La Cámara de Diputados de Italia aprobó en primera lectura la nueva ley electoral impulsada por la primera ministra, Giorgia Meloni, que introduce una fuerte modificación en el reparto del poder legislativo a través de una cláusula de gobernabilidad. Opositores afirman que la medida responde al interés propio de Meloni y que pretende su continuidad en el poder.
Con 217 votos a favor, 152 en contra y dos abstenciones, la Cámara Baja aprobó el texto que prevé que bajo el nuevo esquema cualquier partido o coalición que logre alcanzar al menos el 42% de los votos válidos recibirá de manera automática un "premio de mayoría", que se traducirá en la asignación fija de 70 bancas adicionales en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado. En caso de que ninguna fuerza política alcance ese piso del 42%, la prima quedará sin efecto en ambas cámaras y la distribución de los escaños se realizará de manera proporcional entre todos los partidos que superen el umbral mínimo del 3%. Para evitar una concentración absoluta del poder, el proyecto establece un techo máximo de representación: la fuerza ganadora jamás podrá superar las 220 bancas en la Cámara Baja ni las 113 en el Senado por efecto de este beneficio, excluyendo del cálculo a los legisladores elegidos por los ciudadanos en el exterior.
Para las fuerzas del centro y la centroizquierda italiana, la reforma electoral, bautizada de manera informal por la prensa como "Melonellum", no representa una herramienta técnica para mejorar la gobernabilidad del país. Por el contrario, opositores y analistas coinciden en que la medida responde estrictamente al interés propio de la primera ministra y la consideran una maniobra de supervivencia diseñada para favorecer su continuidad en el poder, especialmente ante la inminencia de los comicios generales previstos para 2027.
La reacción de los detractores del proyecto fue categórica al denunciar este intento de alterar las reglas de juego. En declaraciones al medio elDiario.es tras la votación, Laura Boldrini, parlamentaria del centroizquierdista Partido Demócrata (PD) y expresidenta de la Cámara de Diputados, disparó sin rodeos al calificar la iniciativa como "una ley electoral pésima, fruto del miedo de Meloni de no ganar las elecciones, ajustada a medida con el intento de remodelar el sistema electoral, como hace Trump en EEUU". Esta acusación sintetiza el malestar de un arco opositor que ve en los tecnicismos del proyecto tres objetivos políticos muy claros y orientados a blindar al oficialismo.
El primero de estos objetivos se traduce en el desmantelamiento de los distritos uninominales, un cambio que busca neutralizar el avance territorial de la oposición. Hasta ahora, un tercio del Parlamento se elegía mediante un sistema mayoritario donde ganaba el candidato más votado en cada distrito individual. Dado que las encuestas de opinión venían indicando que una alianza unificada de la centroizquierda superaría a la coalición oficialista en distritos clave, la eliminación de estas circunscripciones beneficia directamente a Meloni, quien al imponer listas plurinominales cerradas licúa la ventaja territorial de sus rivales y diluye el impacto de que se organicen en el territorio.
Asimismo, la introducción del polémico "premio de mayoría" para la fuerza que alcance el 42% de los votos funciona como un salvavidas ante la creciente fragilidad interna del frente gobernante. Este umbral del 42% parece calculado a la medida exacta de las proyecciones de la actual alianza oficialista integrada por Fratelli d'Italia, la Liga y Forza Italia, garantizándoles una mayoría automática y blindada en ambas cámaras. Para la oposición, el apuro de Meloni por imponer esta regla no es una muestra de fortaleza, sino de debilidad, sobre todo después de haber sufrido derrotas parlamentarias recientes por el voto secreto de sus propios legisladores rebeldes. De este modo, la primera ministra busca cambiar las reglas antes de que el desgaste de su gestión y las tensiones internas terminen por fracturar su coalición de cara a las elecciones.
La reforma también endurece los requisitos de representatividad e introduce cambios que generaron un duro cruce en materia de género. Por un lado, se ratificó que las coaliciones necesitarán un piso del 10% de los votos y cada partido de manera individual un 3% para acceder al reparto de bancas. Para evitar una fragmentación extrema, los votos de los partidos miembros de una alianza que no logren superar ese 3% no sumarán al total de la coalición, salvo por una excepción reservada para la fuerza minoritaria más votada dentro de ese mismo espacio. Por otro lado, la nueva legislación elimina la obligatoriedad de garantizar la alternancia de género en el armado de las boletas. La oposición intentó forzar mediante enmiendas que se mantuviera este equilibrio, proponiendo esquemas de alternancia a partir del tercer candidato o incluso desde el encabezado de la lista, pero todas estas iniciativas resultaron rechazadas por la mayoría oficialista.
Como contrapartida a las críticas del arco opositor, la reforma incorpora una histórica demanda de participación ciudadana vinculada a los votantes temporales. Por primera vez en la historia del sistema electoral italiano, aquellos estudiantes, trabajadores o personas bajo tratamiento de salud que se encuentren residiendo temporalmente fuera de su municipio de origen podrán emitir su voto directamente desde su lugar de residencia de tránsito, siempre que cumplan con los plazos previstos de inscripción y los requisitos de permanencia establecidos por la autoridad electoral.
Con información de EuropaPress.
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