El miércoles 25 de febrero, Cuba neutralizó un ataque terrorista contra su territorio. Una lancha rápida procedente del estado de Florida ingresó en aguas jurisdiccionales cubanas y abrió fuego contra efectivos de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, en un hecho que reaviva la larga historia de agresiones contra la isla y vuelve a tensar el escenario regional.
La incursión armada, ejecutada desde territorio estadounidense y con participación de ciudadanos cubanos residentes en ese país, fue desactivada por las fuerzas de seguridad de la Isla, que actuaron en defensa de la soberanía nacional. El episodio se inscribe en un contexto de creciente hostilidad política y económica contra La Habana, marcado por la profundización del bloqueo y por reiteradas declaraciones de autoridades de Washington sobre un eventual “cambio de régimen”.
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El ataque terrorista
Según los primeros comunicados del Ministerio del Interior cubano, el enfrentamiento dejó como saldo cuatro agresores abatidos y seis lesionados. Todos los detenidos son ciudadanos cubanos residentes en EEUU. Varios de ellos estaban siendo requeridos por la justicia por su presunta vinculación con acciones terroristas previas, en un contexto donde las estructuras del poder profundo angloamericano parecen, una vez más, optar por la tolerancia selectiva cuando se trata de operaciones dirigidas contra la isla.
El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que Cuba no promueve agresiones contra ningún país, pero que ejercerá sin vacilaciones su derecho a defender la integridad territorial. “Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional”, expresó a través de su cuenta en la red social X.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, brindó declaraciones pocas horas después de lo ocurrido y señaló que su gobierno se encontraba realizando una investigación para luego responder “en consecuencia”. Asimismo, negó la existencia de una operación oficial estadounidense en territorio cubano o la participación de personal del gobierno de EE.UU. en los hechos.
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Los detalles oficiales difundidos por las autoridades cubanas desmienten cualquier intento de presentar el hecho como un incidente menor o confuso en aguas internacionales. La embarcación fue detectada a 3,7 millas náuticas dentro de aguas territoriales cubanas, en la zona de Los Cayos de Falcones, municipio de Corralillo, cuando ya había penetrado el límite de las 12 millas que definen la jurisdicción marítima de la isla. La lancha, de procedencia estadounidense, navegaba a 24 nudos y transportaba aproximadamente 1,8 toneladas de peso. Cuando la unidad interceptora cubana se aproximó a 185 metros para proceder a la identificación, fue recibida con disparos directos. El intercambio se produjo a una distancia de apenas 20 metros y dejó 13 impactos de bala en la embarcación cubana y 21 en la lancha infractora. El capitán Yosmany Hernández Hernández resultó herido en el abdomen y el antebrazo, aunque permaneció al mando hasta neutralizar la agresión.
La investigación preliminar reveló además que no se trató de una sola embarcación, sino de dos que partieron desde Cayo Marathon, en Florida; una presentó fallas técnicas y sus ocupantes se trasladaron a la otra antes de arribar a aguas cubanas. A bordo viajaban diez individuos equipados con armamento de combate: fusiles tipo AR-15 y Delta, una escopeta Winchester, 11 pistolas, 134 cargadores y un total de 12.846 municiones de calibres 5.56x45mm y 7.62mm, entre otros. Cada integrante portaba un módulo individual que incluía fusil, pistola, cuchillo de comando, uniforme de camuflaje, casco, pasamontañas, medicamentos y medios de comunicación. También se incautaron un dron con dos cámaras, equipos de comunicación, una planta eléctrica portátil, y emblemas del denominado “movimiento contrarrevolucionario 30 de Noviembre”. Los fusiles, con alcance efectivo de hasta 800 metros, se encontraban en perfecto estado técnico.
Las autoridades cubanas identificaron entre los implicados a Amijail Sánchez González, previamente incluido en la lista de personas vinculadas a terrorismo, y señalaron como presunta autora intelectual a Maritza Lugo Fernández, residente en EEUU y promotora del citado movimiento. El gobierno cubano informó que los heridos -incluidos los agresores- reciben atención médica con todos los recursos disponibles y que hubo intercambio de información casi en tiempo real con el Servicio de Guardacostas de EEUU, lo que refuerza la tesis de que no se trató de un episodio fortuito, sino de una operación organizada, fuertemente armada, y con objetivos de desestabilización interna.
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El realismo ofensivo y el Documento Donroe
Resulta difícil interpretar el ataque reciente contra Cuba como un episodio aislado si se observa la secuencia de declaraciones y decisiones adoptadas por la administración estadounidense en los últimos meses.
El 3 de enero, al referirse al ataque contra Venezuela y al secuestro del Presidente Nicolás Maduro, Donald Trump afirmó que también habría que “hablar de Cuba”, luego de calificarla como una nación fallida. Días más tarde, el 11 de enero, publicó en Truth Social un mensaje en el que instaba a La Habana a alcanzar un “acuerdo” antes de que fuera demasiado tarde, advirtiendo que ya no recibiría más dinero ni petróleo desde Venezuela. El 29 de enero firmó una orden ejecutiva que declaró a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y proclamó una emergencia nacional en relación con esa supuesta amenaza.
