Paula Giménez, que publica junto con Matías Caciabue semanalmente artículos originales para El Destape, se encuentra secuestrada en Libia oriental por formar parte del Convoy Terrestre Global Sumud Mahgreb que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza.
Bolivia vuelve a ocupar un lugar central en la disputa política latinoamericana. Lo que comenzó como una reacción social frente al aumento del costo de vida y la eliminación de subsidios a los combustibles terminó revelando una tensión mucho más profunda. Detrás de los bloqueos, las movilizaciones y la creciente conflictividad social emerge la confrontación entre un proyecto de restauración neoliberal impulsado por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira y las fuerzas sociales que protagonizaron la construcción del Estado Plurinacional durante las últimas dos décadas. Incapaz de construir consensos para sostener ese rumbo, el gobierno parece avanzar progresivamente hacia una estrategia de militarización del conflicto y criminalización de la protesta, profundizando una crisis que ya excede ampliamente el terreno económico.
La protesta como síntoma de una disputa histórica
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Hace más de un mes que Bolivia atraviesa una creciente ola de movilizaciones. La reducción de subsidios a los combustibles, conocida popularmente como “gasolinazo”, provocó un incremento inmediato en los costos del transporte, los alimentos y el conjunto de bienes básicos que conforman la vida cotidiana de millones de bolivianos.
Sin embargo, la magnitud alcanzada por las protestas demuestra que el conflicto no puede explicarse únicamente por razones económicas. A las críticas por el aumento del costo de vida se sumaron cuestionamientos a iniciativas legislativas percibidas por organizaciones sindicales, campesinas e indígenas como favorables a la destrucción de la economía productiva nacional, la concentración de tierras y la expansión del agronegocio. Lo que comenzó como una reacción defensiva frente al deterioro de las condiciones materiales terminó convirtiéndose en una impugnación más amplia al rumbo adoptado por el gobierno.
Actualmente existen más de noventa puntos de bloqueo distribuidos en distintos departamentos del país. Cochabamba concentra la mayor cantidad de cortes, seguida por La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Las rutas estratégicas de abastecimiento permanecen parcialmente interrumpidas, afectando la circulación de mercancías, combustibles y alimentos.
Lejos de tratarse de expresiones aisladas, las movilizaciones muestran una creciente articulación entre sindicatos, organizaciones indígenas, comunidades campesinas, juntas vecinales, transportistas y sectores de la economía popular. Esa convergencia constituye uno de los elementos más significativos de la coyuntura actual, ya que expresa la reactivación de sujetos sociales que históricamente fueron protagonistas de los grandes procesos de transformación política bolivianos.
Frente al crecimiento de la conflictividad social, el gobierno eligió una estrategia basada en la confrontación. Durante las últimas semanas se multiplicaron las detenciones de dirigentes sociales y las acusaciones oficiales que vinculan las movilizaciones con presuntas operaciones de desestabilización asociadas al “narcoterrorismo”. En la narrativa gubernamental, los bloqueos no serían la expresión de un conflicto social y político sino la manifestación de una amenaza contra la “democracia”.
La Central Obrera Boliviana (COB) aparece entre los principales objetivos de esta estrategia. A fines de mayo, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Mario Argollo, uno de sus dirigentes más importantes, por presuntos delitos vinculados a los bloqueos. Desde entonces, el sindicalista permanece en la clandestinidad denunciando una persecución política contra el movimiento obrero.
La detención de dirigentes en El Alto y la posterior captura de Vicente Salazar, referente de la Federación Túpac Katari, profundizaron las denuncias sobre una creciente utilización del aparato judicial para disciplinar a las organizaciones movilizadas. El movimiento sindical y campesino-indígena no constituye un actor externo al sistema político sino una de las columnas sobre las que se construyó la democratización del país. Por esa razón, la judicialización de la protesta y la militarización de la sociedad aparecen como un intento de limitar la capacidad de organización de quienes cuestionan el rumbo gubernamental.
La militarización como respuesta política
El punto de inflexión llegó el 8 de junio con la promulgación de la Ley 1731 de Regulación de Estados de Excepción. El gobierno justificó la iniciativa como una herramienta necesaria para enfrentar amenazas extraordinarias vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Sin embargo, organizaciones sociales, dirigentes políticos y organismos de derechos humanos advirtieron que la norma amplía las facultades de las Fuerzas Armadas para intervenir en conflictos internos y fortalece los mecanismos coercitivos del Estado.
