“Proceso de reorganización nacional”: un nombre cuyos ecos todavía se escuchan

Cada una de las dictaduras militares que sufrimos en el siglo XX le dedicó su atención, al momento del golpe de Estado, a dar una señal simbólica sobre lo que pretendían realizar. Resulta muy sintomático del carácter del liberalismo argentino advertir cómo, en cada uno de los casos, la realidad efectiva contrastó con el nombre adoptado para presentarse ante la sociedad. 

Un caso emblemático es el del derrocamiento del general Perón, en 1955, a manos de la autotitulada “Revolución Libertadora” para un gobierno de facto que no solamente fusilaría a sus opositores políticos, sino que entregaría rápidamente los importantes grados de independencia política y económica ganados en la década previa. Algo similar sucede con la “Revolución Argentina”, el título que adoptó la dictadura liderada por Juan Carlos Onganía en 1966. Si por algo estuvo caracterizada esta etapa, fue por una fuerte penetración de los capitales monopólicos extranjeros en la economía nacional.

En el caso del golpe de Estado de 1976, que inició la aplicación sistemática del terrorismo de Estado, el nombre elegido fue “Proceso de Reorganización Nacional”. Hace exactamente 50 años, los tres integrantes iniciales de la Junta Militar -Videla, Massera y Agosti- asumieron el poder político de la Nación mediante un acta firmada en el edificio Libertador ante la comparecencia del presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Este acta está titulada “Proceso de Reorganización Nacional”. Desde entonces se conocería al gobierno genocida como el “Proceso”.

En la última parte del acta se detallan una serie de propósitos y objetivos. Llama la atención releerlos porque son una síntesis prácticamente opuesta de la política que efectivamente aplicaron. “Soberanía política”, “instituciones constitucionales revitalizadas”, “vigencia plena del orden jurídico”, “neutralización de las interferencias de los capitales nacionales y extranjeros en el ejercicio de los poderes públicos”, “justicia social”, “relación armónica entre el Estado, el capital y el trabajo”. No hace falta abundar más. Quizás Rodolfo Walsh haya pensado en esto, entre otras cosas, al escribir en su famosa “Carta abierta” a la Junta Militar, un año después, que “lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”.

Este doble discurso recuerda la faceta más siniestra de aquellos años: un “combate a la subversión” del que se hablaba a la luz del día pero que, en realidad, se desarrollaba en la clandestinidad y la oscuridad por métodos y finalidades imposibles de admitir en público. El velo de oscuridad es tan fuerte que cinco décadas más tarde, muchos de los protagonistas de aquel genocidio se llevaron los secretos a su tumba, y los que viven, aún callan.

El proceso de organización nacional

Se suele llamar “proceso de organización nacional” al período en el que se consolidó la formación del Estado nacional, en la segunda mitad del siglo XIX. Su inicio se puede establecer en la Batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852, sucedida por la aprobación de la Constitución Nacional en 1853; mientras que su cierre se puede fijar en junio de 1880, con el triunfo militar de las tropas nacionales contra las fuerzas bonaerenses del gobernador Carlos Tejedor, que dio lugar a la federalización de la ciudad de Buenos Aires.

Fue la etapa que sentó las bases del modelo económico agroexportador que regirá por cinco décadas, hasta la crisis de 1930. Desde el punto de vista que nos interesa en este artículo, fue un período marcado por la utilización de la violencia política para imponer el dominio político de la oligarquía pampeana y la inserción subordinada del país en el mercado mundial, como apéndice semi colonial del Reino Unido. Los hitos de este proceso -una verdadera guerra civil que determinó el futuro del país- fueron: la persecución de las montoneras federales en distintas regiones del país, el inicio de la Conquista del Desierto y del Chaco para terminar con el dominio indígena del territorio, y la Guerra del Paraguay, un verdadero genocidio contra la nación guaraní.

¿Qué es lo que buscaba retomar entonces con su nombre el “Proceso”? Se pretendía volver a aplicar una matanza desde el Estado para asesinar a los opositores -especialmente representantes de los trabajadores- y disciplinar al pueblo argentino, con el objetivo de sentar las bases de un modelo económico donde los intereses oligárquicos y financieros recuperaran la primacía que habían perdido desde 1930. Una “revancha clasista”, la definió el historiador Eduardo Basualdo.

Los resultados para el pueblo argentino fueron catastróficos. Lejos de inaugurar una era de florecimiento, lo que se consiguió fueron cinco décadas de estancamiento económico y empobrecimiento generalizado, sólo interrumpidas con éxito entre 2003 y 2015, cuando se aplicaron políticas contrarias a las suyas y se consiguió avanzar en el reclamo de memoria, verdad y justicia. Lo que planificaron no fue la prosperidad sino la miseria, como también denunció Walsh.    

Ricardo Zinn y la “segunda fundación de la República”

Uno de los responsables de esta mirada sobre la historia argentina fue el economista Ricardo Zinn, poco recordado en la actualidad. Fue uno de los ideólogos del “Proceso”, especialmente con la publicación en el mismo año de 1976 del libro “La segunda fundación de la República”, donde se desarrollaba una mirada decadentista de la historia que justificaba una perspectiva de refundación. El inicio de la decadencia estaba muy claro para él: 1916, primera aplicación del voto secreto y universal masculino, que permitió el triunfo de Hipólito Yrigoyen. Es decir que el problema no era solamente el peronismo, sino la propia democracia, que bajo la forma de “democracia de masas”, daba lugar a una “kakistocracia”: el gobierno de “los menos aptos, de los inferiores, aun de los incapaces y de los peores”, como escribía García Venturini, otro de los intelectuales liberal-conservadores claves en este período.

El historiador Martín Vicente sintetiza la biografía de Zinn en su libro “De la refundación al ocaso”. Trabajó en los gobiernos de Frondizi, Levingston, Lanusse y María Estela Martínez de Perón. En el último de ellos, su paso fue breve pero contundente: distintas fuentes lo consideran el cerebro detrás del “Rodrigazo”, el plan económico de shock que fue el primer antecedente de la aplicación del neoliberalismo en el país. Ya durante el “Proceso” fue un asesor importante de Martínez de Hoz y un lobbista fundamental para que el Grupo Macri recibiera los importantes beneficios de los que gozó en esta etapa. Luego integró la UCD de Alsogaray y, ya en tiempos de Menem, volvió a la función pública como asesor de su hija María Julia para las privatizaciones de ENTEL y SOMISA. Hasta su muerte en 1995 es significativa: falleció en un accidente aéreo nunca esclarecido junto al titular de la YPF privatizada, José Estenssoro. Su trayectoria personal es una sinécdoque del drama colectivo que vive nuestro país.

Las marcas que nos dejó la última dictadura están sumamente vigentes. El actual gobierno retoma varios de los elementos claves de la visión del “Proceso”: la lectura decadentista de la historia, las pretensiones refundacionales, la nostalgia por la Argentina del Centenario, el autoritarismo y las formas restringidas de la democracia, entre otras cosas. De ahí que el gobierno de Milei no sea solamente la versión criolla de una familia extendida en Occidente con Trump, Bolsonaro u Orbán, sino que también tenga su genealogía en la historia de las derechas argentinas. En ella se destaca un denominador común que atraviesa los tiempos: la combinación de liberalismo económico, autoritarismo político y conservadurismo cultural.