Esa decisión no fue retórica. A partir de ella, Washington impuso aranceles a los bienes provenientes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba y profundizó un esquema de sanciones que, durante más de seis décadas, ha buscado asfixiar la economía cubana. Las consecuencias impactan directamente en el acceso a la energía, la alimentación y la salud de once millones de personas.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla denunció ante el 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el cerco económico se ha intensificado hasta niveles sin precedentes. Entre marzo de 2024 y febrero de 2025, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo ascendieron a 7.556 millones de dólares, lo que representa un incremento del 49% respecto del período anterior. Dos meses de bloqueo equivalen al combustible necesario para sostener la demanda eléctrica nacional; cinco días de afectaciones, al costo de reparación de una central estratégica como la Antonio Guiteras, en Matanzas.
Las restricciones impiden la compra de equipos con componentes estadounidenses, incluso cuando son fabricados por terceros países, obstaculizando la adquisición de piezas para centrales eléctricas, transporte y logística. Durante el último trimestre de 2025, la isla sufrió apagones prolongados y el gobierno debió implementar medidas de racionamiento energético, incluyendo la reducción de la jornada laboral en sectores estatales y la priorización de servicios esenciales.
Este endurecimiento no puede desligarse del marco doctrinario que orienta la política exterior trumpista. En una entrevista con Jake Tapper, de CNN, Stephen Miller, subdirector de Gabinete de la Casa Blanca y uno de los ideólogos más influyentes del trumpismo, afirmó sin ambigüedades que el sistema internacional se rige por la fuerza, la coerción y el poder. “La Doctrina Monroe y la Doctrina Trump se centran en asegurar el interés nacional de Estados Unidos”, sostuvo, desestimando cualquier referencia a formalidades internacionales. La formulación condensa una lógica política anclada en la teoría del “realismo ofensivo”, donde sólo la fuerza es el principio ordenador y la coacción permanente es el único método diplomático válido.
Incluso John Mearsheimer, referente teórico de esa corriente, ha advertido que lo que se despliega en América Latina excede la clásica lectura de la Doctrina Monroe y se aproxima a una forma de “imperialismo puro”, carente de límites normativos y cálculo estratégico de largo plazo. En el contexto de la lucha estructural entre EEUU y China, de lo que solemos definir como el “enfrentamiento del G2”, el repliegue angloamericano hacia su núcleo hemisférico aparece como una estrategia para concentrar recursos y ejercer un control sin contemplaciones sobre América Latina.
En ese marco debe leerse lo que el propio Donald Trump definió como “Documento Don-Roe”, una actualización geopolítica a la Doctrina Monroe, como la explicitación de ese imperialismo extremo que naturaliza la violencia como principio organizador del hemisferio.
Solidaridad para el bastión latinoamericanista
El recrudecimiento del bloqueo a fines de 2025 y comienzos de 2026 no logró, sin embargo, aislar a Cuba ni quebrar su proyección internacional. En varios países de la región y del mundo, se aperturan centros de acopio y se organizan envíos de ayuda, además de campañas en solidaridad con la Isla Revolucionaria. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha desoído las amenazas estadounidenses, enviando desde México buques con toneladas de alimentos e insumos.
Pese al intento de desprestigio por parte de los medios, el mundo reconoce en la vocación solidaria de Cuba y su faceta internacionalista un verdadero bastión moral. Un mensaje cada vez menos usual en el marco del capitalismo digitalizado.
En la confrontación se observan dos lógicas diametralmente opuestas: la coerción económica como herramienta política en el caso de EEUU, y la solidaridad como principio, en el caso de Cuba.
Desde 1963, cuando envió su primera misión permanente a Argelia, Cuba ha desplegado brigadas sanitarias en decenas de países. En 2005, Fidel Castro creó en La Habana el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve”, que incluso ofreció asistencia a EEUU tras el huracán Katrina. Desde entonces, la brigada actuó en Guatemala, Pakistán, Bolivia y en África occidental durante la epidemia de ébola de 2014. Según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, hasta 2017 atendió a más de 3,5 millones de personas y salvó alrededor de 80 mil vidas.
Durante la pandemia de COVID-19 en 2020, 57 brigadas colaboraron en más de 40 países de América Latina, el Caribe, África y Europa. Si se estimara el valor de la cooperación médica entre 1999 y 2015, este alcanzaría 71,5 mil millones de dólares, equivalente a 6,6% del PBI anual cubano en ese período. Más de 29 mil profesionales realizaron millones de intervenciones quirúrgicas y formaron a más de 73 mil estudiantes extranjeros en medicina, muchos en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en La Habana.
Mientras Washington intenta desacreditar estas misiones, Cuba sostiene un modelo de humanidad que es ejemplo en el mundo. En ese contexto reafirmar la solidaridad con Cuba es también defender la soberanía regional y la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
