El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente a las máximas autoridades del Congreso de la Nación que se posponga el tratamiento de la Reforma Laboral y de la Reforma Penal impulsadas por el Gobierno nacional, con el objetivo de que ambas iniciativas sean debatidas en el marco de las sesiones ordinarias y con una participación amplia de los distintos sectores de la sociedad.
La nota fue dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel; al presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Esteban Abdala; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la vicepresidenta primera de ese cuerpo, Cecilia Moreau; y a las autoridades de la Comisión Unicameral de Trabajo y Previsión Social del Senado, Carmen Rivero y Mariano Recalde. En el escrito, Gialluca reclamó que se garantice un debate profundo y plural que incluya a gremios, sindicatos, universidades, colegios de abogados, institutos especializados, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil en su conjunto.
El funcionario provincial advirtió que proyectos de esta magnitud no pueden aprobarse “a libro cerrado”, sin instancias reales de discusión democrática, ya que ello les restaría legitimidad y abriría la puerta a múltiples presentaciones judiciales que buscarían suspender su aplicación y declarar su inconstitucionalidad. En ese sentido, subrayó que la falta de debate amplio no solo vulnera principios básicos del sistema republicano, sino que además genera un escenario de fuerte conflictividad institucional.
En relación con la reforma laboral, Gialluca sostuvo que la iniciativa promovida por el Gobierno nacional no tiene como efecto la creación de empleo, sino que, por el contrario, implica una transferencia de recursos hacia una minoría económica, debilitando la protección de los trabajadores en un contexto de profunda recesión. Bajo el argumento de la “modernización”, afirmó, se propone un "retroceso de más de un siglo en materia de derechos laborales conquistados". “Se trata de una reforma claramente regresiva, que quita derechos y perjudica a los trabajadores; esto no lo discute nadie”, expresó.
Desde la Defensoría del Pueblo remarcaron que, si bien el discurso oficial sostiene que la reforma es necesaria para promover el empleo formal y la actividad económica, esos argumentos carecen de sustento en el escenario actual. “Hoy en la Argentina no se crea empleo, se lo destruye”, afirmó Gialluca en comunicación con medios locales, al enumerar como causas principales la apertura indiscriminada de importaciones, el derrumbe del consumo, la caída de los ingresos y el creciente endeudamiento de las empresas. Según explicó, muchas firmas cierran o suspenden personal no por los costos laborales, sino porque no venden ni producen, por lo que ninguna reforma laboral puede revertir una crisis originada en la política económica vigente.
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Uno de los puntos más cuestionados por el Defensor del Pueblo es la "histórica receta de reducción de aportes patronales", que se aplica en la Argentina desde la década del noventa sin haber generado los resultados prometidos. Aquella etapa, señaló, culminó con niveles de desocupación cercanos al 20%. También citó los casos de países como Perú y Paraguay, donde los costos laborales se redujeron drásticamente, pero la informalidad continúa siendo muy elevada. “Es falso que estas medidas creen empleo, y mucho menos empleo registrado”, advirtió.
Asimismo, Gialluca remarcó que los aportes patronales no constituyen impuestos, sino que forman parte del salario diferido de los trabajadores, destinado a jubilaciones, obras sociales y coberturas de seguridad social. En esa línea, cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluido en el proyecto, que establece un aporte del 3% del salario por parte de los empleadores, compensado con una reducción equivalente en los aportes jubilatorios. “¿Quién financia entonces las indemnizaciones por despido? El Estado y, en última instancia, los propios trabajadores”, sostuvo, al advertir sobre una “transferencia impresionante de ingresos desde salarios y jubilaciones hacia las ganancias empresarias”.
Respecto de la supuesta modernización que propone la reforma, el Defensor del Pueblo afirmó que el enfoque es erróneo. Recordó que la legislación laboral que fija la jornada de ocho horas diarias o 48 semanales tiene un siglo de vigencia y que, si realmente se buscara modernizar, el debate debería orientarse a la reducción de la jornada, al derecho al descanso y al equilibrio entre la vida laboral y familiar, tal como ocurre en numerosos países. También alertó que la ampliación de la jornada laboral carece de fundamento y afecta la integridad psicofísica de los trabajadores.
Finalmente, Gialluca se refirió a la Reforma Penal, señalando que, si bien es necesaria una actualización del Código Penal argentino, esta tampoco puede resolverse sin debate ni participación social. En ese marco, reiteró el pedido para que ambas reformas sean tratadas en sesiones ordinarias del Congreso, con un proceso transparente, democrático y abierto a toda la sociedad.
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