La militarización y el pastiche del "narcoterrorismo" en América Latina

América Latina sigue siendo esa región del mundo a la que las guerras le quedan lejos, pero la violencia le parece casi constitutiva. Frente a esto, los cambios políticos en la región buscan profundizar una única receta —a veces sin importar su color ideológico— y es el despliegue de militares en acciones de seguridad interna, el endurecimiento de penas, el estado de excepción y fetiches como las megacárceles y los muros de separación. Primero fue Nayib Bukele en El Salvador el que pareció volverse una fórmula más que de política, de campaña electoral, pero México adopta algunas de esas medidas; mientras que Javier Milei -a través de su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich- asumió parte de esa narrativa y en el Uruguay de Yamandú Orsi hay una puja discursiva sobre cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas. En la mayoría de los casos, se trata de una doctrina de "mano dura", un modelo que se sigue mostrando electoralmente rentable pero también se ve, una vez más, que es estratégicamente fallido.

Algunas miradas agudas en torno a la seguridad pública y el crimen organizado en la región, como los especialistas de México (Daira Arana) y de Uruguay (Gabriel Tenembaum) -en diálogo con El Destape- coincidieron sobre un diagnóstico que alarma: las políticas de securitización extrema no solo no están desarticulando a las bandas criminales, sino que operan como un catalizador que las vuelve más complejas, mientras erosionan los cimientos de las instituciones democráticas.

El efecto contagio: enfermos de mano dura

La primera referencia no son México y Colombia, lugares en que históricamente los militares asumieron tareas de seguridad interna, y no salen como primera cita porque los resultados no son buenos: el primero es uno de los países con mayor actividad en mercados criminales a nivel mundial, según el Índice Mundial de Delincuencia Organizada 2025, elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC en inglés); y el segundo no solo sigue siendo el principal productor mundial de cocaína, con más de 250.000 hectáreas cultivadas de coca, según Naciones Unidas, sino que además mantiene todo tipo de grupos armados en su territorio, el cual sigue sin controlar en su totalidad pese a décadas de estrecha colaboración con Washington.

Pero las “nuevas” derechas o ultras reperfilados, se referencian en Bukele, quien sigue siendo denuciado por múltiles organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos y denunciado por medios independientes como El Faro de haber negociado con las pandillas. Aun así, es el modelo y Daniel Noboa en Ecuador es quizás uno de sus mejores alumnos ya que desde que declaró el “conflicto armado interno” en enero de 2024, el presidente decretó sucesivos estados de excepción “grave conmoción interna” y avanzó en megacárceles como la del “Encuentro” en la provincia costera de Santa Elena. José Antonio Kast, en Chile, llegó a la presidencia también prometiendo megacárceles y otras medidas como el llamado “Plan Escudo Fronterizo” que contemplaba el trazado de zanjas -que comenzó en marzo- y levantamiento de muros en su frontera norte, la que además estaría patrullada por drones. En enero -antes de asumir- llegó a visitar la frontera entre República Dominicana y Haití, y acompañado por otro imitador de estas políticas, el mandatario dominicano Luis Abinader, recorrió el muro perimetral para “control” migratorio.

Lejos de corregir el rumbo, la región da gestos claros de querer profundizar algún tipo de vía militar y de “excepción”. Daira Arana, Investigadora Asociada en el IIS-UNAM y experta en relaciones civil-militares, señaló a El Destape que más que un giro drástico, a lo que asistimos es a la “intensificación de un proceso que ya venía desde hace tiempo”, donde gobiernos democráticos de izquierda y derecha eligen a las instituciones militares para resolver problemas públicos de seguridad. Incluso en el Cono Sur, donde las transiciones democráticas pos dictaduras trajeron reformas muy importantes para limitar el rol de las Fuerzas Armadas (FFAA) a la defensa nacional, la resistencia se está resquebrajando.

El problema, dijo Arana, es que se recurre a ellas porque “las instituciones civiles, al menos en los discursos, parecen no ser tan efectivas para los gobiernos”, a pesar de que “la evidencia también ya ha mostrado que no son tan efectivas en la reducción del crimen y la violencia”.

