprema de Justicia ya resolvió esta discusión en 2019 mediante el denominado Fallo Barrick, donde ratificó la constitucionalidad plena de la ley y afirmó un principio central: el ambiente y el agua son bienes colectivos cuya protección puede limitar intereses económicos individuales. No existe un problema jurídico. Existe una decisión política.
El proyecto pretende delegar en cada provincia la definición sobre qué glaciar proteger y cuál podría ser intervenido. Presentado como federalismo, implica fragmentar la protección ambiental y reemplazar criterios científicos por decisiones sujetas a presiones económicas coyunturales.
Las consecuencias no se limitan a las provincias cordilleranas. Hablar de glaciares también es hablar de La Pampa.
Nuestra provincia no posee glaciares, pero depende directamente de ellos. Los ríos Atuel y Colorado nacen en cuencas vinculadas a ambientes glaciares y periglaciares. La historia pampeana demuestra qué ocurre cuando las decisiones sobre el agua se toman unilateralmente aguas arriba: pueblos sin agua, producción perdida y conflictos judiciales interminables.
El río Colorado abastece mediante un acueducto a 46 localidades pampeanas donde vive más de la mitad de nuestra población. Cualquier afectación en sus nacientes impactaría directamente en la vida cotidiana y en la seguridad hídrica de miles de familias.
Por eso esta reforma no es un debate local. Es una discusión nacional.
En un mundo atravesado por sequías y eventos climáticos extremos, los países refuerzan sus políticas ambientales. Argentina no puede avanzar en sentido contrario debilitando la protección de reservas estratégicas.
No hay economía posible sin agua. No hay producción posible sin agua. No hay desarrollo federal posible sin reglas ambientales comunes.
La discusión no es minería sí o minería no. La discusión es si estamos dispuestos a comprometer fuentes hídricas que sostienen poblaciones enteras.
Cuando el daño ambiental ocurre, no existe reparación posible. Defender la Ley de Glaciares no es una posición ideológica: es una decisión de supervivencia colectiva.
Defender los glaciares es defender el derecho de las próximas generaciones a vivir en un país con agua, producción y futuro.
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