Rodrigo Paz eliminó los límites al estado de sitio y las Fuerzas Armadas tendrán vía libre en Bolivia

En un movimiento que profundiza la deriva autoritaria en la región, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, oficializó este miércoles la revocación de la Ley 1341, una normativa clave que establecía límites y reglas claras sobre cuándo y cómo podía ser utilizado el estado de emergencia en el país sudamericano. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, se produce en un contexto de extrema fragilidad política, con protestas que escalan a lo largo de la nación andina y un Ejecutivo que parece haber decidido que la respuesta a la crisis social no es el diálogo, sino la represión y la criminalización de la protesta.

La medida fue aprobada inicialmente por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró abrogar la ley que regulaba los estados de excepción. Con este paso jurídico, el Congreso autorizó al presidente Paz a desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles, en un intento desesperado por contener el inicio de la cuarta semana de protestas impulsadas por sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales.

Por su parte, los sectores movilizados exigen la renuncia inmediata del mandatario y denuncian el fracaso de una política económica liberal que, lejos de las promesas de prosperidad, hundió al pueblo en la miseria y generó problemas básicos como la distribución de combustible de mala calidad que dañó miles de vehículos.

El fin de la "Ley Eva Copa" y el regreso del autoritarismo

La normativa derogada, conocida coloquialmente como la “ley Eva Copa”, había sido aprobada durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez con el objetivo de reglamentar los artículos constitucionales vinculados al estado de excepción y, fundamentalmente, establecer límites estrictos al uso de los militares en conflictos internos. Para los sectores democráticos, su eliminación representa un retroceso de décadas. Sin embargo, para el bloque oficialista boliviano, la ley solo servía para "quitarle prerrogativas constitucionales" al Presidente.

Durante el debate legislativo, que se llevó a cabo de manera virtual, los discursos de los diputados que apoyaron la medida destilaron un sesgo punitivista alarmante. El diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), fue el encargado de verbalizar la estrategia del miedo: “¿Cómo quieren que los paceños reaccionemos a conductas de violencia? ¿Con florcitas, con pañuelitos blancos? No”, sentenció, antes de trazar una línea divisoria peligrosa al afirmar que en Bolivia solo existen dos facciones: “El pueblo boliviano y los terroristas”.

Este giro represivo de Rodrigo Paz guarda una simetría inquietante con la gestión de Javier Milei: ambos gobiernos, amparados en una retórica de "libertad" y "firmeza", buscan desmantelar los controles institucionales que protegen a los ciudadanos del abuso de fuerza estatal. Mientras en Bolivia se busca culpar al expresidente Evo Morales como el "principal articulador" de la crisis para justificar su aprehensión, en Argentina se ensayan protocolos antipiquetes y se estigmatiza a las organizaciones sociales para aplicar un ajuste económico brutal sin resistencia en las calles.