El intento del gobierno de Rodrigo Paz por imponer un "corredor humanitario" mediante la fuerza bruta terminó de la peor manera posible: con el reconocimiento oficial de una víctima fatal. Tras días de negacionismo y versiones contradictorias, el Ejecutivo boliviano tuvo que admitir que el operativo policial y militar desplegado en la localidad de Vilaque, departamento de La Paz, se cobró la vida de un ciudadano en el marco de una represión que el oficialismo intentó maquillar bajo el nombre de "Corredor Humanitario de Banderas Blancas".
La víctima fue identificada como Víctor Cruz Quispe, un joven de apenas 24 años. A pesar de los esfuerzos del vocero presidencial, José Luis Gálvez, por asegurar que las fuerzas de seguridad solo portaban gases lacrimógenos "con fines disuasivos", la realidad forense es inapelable: el informe médico certificó que el fallecimiento se produjo por un "proyectil de arma de fuego", específicamente por un "traumatismo cervical penetrante".
Este dato no solo desmiente el discurso oficial de una intervención "no letal", sino que expone el nivel de violencia estatal utilizado para intentar quebrar la resistencia social en las carreteras.
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Un conflicto político que la fuerza no puede resolver
El operativo del pasado sábado, que terminó en enfrentamientos, quema de oficinas estatales y destrozos, es el síntoma de una crisis política profunda que el presidente Paz, con apenas seis meses en el cargo, parece incapaz de gestionar por la vía del diálogo. Las protestas y bloqueos, que ya llevan más de 20 días, son impulsadas por sectores campesinos de la zona andina, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex presidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia inmediata de Paz.
En lugar de atender los reclamos de fondo, el Gobierno optó por la vía de la criminalización y el choque directo. Las ciudades de La Paz y El Alto sufren el desabastecimiento, pero la respuesta oficialista fue el despliegue de militares y policías en tramos críticos como la ruta hacia Oruro, priorizando el despeje de rutas por encima de la integridad física de los manifestantes. Sin embargo, la hipocresía del gobierno boliviano alcanzó su punto máximo cuando, el sábado por la noche, Gálvez afirmó que no se registraban víctimas, para luego tener que pedir "disculpas" por haber difundido información falsa mientras un joven ingresaba sin vida a un hospital.
La gravedad de lo ocurrido en Vilaque generó una reacción en cadena de instituciones que ya no confían en la palabra del Ejecutivo. La Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitieron un reclamo urgente para que se realice una investigación "independiente y transparente" sobre las vulneraciones a los derechos humanos y el asesinato de Cruz Quispe.
Por su parte, el vocero Gálvez ensayó una defensa técnica del accionar represivo al advertir que "el que haya asesinado tiene que pagar" y que "nadie está por encima de la ley". No obstante, la sospecha recae directamente sobre la cadena de mando que autorizó el uso de proyectiles de plomo en un operativo que, irónicamente, decía llevar banderas blancas.
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