La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, perdió este lunes el referéndum con el que intentaba aprobar su cuestionada reforma judicial. Con dos tercios de los votos escrutados, 54, 19 % de los electores dijeron 'No' a la iniciativa oficialista, según datos del Ministerio del Interior, mientras que el 'Sí' obtuvo sólo un 45,81 % de los votos.
"Los italianos han decidido y nosotros respetaremos esta decisión. Seguiremos adelante, como siempre hemos hecho, con responsabilidad, determinación y respeto al pueblo italiano y a Italia", dijo Meloni en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X. En paralelo, líderes de la oposición, como el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, salieron a celebrar el resultado: "Lo hemos conseguido. Viva la Constitución", escribió también en la red X.
Meloni descartó dimitir
Poco antes, una encuesta a la salida de las urnas otorgaba al 'No' entre el 49 % y el 53 % y al 'Sí' entre el 47 % y el 51 %, mientras que un segundo sondeo daba al 'No' una ventaja de 51,5 % a 48,5 %, aunque con un margen de error de +/-2,2%. Un fracaso en este referéndum supone un duro golpe para Meloni, que desde octubre de 2022 encabeza un Gobierno de coalición de una estabilidad poco habitual en Italia.
Sin embargo, Meloni descartó categóricamente la idea de dimitir en caso de derrota. La reforma propone una modificación de la Constitución para separar las carreras de jueces y fiscales y cambiar el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el órgano que supervisa a todos los magistrados.
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El gobierno de Meloni consideraba que esta reforma, aprobada en 2025 por el congreso, era un paso indispensable para garantizar la imparcialidad del sistema judicial. En cambio, la oposición aseguraba que es una treta del Gobierno para influir en los magistrados y criticaba que la reforma no tocaba los problemas de fondo, como los procesos demasiado largos o la superpoblación carcelaria.
La reforma
Meloni quería cambiar siete artículos de la Constitución italiana. Entre los puntos más importantes se destacaban la separación de las carreras entre jueces y fiscales, la modificación de la composición del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) que sería dividido en dos órganos diferentes, uno referido a los jueces y el otro a los fiscales, y tendrían a cargo los nombramientos, las evaluaciones y las carreras. Ambos iban a estar presididos por el presidente de la República.
El tercer cambio incluido era la creación de una nueva institución llamada Alta Corte Disciplinaria que se encargaría de evaluar y sancionar abusos o negligencias de parte de los magistrados.
Con información de la Agencia Deutsche Welle
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