La Cámara Baja de México aprobó la reducción de la jornada laboral de 48 horas semanales a 40, un avance para los trabajadores que ya tenía media sanción del Senado. Ahora debe ser promulgada por la Presidencia y luego ratificada por cada estado (provincia). Si todo avanza como el gobierno de Claudia Sheinbaum espera, el nuevo marco laboral comenzará a funcionar de forma efectiva en 2027.
La iniciativa, promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum, fue sancionada en la madrugada del miércoles con el respaldo mayoritario de los legisladores y ahora requerirá la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos estatales para su entrada en vigor.
Según el texto aprobado, la reducción se hará de forma gradual, empezando en enero de 2027 cuando la jornada máxima pase a 46 horas semanales y disminuya dos horas cada año hasta llegar a las 40 horas en 2030. Durante 2026 funcionará como un periodo de adaptación para que empresas y trabajadores ajusten contratos, horarios y procesos productivos antes de que empiece la transición formal.
Claves de la reforma aprobada
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La reforma modifica el artículo 123 de la Constitución Mexicana, que regula los derechos laborales, para fijar la jornada de 40 horas como límite constitucional.
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No se reducirá el salario ni las prestaciones de los trabajadores durante el proceso de disminución de horas.
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El texto mantiene la obligación de que, por cada seis días trabajados, los empleados tengan al menos un día de descanso con goce de sueldo, aunque la oposición defendía que se incluyera un segundo día libre obligatorio.
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El límite de horas extraordinarias permitidas por semana se amplía de nueve a doce, con un tope máximo de cuatro horas diarias distribuidas en hasta cuatro días.
Cómo se implementará la reforma
Como se trata de una reforma constitucional, el proyecto no entra automáticamente en vigencia. El siguiente paso es la ratificación por parte de las legislaturas estatales, donde se espera que la mayoría oficialista facilite los votos necesarios para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Una vez cumplido ese trámite, se abrirá un plazo de 90 días para que el Congreso ajuste la Ley Federal del Trabajo y otros ordenamientos secundarios que implementarán operativamente el nuevo marco laboral.
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