Los bloqueos de rutas que paralizaron gran parte de Bolivia entre mayo y junio dejaron un saldo de 22 personas muertas, 88 heridas y 573 detenidas, según un informe oficial presentado por la Defensoría del Pueblo. El organismo detalló que las víctimas fallecieron en distintos contextos vinculados al conflicto, desde operativos de desbloqueo hasta demoras en la atención médica y accidentes ocurridos mientras se intentaban evitar los piquetes.
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Las cifras reflejan la magnitud de una de las mayores crisis políticas y sociales que enfrentó el gobierno del presidente Rodrigo Paz desde su llegada al poder. Las protestas, impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos y sectores afines al expresidente Evo Morales, mantuvieron bloqueadas las principales rutas del país durante casi siete semanas y provocaron un fuerte impacto económico y humanitario.
La directora de Planificación de la Defensoría, Jennifer Guachilla, aclaró que las investigaciones sobre las muertes continúan bajo la órbita del Ministerio Público. En ese sentido, remarcó que distintas cifras circularon durante las semanas del conflicto, pero sostuvo que el informe presentado busca unificar los datos recopilados por la institución.
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Del total de fallecidos, tres murieron durante procedimientos policiales y militares de desbloqueo realizados en El Alto y en las localidades andinas de Jupani y Vilaque Copata. Otros tres casos estuvieron vinculados con demoras en la atención médica provocadas por los cortes de rutas, mientras que tres pacientes oncológicos fallecieron luego de desistir de sus traslados hacia centros especializados donde debían recibir tratamiento.
Las consecuencias de los bloqueos alcanzaron a pacientes y civiles
El informe también registró dos personas que murieron dentro de sus vehículos al quedar atrapadas en los bloqueos sin posibilidad de continuar viaje. Además, once víctimas fallecieron en distintos accidentes ocurridos mientras intentaban evitar los piquetes o participaban en tareas de monitoreo de las protestas.
Entre esos hechos figura el accidente de una avioneta de la Fuerza Aérea Boliviana, que provocó la muerte de seis personas. La combinación de cortes prolongados, desabastecimiento y dificultades para circular agravó el impacto humanitario de un conflicto que se extendió durante casi 50 días.
En cuanto a los heridos, la Defensoría contabilizó 88 personas lesionadas. De ese total, 41 eran manifestantes, 19 integrantes de la Policía, 12 civiles que quedaron atrapados en medio de los enfrentamientos y cinco periodistas que cubrían las protestas.
Más de 500 detenidos y causas por terrorismo
El organismo también informó que hubo 573 personas arrestadas durante el conflicto. Cerca de la mitad de las detenciones se produjo durante movilizaciones, mientras que el 44% ocurrió en operativos de desbloqueo y el resto en distintos procedimientos vinculados con las protestas. Del total de arrestados, 324 recuperaron la libertad, mientras que 255 fueron imputados penalmente. Las investigaciones continúan abiertas y todavía existen numerosos expedientes en trámite dentro de la Justicia boliviana.
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Entre quienes siguen involucrados en causas judiciales, 68 personas afrontan el proceso en libertad, 130 recibieron medidas cautelares como prisión preventiva o arresto domiciliario, 42 fueron condenadas mediante procedimientos abreviados y otros 15 casos permanecen bajo verificación. Las principales acusaciones impulsadas por la Fiscalía incluyen delitos como atentado contra la seguridad, instigación pública a delinquir, uso indebido de bienes del Estado y terrorismo.
También denunciaron agresiones contra periodistas
En paralelo a todo esto, la Defensoría documentó 38 agresiones contra trabajadores de medios de comunicación durante la cobertura de los bloqueos. Las denuncias incluyen golpes, amenazas, retenciones, intimidaciones y daños a equipos periodísticos. Según explicó Guachilla, las agresiones no provinieron únicamente de los manifestantes, sino también de efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas que participaron de los operativos.
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