Mujeres españolas que fueron obligadas a ingresar en centros de rehabilitación durante la dictadura de Francisco Franco interrumpieron una reunión de religiosos católicos celebrada para ofrecerles disculpas y exigieron una reparación más concreta por parte de la Iglesia y el Estado.
Las manifestantes —entre las que se encontraban supervivientes de entre 60 y 70 años de edad, activistas y familiares— enarbolaron pancartas en las que se leía "No" durante el acto celebrado el lunes por la noche, lanzaron los carteles al público y obligaron a los organizadores a suspender la reunión.
Miles de niñas y jóvenes acusadas de supuestas faltas morales —desde embarazos fuera del matrimonio hasta activismo de izquierdas— fueron internadas en instituciones católicas de rehabilitación gestionadas por el Estado durante periodos del régimen franquista, desde los años cuarenta, hasta una década después de su muerte, en los ochenta.
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Un organismo católico que incluye a la mayoría de las comunidades de monjas que ayudaron a gestionar algunos de los centros celebró una ceremonia para pedir perdón a las mujeres en el auditorio de la Fundación Pablo VI de Madrid, el primer acto de este tipo en España.
El presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) leyó una disculpa e invitó a las supervivientes a subir al escenario mientras se proyectaba un vídeo en el que relataban sus experiencias.
Tras la proyección, a menudo amortiguada por vítores y gritos de "Sí se puede", los asistentes se pusieron en pie de un salto y comenzaron a gritar "verdad, justicia y reparación" y "ni olvido ni perdón".
Los responsables de CONFER encendieron las luces, dieron por terminado el acto de forma abrupta y más tarde dijeron que podrían emitir un comunicado de respuesta el martes.
El enfrentamiento puso de relieve la profundidad del sentimiento sobre los institutos del Patronato de Protección a la Mujer, parte del legado del franquismo que aún persigue a España casi 50 años después de su muerte en noviembre de 1975.
"ACTO DE JUSTICIA"
Las activistas, entre las que se encuentran supervivientes no afiliadas y organizaciones como Desterradas Hijas de Eva, exigen una respuesta del Estado, en la línea de las disculpas y reparaciones ofrecidas por Irlanda en 2013 por los abusos cometidos en las Lavanderías de la Magdalena.
Algunas también piden una compensación económica para cubrir los gastos, incluido el apoyo psicológico, y el trabajo que, según afirman, se les obligaba a realizar sin remuneración en los centros.
En el acto, antes de que fuera interrumpido, el presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego, describió la disculpa como un paso hacia un proceso más amplio de reconocimiento y que la organización colaboraría en la búsqueda de la verdad.
"Nos encontramos (...) aquí para hacer lo que consideramos necesario y justo: pedir perdón (...). Porque este acto no es una mera formalidad, sino un acto necesario de justicia. Es un ejercicio de responsabilidad histórica y moral", dijo.
Tras el acto, Consuelo García del Cid, superviviente de 66 años, tachó esas disculpas de "lavado de cara" y acusó a CONFER de eliminar algunos de los testimonios grabados y de impedir que las mujeres hablaran de los bebés que, según los activistas, fueron sustraídos a madres solteras en los centros.
García del Cid, que defendió la causa con varios libros y fundó Desterradas Hijas de Eva, había dicho antes a la audiencia que el Gobierno español estaba en deuda con ellas, sobre todo por los 10 años que los patronatos se mantuvieron en funcionamiento después de Franco.
El Ministerio de Memoria Democrática, creado para abordar el legado de la guerra civil y el franquismo, aplaudió la acción de CONFER la semana pasada y planeó celebrar su propia ceremonia este año.
El lunes no quiso hacer más comentarios. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asistió al acto, pero no hizo ningún comentario.
Con información de Reuters
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