Volviendo a Noboa y Ecuador, son casos que ilustran este fracaso táctico mediante estados de excepción y la declaratoria de "conflicto armado no internacional".

Según InSight Crime, una de las organizaciones más especializadas en temáticas de seguridad, la tasa de homicidios de Ecuador aumentó un 31% con respecto a 2024 y alcanzó un máximo histórico en 2025, al llegar a 50,9 solo superado por Haití y las Islas Turcas y Caicos en la región. “La ofensiva militarizada del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado ha buscado desmantelar a las organizaciones criminales mediante la captura de sus líderes y la detención de miembros de bajo rango de las pandillas. Decenas de líderes de alto perfil fueron capturados en 2025, entre ellos Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de los Choneros y uno de los principales grupos narcotraficantes de Ecuador. Sin embargo, estas detenciones desataron una nueva ola de violencia”, detalla el sitio especializado.

Arana advirtió que esta fórmula punitiva y descabezadora ya fracasó en México, Colombia y Centroamérica. “La captura de líderes de grupos criminales por sí sola lo que hace es fragmentar los grupos y aumentar la violencia entre ellos. Entonces, eso no reduce la violencia. Se hace una intervención dura de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, se capturan criminales, se hacen leyes súper penalizantes, pero no se están generando las condiciones sociales de gobernanza para que las causas de la violencia y de la inseguridad puedan ser reducidas”, sostuvo.

Además, la creencia de que las organizaciones criminales crecen exclusivamente por "falta de mano dura" es desmontada por la evidencia histórica. Ana Paula Pellegrino, investigadora brasileña y experta en crimen organizado, en una entrevista con la revista chilena Tercera Dosis, marcó recientemente que la violencia descontrolada en las ciudades de Brasil fue precedida, paradójicamente, de políticas carcelarias y policiales previas de extrema dureza. “La evidencia que ofrece Latinoamérica es que las políticas de mano dura extrema no han ayudado a controlar a los grupos criminales”, explicó Pellegrino y agregó que en las cárceles brasileñas, el hacinamiento y los abusos empujaron a las bandas a forjar lazos de solidaridad defensiva. El resultado fue la metamorfosis de las pandillas locales en corporaciones criminales complejas.

Por otro lado, encarcelar masivamente la base de la pirámide deja intactas a las estructuras que siguen manejando el negocio y tomando decisiones estratégicas desde dentro de las cárceles. “Brasil ha ensayado casi todos los usos posibles de la cárcel y no funciona”, dijo la misma especialista.

De su lado, Milei y Bullrich intentaron esbozar algo de eso en Argentina, país cuya tasa de asesinatos cada 100 mil habitantes es la menor en la región -debajo solo está El Salvador- según números de InSight Crime. Bullrich no solo le declaró a Bukele en los pasillos de la CPAC: “Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante”, sino que también viajó a conocer el fetiche del salvadoreño: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). En 2024, después de cuatro asesinatos con tintes mafiosos en Rosario, Santa Fe, la periodista Silvina Tamous dijo sobre la coreografía represiva que se desataba a nivel nacional y del gobierno de Maximiliano Pullaro: “El Estado sólo aparece en forma de policía –o peor aún, ya que amenazan con que aparezca en forma de militar– y no le sirve a nadie”.

La geopolítica del "narcoterrorismo" y la sombra de Washington

Este endurecimiento regional se alinea con una narrativa empujada con fuerza desde Washington bajo la administración de Donald Trump. La catalogación de las bandas criminales como "grupos terroristas" o el fentanilo como "arma de destrucción masiva" funciona como una coartada geopolítica que habilita presiones y discursos intervencionistas.

Gabriel Tenembaum, profesor de la Universidad de la República (FCS-UDELAR) de Uruguay, describe este fenómeno como un quiebre estructural: “Estamos en un nuevo paradigma de política pública de seguridad, en el marco de la revisita de la doctrina Monroe, en el marco de lo que se llama el narcoterrorismo, eso ha reconfigurado la geopolítica, pero ha reconfigurado también las políticas nacionales en seguridad”. Atado a esto, aparecen las represalias que sufren los países que no hacen gestos a esta doctrina. “Es muy complejo no hacerlo, los aranceles es un gran ejemplo de castigo por no seguir este tipo de doctrina u otra”, dijo.