La preocupación no es abstracta. La memoria colectiva boliviana conserva todavía las heridas abiertas de Sacaba y Senkata, dos masacres ocurridas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez en 2019 que dejaron una marca profunda en la relación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Precisamente después de aquellos acontecimientos se habían impulsado reformas orientadas a limitar la intervención militar en cuestiones de orden interno. La nueva legislación aparece así como una reversión parcial de ese consensos democráticos. La designación de Ernesto Justiniano al frente del Ministerio de Defensa reforzó esta percepción. Para numerosos sectores sociales y políticos, el gobierno parece estar reemplazando la construcción de consensos por una estrategia de control basada en la violencia política y la militarización de la sociedad.
La crisis boliviana también comienza a adquirir una dimensión geopolítica cada vez más evidente. El Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio expresó públicamente su respaldo al gobierno de Rodrigo Paz y anunció asistencia frente a los problemas de abastecimiento provocados por los bloqueos. En términos similares se manifestó el Secretario de Guerra, Pete Hegseth.
A ello se sumó un comunicado conjunto firmado por los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú expresando preocupación por la situación interna boliviana.
En el caso argentino, el envío de un avión con ayuda humanitaria abrió una fuerte polémica. Diversos sectores sociales y políticos denunciaron que el operativo podía involucrar el traslado de equipamiento destinado al control de las protestas, evocando los antecedentes de colaboración internacional durante el golpe de Estado de 2019.
El error estratégico de Rodrigo Paz
La actual crisis también expone las contradicciones acumuladas desde la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia. Electo con un discurso centrado en la reconciliación nacional y la superación de las polarizaciones, el mandatario impulsó rápidamente una agenda orientada hacia la apertura económica, la reducción de impuestos a los sectores concentrados, el restablecimiento de relaciones con Israel y una redefinición de las alianzas internacionales construidas durante el ciclo político iniciado en 2006.
Entre las medidas más significativas se encuentran la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas y la supresión del Impuesto a las Transacciones Financieras, decisiones que beneficiaron principalmente a los sectores de mayores ingresos bajo el argumento de estimular la inversión privada y facilitar el ingreso de divisas.
Detrás de esas decisiones aparece un problema político más profundo. Rodrigo Paz parece no haber comprendido cuál era la composición social y demográfica del voto que le permitió alcanzar la presidencia.
La adhesión electoral que facilitó su triunfo expresó fundamentalmente el desgaste de un período político, marcado por las defecciones al programa transformador del gobierno de Luis Arce, pero nunca implicó la desaparición de las mayorías indígenas, campesinas, obreras y populares que constituyen el núcleo histórico de la Bolivia contemporánea. Tampoco significó el abandono de una memoria colectiva construida a partir de siglos de resistencia frente a las distintas formas de dominación colonial, oligárquica y racial.
La Bolivia surgida de la refundación plurinacional modificó de manera estructural las relaciones de poder existentes en el país. Desde entonces, cualquier proyecto político que aspire a construir estabilidad duradera debe necesariamente dialogar con esa realidad histórica y presente.
Por esa razón, el denominado “Proceso de Cambio” constituye mucho más que la experiencia de gobierno del Movimiento al Socialismo o que el liderazgo, todavía importante, de Evo Morales. Se trata de una fuerza social, cultural y política profundamente arraigada en la sociedad boliviana, y que son el fundamento material del Estado Plurinacional.
Las movilizaciones expresan precisamente esa persistencia histórica. Lo que reaparece en los bloqueos, en las organizaciones sociales y en los territorios movilizados no es solamente una reacción frente a determinadas medidas económicas. También emerge la defensa de una determinada concepción de país construida alrededor de la soberanía, la participación popular y el reconocimiento de la diversidad que compone Bolivia.
En ese sentido, la crisis actual vuelve a recordar que el único horizonte capaz de otorgar estabilidad política duradera a Bolivia continúa siendo aquel que profundice los principios que dieron origen al Estado Plurinacional. Cada vez que un proyecto intenta gobernar desconociendo esa realidad profunda, termina enfrentándose con una estructura social que conserva una extraordinaria capacidad de organización, movilización y resistencia.
Por eso, la militarización difícilmente pueda resolver una crisis cuya raíz es esencialmente política. La coerción puede contener temporalmente algunas expresiones de descontento, pero no eliminar las causas profundas que impulsan la movilización. Allí donde algunos observan únicamente bloqueos y crisis de gobernabilidad, también se expresa la persistencia de una fuerza histórica que no parece dispuesta a renunciar a las conquistas políticas, culturales y simbólicas alcanzadas durante las últimas décadas.
La crisis boliviana vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta central para toda América Latina: quiénes gobiernan, para quiénes se gobierna y qué proyecto histórico orienta la construcción del horizonte de la estatalidad.
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