Arana coincidió en que la etiqueta "terrorista" no tiene un efecto relevante en el combate real porque las bandas locales no poseen la dimensión política de reconfigurar al Estado, sino que sirve como herramienta de injerencia coercitiva. “Este discurso o estas medidas de considerar grupos criminales como grupos terroristas no son encaminadas a mejorar la vida de las y los latinoamericanos, sino todo lo contrario. Eso puede tener condiciones perjudiciales es una política de seguridad nacional que les permite a EE.UU. intervenir de manera más directa y más coercitiva en los estados de América Latina”, expresó.

La soberanía de los países de la región parece ser un mero dato irrelevante para la administración Trump: desde la captura de Nicolás Maduro con el argumento no de que se trataba de un líder autoritario, sino con la acusación -que después se cayó en tribunales estadounidenses- de que era un líder del narcotráfico hasta los bombardeos de lanchas en el Caribe y el Pacífico son solo algunos ejemplos desde el lanzamiento de la actualizada doctrina Monroe del republicano. Arana también comentó el caso de la detención del capo "El Mayo" Zambada, presuntamente extraído de suelo mexicano por una aeronave del FBI sin autorización local.

“Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué no hubo una reacción (de las FFAA)? Puede ser por colusión, por desconocimiento, por incapacidad, pero también puede ser porque estaban distraídas nuestras Fuerzas Armadas en muchas otras cosas que no son la defensa nacional. Entonces ese es el contexto en el que está ahora México con el uso de sus FFAA y la problemática que representa esta diversificación de tareas”.

El Cono Sur y el ruido de los blindados: el caso uruguayo

A diferencia de las realidades de México o Brasil, el Cono Sur asiste a este debate principalmente desde lo simbólico. Un caso reciente ocurrió en Uruguay, donde el uso de camiones blindados de las Fuerzas Armadas por parte de la policía civil bajo el gobierno de Yamandú Orsi -ya de un signo político totalmente ajeno a la extrema derecha- desató polémica sobre la militarización interna.

Para Tenembaum, el episodio estuvo "totalmente sobredimensionado" por una "comunicación muy imprecisa de parte del gobierno", pero recalcó un límite institucional inquebrantable en la tradición uruguaya como es el uso de las FF.AA. fronteras adentro.

“La seguridad interna es de la policía y esas fronteras no hay que cruzarlas. Las propias Fuerzas Armadas ni quieren cruzarlas de por sí, le van a generar muchos más problemas que beneficios. Nuestra situación se ha complejizado en relación con nosotros mismos, no en comparación con el resto. Estamos lejísimos. La militarización de la seguridad interna sería totalmente irracional para la situación que tenemos hoy y las capacidades que tiene la Policía Nacional de enfrentar eso”, dijo.

Sin embargo, el peligro latente reside en la fascinación política que ejercen modelos autoritarios de la región. Tenembaum igualmente fue crítico con la adopción retórica del modelo de Bukele por parte de líderes democráticos.

“Tenemos políticos elegidos democráticamente que dicen defender las instituciones republicanas y sin embargo, una y otra vez, suscriben a un modelo de seguridad que sabemos que no es democrático. Para mí se están cavando su propia tumba ese tipo de actor, o no creen realmente en la democracia o no se están dando cuenta que como consecuencia no deseada de estar apoyando ese tipo de modelo, se están cavando su propia tumba”, aseguró a la vez que desmontó el supuesto éxito del bukelismo basándose en la literatura y la evidencia de las políticas de tolerancia cero: “Si a razón de los pactos con el crimen organizado pacificás los territorios, eso no es una política de derecha, no es política de mano dura, al revés, es política de impunidad. Entonces se les cae el discurso y por eso lo de Bukele también es una gran hipocresía”.

América Latina tendrá que revisar si quiere que la seguridad siga siendo un espectáculo electoral basado en la eliminación física o el efectismo militar, con bajos resultados y efectos degradantes para sus democracias. Como apuntó Tenembaum, “medir el éxito de un modelo de seguridad con base en la caída de los homicidios o en la caída del delito” es un reduccionismo peligroso para cualquier demócrata si no se cuestiona la forma en que se alcanza.